El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, presentó un nuevo reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir una decisión del Consejo para la Transparencia que acogió una petición del abogado de derechos humanos Cristian Cruz, buscando transparentar la identidad de funcionarios de la dictadura llegaron a altos cargos de la institución.
El jurista solicitó entregar la nómina de oficiales que prestaron servicio en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), y que después fueron ascendidos al grado de General entre el 10 de marzo de 2002 y el 11 de marzo de 2015.
El escrito de la autoridad máxima del Ejército que pretende retener la información se funda en la polémica jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Chile que dejó sin efecto la decisión de un tribunal de alzada en favor del periódico El Ciudadano, de similares características, donde se ordenaba revelar los nombres de los ex agentes de la CNI que actualmente prestan servicio en el Ejército.
Por sentencia del 19 de octubre de 2015, la Tercera Sala del máximo tribunal del país, integrada por la ministra Rosa Egnem, salpicada por la investigación del caso Masacre de Laja, retrotrajo el procedimiento administrativo que se inició con una solicitud de este medio de comunicación. En su lugar, la Suprema exigió que se le preguntara a cada uno de los 36 funcionarios activos del Ejército que prestaron servicio en la CNI si querían que sus nombres fueran públicos o no.
En este nuevo caso, el general Humberto Oviedo solicita a la Corte de Apelaciones de Santiago que impida revelar los nombres de los agentes represores que alcanzaron el generalato, ya que no se ha llevado a cabo el proceso de notificación a terceros.
Lo anterior se funda en la idea de que se afectarían los derechos de los ex integrantes de la DINA y la CNI si se da a conocer la información requerida por el abogado Cristian Cruz.
“Es de público conocimiento que el tratamiento que algunos medios de comunicación social y redes sociales otorgan a quienes vinculan a la CNI, como de igual manera son conocidas las agresiones físicas y verbales que grupos organizados llevan en contra de esas personas y sus familias (funas), afectando gravemente derechos ciudadanos garantizados por el Artículo 19 de la Carta Fundamental, como son a la integridad física y psíquica (Nº 1), a la igualdad ante la ley (Nº 2), a la igualdad de protección ante la ley (Nº 3), al respeto a la vida privada y a la honra de la persona y su familia (Nº 4)”, argumenta en el libelo el Ejército, representado por el abogado Juan Pablo Monti Medina.
MEDALLAS DEMOCRÁTICAS PARA LOS REPRESORES
Un caso que generó polémica en el gobierno de Ricardo Lagos fue la condecoración realizada en La Moneda al ex agente de la DINA y la CNI Álvaro Guzmán Valenzuela, entonces director del Comando de Salud (Cosale), con grado de General, quien se acogió a retiro cuando su nombre apareció vinculado a la investigación por el homicidio del cabo Orlando Morales Pinto.
Morales fue encontrado sin vida al interior de un recinto militar en 2002 – cuando la actual Presidenta Bachelet era ministra de Defensa y el PS Gabriel Gaspar, tal como ahora, oficiaba de subsecretario – tras denunciar irregularidades financieras en la repartición del alto oficial.
El general (r) Guzmán Valenzuela, quien recibió instrucción en la Escuela de las Américas entre el 5 de enero y el 14 de febrero de 1971 y fue profesor de la Escuela Nacional de Inteligencia en dictadura, integra por estos días el directorio de la empresa Raiden Energy Chile S.A., cuya misión – señalada así en el sitio web de la misma – es “Contribuir en el largo plazo a una sociedad que valora el desarrollo económico dentro de un marco de respeto al medioambiente y a las personas”.
Mientras que Guzmán salió del Ejército, el funcionario civil Héctor Cáceres Orellana, ex agente de la CNI desde mayo de 1980, continuó prestando servicios en el Cosale como Asesor de Control y Gestión. En 2014 figuraba como responsable de pago en licitaciones tramitadas por el Departamento IV Finanzas de ese Comando cuando el Oficial de Intendencia estaba ausente.
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