Marcela Andrea Lincoviz, presidenta de la Asociación Indígena Kalfulikan, José del Tránsito Hueche Carcamán, presidente de la Asociación Indígena Llug-Kym Hue-Harria y Juana Cheuquepán Colipe, Presidenta de la Asociación Mapuche Kiñe Pu Liwen, interpusieron en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo contra la actual Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas por las irregularidades acometidas en el marco del proceso de consulta indígena realizado en la Región Metropolitana, cuyo inminente término, supuestamente estipulado para el pasado 24 de enero, fue establecido según lo denunciado de forma arbitraria y unilateral.
Los recurrentes denuncian el incumplimiento de lo convenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en tanto que consideran que los procedimientos seguidos no han sido los adecuados y que no ha sido realizado de «buena fe» dada la nula intención de llegar a un acuerdo por parte del gobierno.
Esto basándose entre otros en la no asignación de recursos para la contratación de asesoría independiente y el no acuerdo con los pueblos en la metodología del proceso; «¿Cómo es posible sostener que en el presente proceso de consulta se cumple con la libre determinación de los pueblos indígenas si no se nos permite siquiera presentar una contrapropuesta terminada y discutirla en la correspondiente etapa de diálogo?», denuncia el recurso presentado.
En concreto, la acción legal impugna «la decisión de la ministra de desarrollo de dar por finalizada la consulta indígena en la Región Metropolitana adoptada de forma unilateral» y recurre la no respuesta a la solicitud de las organizaciones indígenas de la comuna de La Florida, que pidió una extensión del plazo de deliberación interna y el apoyo de una asesoría independiente «en atención a la complejidad de las medidas legislativas consultadas».
«Tanto el acto con la omisión son arbitrarios e ilegales, vulnerando nuestra garantía constitucional de igualdad ante la ley», por lo que se solicita por un lado la suspensión provisional del proceso de consulta a nivel nacional y por otro ordenar al Ministerio de Desarrollo Social la disposición de recursos para la asesoría independiente a las comunidades, en tanto que se requiere que hasta que se resuelva el proceso, el Gobierno se abstenga de ingresar los proyectos de ley a tramitación legislativa.
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