Sumándose a la acción legal llevada a cabo por en Instituto Nacional de Derechos Humanos, que presentó un recurso de amparo contra carabineros por la violencia ejercida en el marco del desalojo que tuvo lugar el pasado 9 de enero en el fundo Marriao Collihuinca en Lumaco Bajo, Río Bueno, producto del cual resultaron lesionados dos comuneros que participaban en el Trawun que tuvo lugar en la comunidad, la Defensoría Regional de Los Ríos interpuso hoy un nuevo recurso por uso desproporcionado de la fuerza de los uniformados.
Entre los heridos permanece hospitalizado Miguel Ángel Antiqueo Painen quien, producto del impacto de un balín, arriesga a perder la visión de un de sus ojos.
Según lo señalado por el defensor público Cristian Otárola, la acción presentada en la Corte de Apelaciones de Valdivia se sustenta en “una utilización desproporcionada de los medios con que Carabineros cuenta para disuadir el delito de usurpación que se sindica y creemos que aquí claramente hubo un procedimiento que no se ajustó a los estándares del respeto de derechos de las personas”.
Otárola precisó que la acción busca que «la Corte adopte medidas en orden a que carabineros respete los protocolos en sus procedimientos y haga uso racional de los medios que emplea. Y, sin perjuicio de lo anterior, que el Ministerio Público pueda investigar estos hechos, que eventualmente podrían ser constitutivos de delito”.
Cabe señalar que el referido desalojo resultaron 11 comuneros detenidos, entre ellos Jaime Uribe, quien permanece imputado por homicidio frustrado a carabineros por presuntamente haber disparado contra uno de los efectivos, quien sin embargo no revistió daños de ninguna gravedad gracias al chaleco antibalas, según lo señalado por la institución.
Teoría que ha sido no obstante rechazada por las comunidades mapuche williche de la zona, quienes aseguraron que se trata de un nuevo montaje policial para acallar la defensa del Pilmaikén, donde se proyecta la Hidroeléctrica Osorno, que inundaría es espacio sagrado Ngen Kintuante, vulnerando flagrantemente los derechos del pueblo mapuche y transgrediendo lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile en 2009.
Las comunidades señalaron que “nunca hubo un arma de fuego presente, y creemos firmemente que se está gestando un montaje más, a los cuales Carabineros y Fiscalía ya está acostumbrados y que su único objetivo es mantener secuestrado en las cárceles a nuestros hermanos, criminalizando la lucha por la recuperación histórica y defensa de territorios ancestrales”.
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