El 19 de abril los pueblos originarios de Argentina deberían haber celebrado su día patrio. En esa fecha, el país sudamericano festeja la reivindicación cultural, el reconocimiento de derechos y la identidad de las comunidades indígenas en todo su territorio, estimada en casi un millón de personas. Sin embargo, la propagación del covid-19 ha cambiado los planes para uno de los sectores más vulnerables y postergados por el Estado.
Desde que se inició el año, antes del estallido de la pandemia, los pueblos originarios habían captado la atención de los medios: siete niños de la comunidad aborigen wichí, en el norte del país, murieron por desnutrición en tan solo unos pocos meses. La noticia había visibilizado, una vez más, las precarias condiciones en que viven algunas aldeas indígenas, así como también la falta de derechos básicos de sus habitantes.
La escasez de agua potable y cloacas; la imposibilidad de acceder a hospitales y a una educación inicial; los trabajos informales de sus integrantes, sumado al desfinanciamiento por parte del Gobierno de Mauricio Macri al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ─ente encargado de velar por los derechos aborígenes─, dieron como resultado un escenario desolador en numerosos establecimientos.
El presidente, Alberto Fernández, había expresado su preocupación respecto a la mortalidad infantil en aquellas poblaciones y calificó al hecho como «vergonzoso». «¿Cómo se puede estar en paz si estás comiendo diariamente y hay 16 millones que comen a duras penas?«, había expresado el mandatario en declaraciones con Radio Rivadavia, a principios de este año. Aunque el Gobierno se comprometió a revertir la alarmante situación, la aparición del coronavirus en el país a mediados de marzo pospuso toda intervención directa, agudizando aún más la problemática. Actualmente, las diferentes organizaciones y referentes indígenas reclaman una mayor presencia del Estado, en medio de la peor crisis sanitaria de la historia moderna.
«Ahora muchos quieren refugiarse en las comunidades por temor al virus»
Aunque por el momento no se ha reportado ningún caso de contagio por coronavirus en las poblaciones indígenas, las medidas de confinamiento obligatorio y el cese de las principales actividades económicas han profundizado su crisis social.
Relmu Ñamku es secretaria general del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas (CCPPI), una organización autónoma integrada por representantes de diferentes pueblos originarios y dedicada a atender los conflictos territoriales a lo largo del país. La dirigente, que pertenece a la comunidad mapuche de Neuquén ─provincia patagónica que reportó 102 contagios y tres muertes por coronavirus─, asegura que el desabastecimiento de insumos provocado por la pandemia, junto a la prohibición de circular en las calles, han afectado la actividad cotidiana de las comunidades.
«Hay hermanos que están asentados a kilómetros de las grandes ciudades y hoy tienen que movilizase hasta allí para comprar provisiones básicas o abastecerse de agua potable en otras zonas», detalla Ñamku en diálogo con RT. Al recorrer distancias más largas, explica la representante mapuche, es cuando «suelden ser detenidos por la Policía».
La secretaria general del CCPPI denuncia que, en algunas provincias del Norte, como Chaco o Formosa, se ha llevado adelante un ensañamiento policial contra las personas aborígenes. «Cuando empezó el aislamiento, las fuerzas de seguridad se empoderaron. Desde entonces, hemos recibido muchas denuncias por abuso de los efectivos», explica. Y agrega: «Existe un racismo contra los pueblos originarios por parte de algunos gobiernos provinciales».
Otro asunto que preocupa a la organización es cómo algunas personas han señalado a sus territorios como un lugar de refugio para escapar de la pandemia. «Gente con dinero que busca un lugar tranquilo para pasar su cuarentena», resume la referente indígena. La escena que describe sucedió en Tafí del Valle, uno de los principales distritos turísticos del país, ubicado en la provincia norteña de Tucumán, donde se reportaron 31 casos positivos de coronavirus y un muerto. Allí, las comunidades aborígenes cortaron las calles y se vieron obligadas a montar guardias voluntarias en la zona para evitar el acceso de personas externas. «Es una práctica común estos días», retoma Ñamku. «Los propios integrantes vigilan su territorio para evitar la propagación del virus».
