Chile está entre los tres países latinoamericanos que menos tierras reconoce a los pueblos originarios

El informe «¿Quién ejerce el control sobre la tierra en Latinoamérica?, situación de los derechos indígenas y comunitarios sobre la tierra latinoamericana», presentado este martes en Bogotá por las ONG The Rights and Resources Initiative (RRI) y la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, deja en un pésimo lugar en nuestro país en lo que a reconocimiento de los derechos y territorio perteneciente a nuestros pueblos originarios respecta.

Solo un 3 por ciento del terreno chileno está bajo posesión de comunidades indígenas o locales, realidad muy lejana a la de México, donde el 52 por ciento está en manos de poblaciones originarias o la de Bolivia (36 %).

De los 13 países analizados en Latinoamérica, solo Venezuela (3 %)  Argentina (2 %) y Surinam (0 %) se encuentran por debajo o al nivel de nuestro país, que es superado por los arriba mencionados y por los 7 restantes; Perú (34%), Colombia (33%) ,Brasil (22%),  Guyana (19%), Guatemala (16%), Honduras (13%) y Costa Rica (6%).

En conjunto, el estudio destaca que las comunidades controlan o poseen el 23 % de la tierra en trece países de Latinoamérica, lo que supera la tendencia mundial, que se ubica en un 18 %.

«En el trabajo a nivel mundial Latinoamérica es el líder. Nosotros analizamos 64 países y Latinoamérica, tan solo con 13, tiene un muy buen resultado. El 23% de los terrenos son controlados o tiene como dueño a estas comunidades», señaló a Efe Ilona Coyle, analista del Programa Global de la RRI.

«Tres de los 13 (Colombia, Costa Rica y México) solo reconocen la propiedad comunitaria, dos (Guyana y Venezuela) designan tierras para los pueblos indígenas y las comunidades locales y siete tienen regímenes de tenencia que reconocen tanto la propiedad comunitaria como el control», agregó el estudio.

Pese a los buenos resultados generales, el informe se refiere a las enormes concesiones comerciales en terrenos habitados por comunidades entregadas por los respectivos gobiernos para su explotación;  «En Argentina hay casi seis millones de hectáreas en concesiones de soja y en Perú más de 900.000 hectáreas de concesiones de forestales (…). Asimismo, en Colombia hay más de 800.000 hectáreas de concesiones destinadas a la minería o explotación o producción de petróleo», puntualiza el documento.

Coyle destacó que el reconocimiento de posesión de las tierras es solo un «primer paso» hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y que es necesario que estos se materialicen en la práctica, ya que muchos pueblos solo poseen el control sobre el terreno y son vulnerables ante las inversiones comerciales.

«Los gobiernos necesitan reducir la brecha de desigualdad, aún cuando están otorgando derechos no están dando lo suficiente porque existen algunas comunidades que no tienen acceso a estos», sentenció.