Dirigentes de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) urgieron a Gobiernos de la región suramericana a cumplir la legislación sobre consulta y consentimiento previo, libre e informado a pueblos, nacionalidades y comunidades.
En un encuentro celebrado en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador, en el que se esperaba la presentación de un proyecto de ley de consulta y consentimiento previo, los líderes indígenas resolvieron no presentar la iniciativa e insistir en que los Gobiernos de los países andinos cumplan con la legislación internacional y nacional al respecto.
«Se acaba de resolver el no exigir al Estado ninguna regulación al derecho a la consulta previa, sino más bien una inmediata aplicación e implementación del derecho», explicó a EFE Yaku Pérez, coordinador general de la CAOI.
De acuerdo con Pérez, «los derechos no se regulan, se ejercen (…) y luego de un debate muy fructífero con abogados y antropólogos, se decidió exigir a los Gobiernos que apliquen el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en relación a las declaraciones de la ONU y la OEA sobre derechos de los pueblos indígenas».
Ese convenio de la OIT es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas y contiene el de la consulta previa, libre e informada a las poblaciones en territorios ancestrales antes del inicio de cualquier actividad industrial.
Pérez refirió que, en el caso de Perú, existe una ley de consulta previa que tachó de «desastrosa» y que «resta derechos, no es vinculante y no acepta protocolos basados en la espiritualidad y cosmovisión» indígena, mientras que en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, por ejemplo, ese derecho está contemplado.
En el encuentro internacional participaron representantes de las mayores organizaciones indígenas de los países que integran la CAOI, además de Brasil, Guatemala e India.
La paradoja
En algunos países como México, las consultas a los pueblos indígenas se hacen por trámite, cuando ya está en marcha el proyecto, sin información suficiente y muchas veces ni siquiera en el idioma que hablan esas personas, denuncia la ONU.
La relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, presentó un informe en el que detalla que las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios y de agricultura constituyen “un reto mayúsculo” para los derechos humanos de los pueblos originarios.
Para cumplir con esto, explicó que las consultas se deben hacer antes de diseñar los proyectos de explotación de la tierra. Se debe proporcionar a los habitantes información sobre los posibles impactos ambientales, sociales y de derechos humanos que tendrá el proyecto y sólo entonces se puede considerar que la consulta se hizo de buena fe.
El borrador de un tratado universal que se está analizando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para regular la actividad de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos y ambientales, insta a evitar que se cometan más despojos, más violencia y que los delitos sean imprescriptibles y no queden en la impunidad.
La iniciativa tiene por objeto acabar con casos en los que empresas multinacionales y nacionales petroleras y mineras han realizadciones sin haber consultado de manera informada a los pueblos originarios, vulnerando el derecho internacional en materia de derechos humanos, de la naturaleza y de los indígenas.
https://www.elciudadano.cl/pueblos/indigenas-hondurenos-rechazan-proyecto-de-ley-que-limita-la-consulta-a-cabildos-abiertos/08/17/
https://www.elciudadano.cl/politica/la-exclusion-de-la-consulta-indigena-en-el-proyecto-de-ley-que-modifico-la-ley-general-de-pesca-y-acuicultura/08/29/