La asistencia del Gobierno
Tras el enfriamiento de la economía nacional a causa de la pandemia, la gestión de Alberto Fernández no dudo en otorgar bonos de dinero a los sectores más vulnerables del país. Para evitar la concentración de personas, el Gobierno dictaminó que los beneficiarios podrían cargar sus datos en las páginas gubernamentales y, de esta manera, cobrar el dinero en sus cuentas bancarias sin salir de sus hogares. Sin embargo, la medida no estaba destinada para las poblaciones rurales, donde el acceso a la tecnología y su manejo es algo todavía lejano.
Desde el CCPPI se ha llevado adelante una campaña para colaborar con la carga de datos de las familias indígenas, llegando a tramitar ellos mismos hasta 5.000 bonos. A pesar de ello, muchos han quedado afuera del beneficio ante el difícil acceso a una computadora o por falta de cédulas de identidad, situación que llevó a documentar de manera rápida a 1.500 personas con la ayuda del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Las actuales medidas de emergencia, resume Ñamku, «están pensadas solo para habitantes de grandes ciudades con recursos promedios».
«Hay un vacío total en el marco de la información que tiene que ser accesible para las poblaciones. Debería haberse llevado adelante una campaña en nuestros propios idiomas para poder explicar qué es lo que está ocurriendo», completa la representante mapuche.
En la misma línea, Sonia Ivanoff, abogada especialista en derecho indígena, asegura que, con este panorama, existe una «vulneración en el derecho lingüístico» previsto en la Constitución Nacional. «Los medios de comunicación invisibilizan el bilingüismo y el uso de las lenguas originarias. A la hora de tomar las decisiones, el Estado hace lo mismo y comunica todo de manera monolingüe», sostiene Ivanoff.
La especialista, además, puntualiza que esta situación lleva a que los miembros de la comunidad sean los propios encargados de generar la prensa y difusión de la pandemia. «La desfinanciación del INAI hace que las estrategias de participación indígena en la sociedad sean prácticamente nulas», asegura la abogada.
Modesto Rojas, cacique y coordinador zonal de la comunidad wichí en Salta ─distrito donde sólo se han confirmado tres contagios─, explica que el contexto actual en su territorio es de «crisis permanente».La mayoría de las familias que viven allí se dedican a trabajos rurales pocos remunerados y el confinamiento obligatorio ha terminado con el único ingreso que tenían. El antecedente tras la muerte de los siete niños por desnutrición a principios de año, admite Rojas, «les preocupa demasiado».
«Pensamos mucho en el alimento. Muchas personas no tienen documento por lo que no pueden cobrar los planes sociales del Gobierno y tampoco pueden trabajar. Además, hay compañeros que no tienen agua y deben movilizarse hacia otras zonas para llegar a un pozo, pero la Policía no se lo permite. Por eso necesitamos que nos hagan llegar bolsones de comida a través de la municipalidad», cuenta el coordinador indígena.
El cacique exige, además, que el Gobierno actúe a través de la creación de proyectos productivos para que los integrantes de las comunidades puedan generar un ingreso durante el aislamiento. «Podemos fabricar elementos para los médicos si nos dan a las herramientas o crear huertas orgánicas para cosechar nuestra comida. Necesitamos una respuesta urgente. Nos sentimos abandonados», confiesa el representante wichí.
La Argentina y su lucha contra la pandemia
El Ministerio de Salud de Argentina reportó el lunes seis nuevas muertes por coronavirus, por lo que el total de fallecidos asciende a 142. Además, se han registrado 90 casos positivos en relación con el parte del domingo, y ya suman 3.031 los infectados desde que se inició la pandemia en el país suramericano.
El 26 de abril finalizarán las medidas de aislamiento obligatorio impulsadas por el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, el presidente especula extender nuevamente el confinamiento hacia mediados de mayo, a fin de prevenir la cadena de contagios. Por otro lado, la administración del líder peronista anunció el lunes una serie de medidas para contener la crisis económica que golpea a empresas y trabajadores, ante la suspensión de todas las actividades no esenciales.
Cortesía de Facundo Lo Duca RT
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