Mientras los aborígenes en Guatemala aseguran que luego de dos décadas de firmado el acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla «aún no ha llegado la reparación para las víctimas», los pueblos indígenas de Colombia aspiran no tener que esperar 22 años para que finalmente se consolide la paz.
Plinio Trochez, indígena del norte del Cauca, y Pedro Diego Mateo, indígena maya guatemalteco, comparten sus experiencias en la guerra y sus expectativas tras la firma de los acuerdos de paz en ambos países.
Mateo reconoció que, en parte, la precaria situación en la que se encuentra la implementación del acuerdo de paz en Guatemala tiene que ver con la falta de fortaleza de las organizaciones indígenas. Sostiene que muchas veces los liderazgos terminan cooptados por fuerzas políticas que no defienden los derechos de los aborígenes.
Por su parte, Trochez contó que, en un principio, las comunidades indígenas estaban excluidas de la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las FARC. “La unidad, la propuesta y la lucha se dio porque las comunidades indígenas éramos las más afectadas y debíamos hacer parte de ese diálogo”, y agrega que «a raíz de eso se logró la inclusión del capítulo étnico en el acuerdo final».
El líder guatemalteco encontró diferencias entre ambos procesos. Recordó que gran parte de los indígenas reconocía a la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca como una “fuerza armada alternativa”. Por eso, cuando los insurgentes retornaron a sus hogares se hicieron fiestas para recibirlos.
En el caso colombiano, las guerrillas también victimizaron a los indígenas. Aunque en el seno de las familias también se vive alegría por el retorno de sus familiares, en las comunidades del norte del Cauca es necesario que los excombatientes le pidan a las autoridades volver a hacer parte del censo de los cabildos.
Lecciones de justicia
Aunque los aborígenes aceptan el retorno de los excombatientes, lo hacen con una aclaración: si la justicia ordinaria los requiere, tendrán que comparecer. Asimismo, le piden a esos misos excombatientes que aporten toda la información que tengan de los crímenes que se cometieron durante el conflicto armado. “¿Quién mató a Cristóbal Secue Tombé? ¿Quién mató a Salatiel Méndez?”, pregunta Trochez sobre los crímenes contra dos líderes indígenas.
Con respecto al acceso a la justicia en Guatemala, Alejandro Rodríguez, coordinador de la ONG Impunity Watch dijo que una lección es tener una justicia independiente. Para ello, cuenta que entre 1990 y 1994 la justicia estuvo en manos de los militares. “En Guatemala, hasta 1998, existía la justicia militar y eso era prácticamente la impunidad”.
Rodríguez agrega que el trabajo de la comunidad internacional ha sido clave para alcanzar justicia en su país. En 2007 se instaló la Comisión Internacional contra la Impunidad y su creación impulsó la reforma de varias instituciones que habían sido inoperantes. Tras modificaciones en el Ministerio Público, las investigaciones sobre las graves violaciones de derechos humanos han avanzado.