Luego de 10 años de retraso en rendir su informe ante el Comité de Discriminación racial, los días 3 y 4 de agosto del 2009 el Estado peruano fue sometido a un riguroso examen para verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas al firmar el Convenio Internacional contra la Discriminación Racial CERD.
El Estado peruano mediante su ministro de Justicia Aurelio Pastor acompañado de su equipo de alto nivel se presento con un retraso de 4 periodos. Para eludir su responsabilidad, demostró falta de capacidad para responder al examen, recurrió a denigrar a los pueblos indígenas en un discurso falto de técnica y de veracidad, pues se arrinconó en el caso de Bagua y sin desparpajo alguno culpo a los indígenas de la Amazonia que antes de la matanza ocurrida el 5 de junio, habrían atacado un puesto de policía para asesinar con armas de fuego.
Esta versión antojadiza causo estupor en la sala de sesiones del Comité Contra la Discriminación Racial CERD, cuyos miembros no se explican dicha versión por ser incoherente; lo dijo por salir del paso, puesto que viniendo de un Señor Ministro de Justicia esta versión irrita e irresponsable es todas luces, falsa.
Esto generó que el informe oficial del Estado peruano fue desaprobado en el texto de conclusiones preliminares de esta audiencia internacional.
Organizaciones indígenas acusan que ante los ojos del mundo el Perú ha quedado en ridículo por la actitud del gobierno peruano de no respetar las decisiones de Naciones Unidas, la sociedad civil y los pueblos indígenas. También sostienen que en su país el Estado es el principal autor de Discriminación Racial y de violaciones a los Derechos Humanos.
A lo largo de los dos días de examinación la delegación encabezado por el Aprista Aurelio Pastor, éste no respondió ninguna de las 100 preguntas que le cuestionaron los miembros del Comité de Discriminación Racial ni las preguntas que formularon los Pueblos Indígenas en sus respectivos informes paralelos.
La sesión del Comité de Discriminación Racial CERD, iniciada el 3 de agosto, concluirá el 28 de este mismo mes, y en caso que Perú el Estado Peruano no cumpla con responder las 100 preguntas hasta dicho plazo, se le requerirá un informe complementario después del cual será sancionado previo informe a la Asamblea General de Naciones Unidas.
El Ciudadano
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