una simple campaña de desprestigio, como etiquetar a un activista social como terrorista, puede terminar con alguien desacreditado, en prisión o hasta muerto
En 2018, Global Witness documentó 164 asesinatos de personas que luchan para proteger sus tierras y ecosistemas de las industrias destructivas. De ellos, casi el 25 % de los asesinados resultaron ser indígenas, mientras más de una cuarta parte se asociaron con la oposición a las industrias mineras y extractivas.
En un reportaje, The Intercept reseñó el nuevo informe publicado por Global Witness, una organización sin fines de lucro que lucha contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos asociados a estos.
El documento reveló que al menos 30 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en Filipinas el año pasado, más que en cualquier otro país. En tanto, Colombia, India y Brasil también estuvieron entre los lugares más mortales para los activistas ambientales.
Por otro lado, Guatemala, el país de origen de una cuarta parte de los migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México en 2018, tuvo la tasa más alta per cápita de defensores de la tierra asesinados, pues el número aumentó de tres en 2017 a 16 en 2018, reseñó The Intercept.
En el caso del país centroamericano, Global Witness destaca que las víctimas estaban luchando para proteger sus territorios de una variedad de industrias, desde agronegocios hasta energía hidroeléctrica y minería.
Sin embargo, la organización añade que el aumento de la violencia se ha relacionado con un fuerte alejamiento de la democracia en el país y el abandono del presidente Jimmy Morales a los esfuerzos internacionales para combatir la impunidad y la corrupción.
Una cifra incompleta
En su informe, Global Witness deja claro que su recuento de defensores de la tierra asesinados es incompleto, pues los investigadores dependen en gran medida de las organizaciones de derechos humanos y periodistas del país para registrar los ataques.
En ese sentido, agregan que en países donde la libertad de prensa se ve obstaculizada u otros conflictos complican la capacidad de estos grupos para rastrear incidentes violentos, las muertes de defensores de la tierra y el medio ambiente no se registran.
No son solo asesinatos
De acuedo con The Intercept, el asesinato solo representa el extremo del espectro de abusos que enfrentan aquellos que luchan para proteger sus hogares, bosques y ríos contra la invasión de industrias destructivas.
Para los defensores de la tierra, una simple campaña de desprestigio, como etiquetar a un defensor como terrorista, puede terminar con alguien desacreditado, en prisión o muerto. Cualquiera de los tres resultados tiene el mismo efecto: eliminar una barrera para los agronegocios, proyectos de represas o industrias extractivas.
Es así como, por primera vez desde que Global Witness comenzó a publicar sus informes anuales en 2012, la organización ha incluido una sección sobre criminalización, en la cual denuncian cómo los gobiernos y los intereses privados crean, cambian o reinterpretan leyes para transformar actividades que alguna vez fueron legales en actos criminales.
“La criminalización se hace para poner miedo en los corazones de las personas y que así dejen de protestar. Para los pueblos indígenas, esta es una acción muy seria porque cuando criminalizan a un líder, toda la comunidad u organización se paraliza ”, expresó la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, a The Intercept.
En otras palabras, prosigue Tauli-Corpuz, “se pretende reprimir la libertad de asociación y la libertad de las personas para expresar sus propios puntos de vista».
Asimismo, la Relatora de la ONU expone que, por ejemplo, en Guatemala los líderes de la Unidad sin fines de lucro para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, quienes realizan un seguimiento minucioso de los asesinatos, arrestos y campañas de difamación contra personas que luchan contra las industrias destructivas, se han tenido que enfrentar a las mismas amenazas que aquellos por quienes abogan.
Represión de la disidencia
Por su parte, Alice Harrison, portavoz de Global Witness, explicó al medio británico que centrarse estrictamente en los asesinatos oscurece la gama más amplia de violencia y persecución que enfrentan los defensores de la tierra.
Citó como ejemplo que, el año pasado fue el primero desde 2012 en que Brasil no tuvo el mayor número de muertes en el recuento de la organización. No obstante, resaltó que en ese país los defensores de la tierra «han visto un repunte en los ataques físicos realmente violentos, muchos de ellos a punto de ser asesinados (…) y se espera que empeore”.
