El pacto para suicidarse de tres niñas indígenas canadienses en una remota comunidad del norte del país pone de manifiesto los graves problemas a los que se enfrentan los jóvenes aborígenes de Canadá, cuyas muertes por suicidio han aumentado de manera preocupante en los últimos años. El pasado 13 de junio, Jenera Roundsky, de 12 años de edad, apareció muerta en la pista de hielo de la tribu de Wapekeka, una remota nación indígena compuesta por dos asentamientos de unas 400 personas y situada a 1.330 kilómetros al noroeste de Toronto.
Ese mismo día, el jefe de la nación indígena, como se denominan en Canadá a las tribus aborígenes, de Wapekeka, Brennan Sainnawap, declaró el estado de emergencia en la comunidad para poder acceder a servicios de urgencia proporcionados por las autoridades de Canadá. Roundsky es la tercera niña que muere en Wapekeka desde enero, cuando dos amigas de la fallecida, Jolynn Winter y Chantel Fox, también de 12 años de edad, se suicidaron.
Las tres habían pactado su suicidio el pasado verano, algo que la comunidad sabía desde hacía meses. Y aunque los líderes de Wapekeka solicitaron ayuda a las autoridades provinciales y federales de Canadá, ésta nunca llegó.
Tras conocer el pacto suicida de las tres niñas, Wapekeka pidió a las autoridades sanitarias unos 375.000 dólares canadienses, algo más de 253.000 euros, para la contratación de cuatro expertos en salud mental que ofrecerían terapia a los jóvenes de la tribu. Porque además de Roundsky, Winter y Fox, la tribu de Wapekeka ha determinado que otros 40 jóvenes, un 10 % de su población total, están en peligro de cometer suicidio.
Según el Ministerio de Salud de Canadá, los jóvenes indígenas tienen entre cinco y seis veces más posibilidades de cometer suicidio que el resto de adolescentes del país, un dato «alarmante» que atribuye a la pobreza que azota a estas comunidades, así como a la falta de servicios básicos y, especialmente, al aislamiento que hace que se sientan al margen del resto de la sociedad canadiense.
Ottawa justificó su decisión de ignorar la petición de Wapekeka porque la solicitud llegó en un momento en el que el Ministerio de Sanidad acababa de cerrar el ciclo de financiación de proyectos y no quedaba dinero para la comunidad indígena. El caso es que Wapekeka, una tribu a la que solo se puede acceder por aire en la primavera y el verano, nunca pudo contratar expertos en salud mental antes de la muerte de Winter y Fox.
Tras la muerte de las dos niñas en enero, el Ministerio de Sanidad se comprometió a dar a la tribu de Wapekeka el dinero necesario para establecer un programa de prevención de suicidios en la comunidad. Como resultado, cuatro niñas, incluidas Roundsky, fueron evacuadas de la comunidad para recibir tratamiento. Pero otros 26 jóvenes que fueron catalogados como en elevado riesgo de suicidio, se tuvieron que quedar en Wapekeka.
Ottawa solo envió una tercera parte del dinero necesario para mantener el programa y hace varias semanas, contra la opinión de los líderes de Wapekeka, Roundsky fue dada de alta y volvió a la remota comunidad canadiense. Pocas semanas después, se suicidó.
El caso de Wapekeka no es nuevo ni inusual.
Entre 1986 y 2016, más de 500 indígenas se han suicidado en las 49 tribus que componen la nación Nishnawbe Aski, de la que forma parte Wapekeka. A principios del año pasado, otra comunidad en la misma región del norte de la provincia de Ontario donde se encuentra Wapekeka, sufrió una crisis de suicidios infantiles y juveniles.
En abril de 2016, la tribu de Attawapiskat también declaró el estado de emergencia cuando 11 jóvenes intentaron suicidarse en el mismo día, una situación extrema incluso para una comunidad en la que, en los seis meses anteriores, había registrado un centenar de intentos de suicidio entre personas de 11 a 71 años de edad.
La crisis de Attawapiskat provocó que el Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se comprometiese a aumentar la financiación de los programas de salud mental para las comunidades aborígenes del país. Pero para muchos, el suicidio de las tres niñas de Wapekeka y la incapacidad de las autoridades médicas de proporcionar la financiación necesaria para sostener programas de salud mental a largo plazo en las comunidades indígenas demuestran que las acciones de Ottawa son insuficientes.
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