El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, representado por su co-director, José Aylwin, y el alcalde de Tirúa (VIII Región), Adolfo Millabur, presentaron una denuncia contra Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington (EE.UU.). La acusación fue motivada por lo que calificaron “hostigamiento a los defensores de los derechos de pueblos indígenas” y por la “política sistemática destinada a ejercer una violencia brutal y desproporcionada en contra de miembros de comunidades indígenas”.
Durante el 131º Período de Sesiones de la CIDH -principal instancia de la OEA- el lunes 11 de marzo, Aylwin relató una serie de hechos que dieron cuenta de los obstáculos que deben enfrentar los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Existe una pujante “proliferación de acciones judiciales en contra de dirigentes indígenas que reclaman sus derechos”, denunció el hijo del ex presidente de Chile. Además agregó que el Observatorio reporta más de “20 casos de violencia policial en la Araucanía” durante el año pasado.
Este brutal maltrato por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros; donde destacan las muertes de Daniel Menco y Alex Lemún, el 19 de mayo de 1999 y el 7 de noviembre del 2002, respectivamente, del lonko de 71 años, Juan Domingo Collihuín el 28 de agosto de 2006 y de Matías Catrileo el 3 de enero de este año; condujo a Aylwin y Millabur ante la CIDH, ya que los activistas se cansaron de no ser escuchados por el gobierno respecto de las persecuciones y el extremo uso de la fuerza pública contra dirigentes del pueblo mapuche.
«Esas prácticas resultan violatorias de los derechos humanos y generan una espiral de violencia que atenta contra una convivencia interétnica», dijo José Aylwin ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aylwin y Millabur denunciaron una situación de “impunidad preocupante” frente a esos casos. Millabur precisó que el carabinero responsable de la muerte de Matías Catrileo sigue en servicio activo. También denunció la aplicación de tribunales penales militares para la mayoría de los casos de violencia policial y afirmó “no conocer ni un caso que haya ganado una comunidad”.
La aplicación de la Ley Antiterrorista, “creada para perseguir a los opositores de la dictadura militar”, como lo explicó Millabur, ocupó gran parte de la audiencia, en donde criticaron al representante del Estado chileno sobre este asunto.
Aylwin denunció que esa ley del tiempo de la dictadura “se ha utilizado de manera habitual para perseguir a los defensores del pueblo mapuche” a partir del año 2000. Añadió, además, que fue aplicada para el encarcelamiento de “una decena de dirigentes indígenas por más de 10 años”.
Esta ley permite la reclusión en lugares especiales, la restricción del sistema de visitas carcelarias y la protección de la identidad de los testigos, lo que dio lugar, según Aylwin, “a la práctica de los testigos secretos”.
Por otra parte, Adolfo Millabur subrayó el rol del modelo económico chileno en los conflictos que sufren los mapuche con el Estado y subrayó que se trataba de un problema de “respeto a la comunidades”.
Complementó que las firmas forestales son las que generan los principales conflictos, y que todos los gobiernos sucesivos a la dictadura han avalado este sistema de “invasión”, y que la instalación de centrales hidroeléctricas “atentan a sus derechos de propiedad”.
Luego Millabur, invitó a los miembros de la CIDH a visitar Chile de manera urgente, para constatar en terreno los hechos denunciados.
La delegación representante de Gobierno, encabezada por el director de Derechos Humanos del Ministerio del Relaciones Exteriores, Juan Aníbal Barría, reconoció que Chile es un país que “está avanzando en materia de los derechos humanos”, pero que hay aspectos que reforzar.
Sin embargo, rechazó de forma tajante toda acusación de “política sistemática discriminatoria” en contra de comunidades indígenas y la existencia de presos políticos en Chile.
Barría destacó los esfuerzos legislativos para el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero que “no ha sido posible el reconocimiento constitucional”, lo que implica un “déficit”.
No obstante, saludó la aprobación por el Senado del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los pueblos indígenas y explicó que hubo falta de difusión en cuanto a su ratificación, “no porque el gobierno no lo quiera”, sino por “una correlación de fuerzas, un atraso”.
En cuanto a los tribunales militares penales, aseguró que se aplica “sin consideración étnica ninguna”, aunque reconoció que tienen una competencia excesiva.
El Relator Especial de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, consideró incompatible con los estándares internacionales que estos tribunales militares puedan estudiar casos donde se afectan los derechos humanos. Luego, manifestó la voluntad de tener más precisiones sobre la muerte de Matías Catrileo, en particular sobre las responsabilidades que se habían impuesto.
La audiencia está disponible en video en:
http://www.cidh.org/audiencias/131/ListEsp.aspx
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