Destrucción del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama llega a la ONU

Hasta la ONU ha llegado el reclamo por la incomprensible destrucción del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama. Tal como informara El Ciudadano, Ulises Cárdenas Hidalgo, director del Colegio de Arqueólogos de Chile, ha venido denunciando hace más de dos años el arqueocidio que se está produciendo en esta localidad, donde fue demolido el único museo arqueológico de la localidad, -el Gustavo Le Paige-, el cual contenía más de 400.000 piezas y artefactos arqueológicos, y más de 5.000 cráneos humanos y cuerpos momificados, los cuales yacen depositados en containers expuestos a graves daños a causa del clima extremo del desierto.

Ahora, la situación fue dada a conocer, a través de una carta, a Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y a Mariam Wallet, presidenta del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de la ONU. En la misiva, Cárdenas reitera sus denuncias, apuntando a la responsabilidad de las autoridades de la Universidad Católica del Norte, dueña del museo: «Ademas del daño material realizado a la obra de Le Paige, el daño inmaterial y moral al que fueron expuestos los ex-funcionarios, algunos que que hoy en día descansan en paz, por parte de los académicos y vicerectoría de la Universidad es una actitud que no tiene nombre», sostiene Cárdenas, en referencia al despido de 8 funcionarios del museo, la mayoría de ellos atacameños.

En ese sentido, las innumerables voces que, hace más de dos años, se han alzado en contra de este “arqueocidio”, no han encontrado ni siquiera una respuesta en las muchas puertas que han tocado. Ulises Cárdenas destaca “recursos de protección presentados por las propias comunidades atacameñas como Chiu-Chiu, cartas a la Presidenta de la República, al Consejo de Monumentos Nacionales, a las autoridades regionales y provinciales, no han tenido respuesta, o bien se han escudado en que como este museo pertenece a la Universidad Católica del Norte, es una entidad privada ante lo cual nada se puede hacer. Eso es de una falsedad absoluta”, señaló el profesional.

“Primero, este proyecto presenta graves incumplimientos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA Nº237/2013) que lo autorizó, ante los cuales la Superintendencia de Medio Ambiente sólo se remite a opinar sobre el componente ambiental de la misma, dejando de lado los aspectos que son de su competencia, como el legado precolombino en esta área, la conservación, restauración y puesta en valor del mismo, y su rol vital para la arqueología andina”, sostiene Cárdenas en el reportaje publicado por El Ciudadano.