Representantes de los siete grupos de pueblos indígenas y garífunas en Honduras protestaron este jueves contra la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los pueblos Indígenas que discute el Congreso, al considerar que su aprobación autorizaría la construcción de grandes obras en sus territorios.
Al ritmo del canto de los pueblo garífunas, descendientes de los pueblos africanos, los manifestantes expresaron «cuidado con Juan Orlando (Hernández) que nos puede apuñalar y sacar la sangre», ante la intención de aprobar esta ley que concesiona sus tierras, violando el convenio 169 de la de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Frente a la sede del Legislativo en Tegucigalpa (capital) se reunieron integrantes de las comunidades lencas, tolupanes, pech, misquitos, chortís y tawahkas para demostrar sus descontento.
La coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Cpinh), Berta Zuñiga, hija de Berta Cáceres, advirtió sobre la amenaza que pesa sobre los pueblo indígenas y garífunas con la nueva Ley de Consulta Previa.
«Esta ley es un insulto y es escupir la memoria de Berta Cáceres. Tenemos una sentencia pero nos contestan aprobando una ley» que no les garantiza la protección de sus territorios, aseveró.
Además, informó que las comunidades de siete grupos étnicos elaboraron un proyecto de ley con el objetivo de presentarlo al Congreso y que brinde el respeto ancestral a este sector de la población.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, expresó que el proyecto de Ley de Consulta Previa Libre e Informada vulnera los derechos de las comunidades étnicas del país.
«Esa ley que pretenden aprobar los diputados vulnera los derechos de las comunidades porque permite la explotación de nuestros territorios por las industrias extractivas, hidroeléctricas y mineras», indicó.
Miranda denunció que en 2019, más de una veintena de garífuna fueron asesinados en el país y recordó que la ambientalista hondureña Berta Cáceres fue asesinada en 2016 por sicarios que contrató la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.
Cortesía de TeleSUR
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