La Universidad Nacional de Colombia presentó una investigación que alerta sobre la seguridad alimentaria de 2.500 familias campesinas que habitan en la zona rural de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño.
El documento, citado por el portal Agronegocios, determinó que el 25 % de esta población se dedica a actividades exclusivamente agrícolas en zonas donde los monocultivos impiden el poder contar con variedad de frutas y hortalizas para su consumo.
“Por estar ubicados en inmediaciones de la ciudad, la mayoría de los hombres suele desplazarse para trabajar en labores de construcción, mientras que las mujeres desempeñan tareas asociadas con el servicio doméstico”, señaló Juliana Sabogal, estudiante del Doctorado en Agroecología de la casa de estudios con sede en Palmira.
Asimismo, detalló que aunque 80 % del territorio del municipio de Pasto corresponde al área rural, alrededor del 85 % de la población se concentra en la zona urbana.
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Según lo referido por el informe, a pesar de que las políticas agrarias de 1960 a 2010 estaban encaminadas a que los pequeños agricultores aumentaran su productividad ―y Nariño fue un departamento pionero en implementarlas―, las condiciones alimentarias de la población campesina no han mejorado, y, por el contrario, parecen deteriorarse.
El mercado manda
La investigación asegura que las actividades económicas complementarias de estas comunidades campesinas no garantizan su bienestar, pues sus ingresos escasamente llegan a los 300.000 pesos mensuales (95 dólares) por familia.
Igualmente, se describe que “los campesinos que aún tienen una actividad productiva asociada con las faenas agrícolas tampoco tienen mucho poder de decisión, debido a que las políticas agrarias han incentivado que el mercado defina qué se debe producir, a qué ritmo y según qué modelo de producción”.
Por esta razón, muchos de ellos se dedican al monocultivo de papa o cebolla, o al ganado de leche en forma exclusiva, lo que compromete la cantidad y diversidad de alimentos que se producen, y, por ende, su seguridad y soberanía alimentaria.
Programa altenativo FAO
Al menos 685 familias de los municipios de Leiva, Policarpa y Cumbitara participan de un convenio, en el que suman esfuerzos la Gobernación de Nariño, la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En este proyecto, que data de 2017, trabajan las organizaciones e instituciones en conjunto para estimular los sistemas de abastecimiento territorial en Nariño y Putumayo e iniciar una transformación productiva y estable en los territorios afectados por cultivos ilícitos.
El objetivo es la identificación de oportunidades de comercialización para la agricultura familiar y diversas estrategias para reducir vulnerabilidades e incrementar la seguridad alimentaria y nutricional en mujeres, adolescentes, jóvenes de esta parte del país, pertenecientes a familias ubicadas en zonas rurales dispersas y sin atención previa en temas de producción agropecuaria.
Según la FAO «el reto es que al final del convenio las instituciones y las comunidades de 13 municipios de Putumayo y cinco de Nariño cuenten con una herramienta idónea que facilite la inclusión de los pobladores rurales, la planificación de políticas públicas a partir de la demanda local de alimentos y la articulación con los diferentes actores del territorio».
El convenio evalúa la forma en la que funcionan los sistemas de abastecimiento local, la variedad y diversidad de relacionamiento entre los diferentes actores del territorio, la participación de la agricultura familiar en ese proceso, las dificultades que se presentan en toda la cadena y las oportunidades de mercado privado y de compras públicas.
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