La Cámara Baja trasandina aprobó un proyecto del Ejecutivo que devuelve al Estado la línea aérea. De concretarse el proyecto de ley, la compañía se salvaría de la crisis financiera en que la tiene el grupo español Marsans. Se estima en 832 millones de dólares el déficit de la empresa.
La Cámara de Diputados argentina aprobó esta tarde con 152 votos a favor, 84 en contra y una abstención la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
Durante la sesión especial, convocada por el oficialismo, y que duró 6 horas la Cámara Baja aprobó el nuevo dictamen que apunta a declarar a la compañía como de utilidad pública, además de avanzar para su tasación y posterior expropiación.
La compañía hoy es de propiedad del grupo español Marsans, holding que también es dueña de Austral, Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).
Incluso, la oposición se manifestó a favor de la recuperación de la empresa, aunque no es partidaria de que la compañía sea expropiada en su conjunto.
El proyecto señala que el Estado deberá encargarse del mantenimiento de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas y presentar en 6 meses un plan de negocios para las compañías.
En caso de ocurrir la expropiación, el Estado trasandino deberá hacerse cargo de la pesada de deuda de Aerolíneas, estimada en casi mil millones de dólares.
Los diputados oficialistas lograron introducir al proyecto de ley un artículo que aclara que el Estado sólo se hará cargo de las deudas legítimas, las que deberán ser identificadas y diferenciadas de las ilegítimas, generadas por operaciones dolosas o mala gestión de Marsans.
“Estamos asumiendo una deuda fenomenal que el pueblo argentino no contrajo y que es por lo menos fruto de un manejo brutal empresarial y de la incapacidad brutal de control a la empresa”- declaró el diputado Jorge Sarghini, del peronismo disidente.
“Esta operación es ruinosa para el gasto público del país”- dijo por su parte el radical Oscar Aguad, quien además acusó que la empresa tiene un déficit operativo de 50 millones de dólares mensuales.
Empresa de utilidad pública
Para avanzar en la expropiación se requiere que estas empresas sean declaradas de utilidad pública. Según informa EFE, la Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de utilidad pública y que la indemnización a pagar “sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”.
Esta norma establece que el Estado deberá pagar la indemnización “dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un valor simbólico de un peso.
Pero para Marsans, dueño del 94,41% de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse en una tasación pedida por encargo del grupo español.
Marsans adelantó que demandará al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.
Tanto Aerolíneas Argentinas como sus empresas satélites están intervenidas judicialmente desde el 21 de noviembre pasado.
El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero estas naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.
Por su parte, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, aseguró que el proyecto de expropiación de Aerolíneas “estará aprobado antes del 20 de diciembre por ambas Cámaras”.
Jaime dijo que “no hay ninguna duda” de que Aerolíneas comenzará 2009 administrada por el Estado, ya que espera que antes del 20 de diciembre ya va a estar aprobada la expropiación. En tanto, el Senado debatirá el proyecto en 15 días.