Una reunión para denunciar la violencia ejecutada por Carabineros la semana pasada en Tranguil, sostuvo hoy jueves, Rubén Collío, werken del territorio, con Patricia Morano, Gobernadora Provincial de Valdivia. En la cita, se le entregó una carta dando cuenta de lo acaecido el jueves 13. Estuvieron presentes, además, dirigentes de la comunidad Quillempan y del Parlamento Koz Koz, de Panguipulli.
El pasado jueves, un grueso contingente de Fuerzas Especiales, a la par de vehículos blindados, llegó hasta el predio donde reside Collío y sus 4 hijos, para proteger la instalación del cableado de alta tensión por parte de personal de las empresas SAESA y CAM. Esto permitiría la conexión de la hidroeléctrica en construcción en el río Tranguil con el Sistema Interconectado Central (SIC). El werken Collío, junto a la comunidad Quillempan se han opuesto, desde meses atrás, al emplazamiento de dicha central, propiedad de la empresa austríaca RP Global.
En la acción policial del pasado jueves, Collío resultó contuso en una rodilla por parte de carabineros, al intentar detener la puesta del cableado.
El actuar de Carabineros genera varias interrogantes pues aún se ignora quién dio la orden para dicho despliegue. Desde la Gobernación Provincial han señalado que ellos no fueron. Por otro lado, existía una medida cautelar, otorgada por la fiscalía de Panguipulli, que tenía una vigencia de 60 días hábiles para proteger justamente a Collío y sus hijos.
El 22 de agosto pasado, Macarena Valdés, pareja de Rubén Collío, apareció muerta en su casa. El werken ha señalado que su mujer fue asesinada por su oposición al emprendimiento energético. Ambos habían sido amenazados, de manera directa y por teléfono, en las semanas previas.
La construcción de la minicentral ha generado no sólo vulneraciones graves a los derechos humanos de Collío, su familia y otros comuneros, sino a lo expuesto en el convenio 169 de la OIT, sobre consulta a los pueblos originarios sobre cualquier proyecto productivo que se emplace en su territorio.
Felipe Montalva