A través de una declaración pública, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos se pronunció sobre el conflicto intercultural en La Araucanía, asegurando que ha observado el preocupante deterioro de la convivencia en la zona y en localidades aledañas.
En ese contexto, el Consejo del INDH decidió sesionar en Temuco durante el pasado 23 de mayo, con el objetivo de conocer a diversos actores y recoger sus testimonios y propuestas para superar la violencia que afecta a la región.
En la instancia participaron el Obispo de Temuco, monseñor Héctor Vargas, la Multigremial de La Araucanía, la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (AMCAM), el presidente del Consejo Regional de Pastores Neftalí Silva, el Intendente Regional Andrés Jouannet, la Asociación de Víctimas de Violencia Rural de La Araucanía (AVVRU) y el movimiento Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC).
Al respecto, el Consejo manifestó su «preocupación por la incapacidad que ha tenido el Estado, los diversos actores sociales y las empresas forestales para abordar de manera integral una situación que se arrastra desde hace muchas décadas y que ha implicado una grave y permanente vulneración de los derechos humanos de quienes habitan este territorio».
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Además, desde el INDH señalaron que es imperativo que el Estado de Chile se haga cargo de la deuda histórica que mantiene con el pueblo mapuche, asumiendo la responsabilidad de respetar y garantizar sus derechos individuales y colectivos.
«La falta de una política eficaz en materia de restitución de tierras u otros mecanismos de compensación, la ausencia de espacios significativos de autonomía para que las comunidades puedan decidir sobre prioridades en materia de desarrollo, los escasos espacios de representación política y en general de mecanismos de participación efectiva y la inexistencia de un reconocimiento constitucional del carácter pluriétnico de nuestra sociedad, y la pobreza que afecta de manera desproporcionada a quienes integran el pueblo mapuche son, entre otros, temas pendientes cuya resolución debe constituir una prioridad», argumentaron.
Además, el Consejo recalcó que es urgente que se concrete la protección de los derechos humanos de las personas que, ajenas o no al conflicto, viven cotidianamente sus consecuencias.
«El INDH expresa su rotundo rechazo a los actos de violencia que han resultado en vulneraciones de derechos de los habitantes mapuche y no mapuche de la región, particularmente de su derecho a la integridad física y síquica y a la seguridad», enfatizaron.
El organismo enfatizó que dicha violencia se ha expresado en el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado contra las comunidades, donde se incluye a niñas y niñas entre las víctimas. Además, lamentaron que pese a todas las recomendaciones realizadas por el INDH y organismos internacionales de derechos humanos, Chile siga dilatando «el abordaje integral de la realidad descrita y asumiendo que se trata principalmente de un problema de seguridad pública. Lo hemos sostenido permanentemente: la profundidad del problema y sus causas estructurales, hacen necesaria la adopción de soluciones políticas«.
La declaración es firmada por la directora del INDH, Lorena Fríes, además de José Aylwin, Carolina Carrera y el abogado Roberto Garretón, entre otros.
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