Recordó que el presidente Jair Bolsonaro se ha comprometido a abrir los territorios amazónicos e indígenas a la industria. “El presupuesto y la dotación de personal se han reducido en la agencia de monitoreo ambiental, así como en la agencia responsable de monitorear los derechos de los pueblos indígenas en áreas con conflictos violentos por la tierra”, apunta The Intercept.
En el caso de América Latina, Global Witness subraya que los asesinatos a menudo ocurren solo después de que los individuos han sido enmarcados como delincuentes a través del sistema legal.
Como ejemplo mencionan a la activista ambiental hondureña Berta Cáceres, quien enfrentó años de presión legal antes de ser asesinada por sicarios contratados por la represa a la que se oponía.
Por otro lado, en países como Estados Unidos y Reino Unido los asesinatos de defensores de la tierra son raros, pero son comunes los arrestos, demandas y penas desproporcionadas por delitos menores. Asimismo, se aprueban leyes que criminalizan la disidencia bajo el pretexto de “seguridad nacional”.
En EE. UU. existen varias leyes contra la protesta desde que Donald Trump es presidente. Al menos 17 estados han presentado proyectos de ley que aumentan las sanciones para cualquier persona que interfiera con la «infraestructura crítica», incluidos los controvertidos oleoductos y gasoductos. Al final, las leyes se han aprobado en ocho estados.
Incluso, en junio pasado, la administración Trump propuso una legislación federal que prescribiría hasta 20 años de prisión por interrumpir o conspirar para interrumpir un oleoducto o gasoducto.
Entonces, con partidarios del desarrollo sin restricciones como Trump, Bolsonaro y el presidente filipino, Rodrigo Duterte, en posiciones de poder, solo se espera que los riesgos para los defensores del medio ambiente aumenten, incluso cuando las aceleradas crisis climáticas y de biodiversidad aumentan la urgencia de su trabajo.
¿Por qué Duterte?
El Presidente filipino impuso una ley marcial en la isla de Mindanao en mayo de 2017, cuando simpatizantes del ISIS atacaron la ciudad predominantemente musulmana de Marawi.
Para octubre, el ISIS había sido expulsado, pero la ley marcial seguía vigente. Tauli-Corpuz, quien es filipina, del pueblo indígena Kankanaey Igorot, vio la suspensión de emergencia de los derechos transformarse en una herramienta para perseguir al pueblo indígena Lumad, que se ha interpuesto en el camino de las prioridades industriales de Duterte en la región, incluyendo agronegocios, extracción de carbón y de oro.
En los dos meses posteriores al final del conflicto con ISIS, el hostigamiento y la violencia de los militares supuestamente desplazaron a 2.500 lumad.
En diciembre, Tauli-Corpuz y Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, emitieron una declaración exigiendo a Duterte detener los abusos contra los derechos humanos de los lumad, incluidos asesinatos y ataques violentos perpetrados por miembros.de las fuerzas armadas, así como llevar ante la justicia a los responsables.
En vista de su crítica, Tauli-Corpuz fue incluida en una lista de «terroristas» presuntamente afiliados al Partido Comunista de Filipinas y su ala armada, la Nueva Ejército Popular (NPA).
En vista de ello, la ONG Human Rights Watch condenó ese listado y recordó la «larga historia en Filipinas de las fuerzas de seguridad estatales y milicias progubernamentales que asesinan a personas etiquetadas como miembros o simpatizantes del NPA».
Temiendo por su seguridad, Tauli-Corpuz dejó el país, mientras Duterte utilizaba una vez más la retórica antiterrorista para atacar al pueblo lumad y obtener acceso a su territorio, esta vez socavando a un protector internacional clave.
Meses después, un tribunal ordenó que su nombre fuera eliminado de la lista, debido a la presión sostenida de organizaciones locales e internacionales. Finalmente, la lista fue descartada por completo.
Ante toda esa trágica realidad para los defensores del medio ambiente, Tauli-Corpuz considera que organizarse contra las leyes que criminalizan la protesta es esencial.
“No podemos simplemente tomar este tipo de acciones en silencio. Tenemos que protestar y obtener el apoyo de la comunidad internacional y otras personas que están preocupadas por este tipo de fascismo (…) Es realmente importante realizar una campaña cada vez que se criminaliza, esa es una forma de proteger a las personas», concluyó.
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