Comunidades indígenas de Ecuador pidieron respeto a dos sentencias judiciales que suspenden la explotación petrolera y la extracción minera en sus territorios.
«Pedimos que se cumplan las dos sentencias a favor del pueblo. La Corte (Constitucional) debe trabajar junto con el pueblo. No pueden hacer solos (analizar los casos)», dijo la dirigente de Género y Familia de la Coordinadora General del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Concocawep), Silvana Nihua, habitante de la provincia de Pastaza (centro-este).
Nihua y decenas de otros indígenas realizaron el jueves plantones frente a diferentes entidades públicas de Ecuador vinculadas con las sentencias, entre ellas la Corte Constitucional, los ministerios de Ambiente y de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Contraloría General del Estado.
Las inmediaciones de la Corte Constitucional, en el centro norte de Quito, se cerraron al tráfico.
Bajo un sol intenso con cánticos waoranis de resistencia, indígenas jóvenes, adultos mayores, mujeres y niños danzaron con sus lanzas, machetes y vestimenta tradicional saturada de colores y materiales autóctonos.
La Corte Provincial de Sucumbíos (noreste) ordenó en 2018 revertir 20 concesiones mineras que operaban cerca del río Aguarico y cancelar el otorgamiento de 32 que estaban en trámite porque, según los jueces, no hubo consultas previas a los habitantes, con lo que se dio la razón a la Comunidad Asentamiento Ancestral Cofán Sinangoe.
La consulta previa, libre e informada sobre proyectos de exploración, explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que se encuentren en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas es un derecho establecido en la Constitución ecuatoriana, aunque no es vinculante.
En septiembre de 2019, la Corte Constitucional ratificó la mencionada sentencia y no admitió las acciones extraordinarias que interpusieron empresas e instituciones públicas contra la sentencia de la Corte de Sucumbíos.
La resolución de la Corte Constitucional estableció «que este caso podría ser objeto de un pronunciamiento de la Corte Constitucional que constituya jurisprudencia vinculante (…) al versar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional».
Eso significa que el fallo podría ser la base de nuevas normas en Ecuador.
Nihua, de 26 años y madre de tres niños, señaló que su comunidad espera que la Corte Constitucional «garantice que vivamos sanos, protegidos, sin división en nuestras familias (…). Queremos seguir viviendo sin contaminación y seguiremos exigiendo hasta llegar a las Naciones Unidas», advirtió.
La joven dirigente lucía una corona hecha con plumas de aves amazónicas, collares y el rostro parcialmente pintado de un rojo intenso.
Daniel Umenda, de 39 años, guardia indígena de la comunidad cofán y agricultor, aseveró que la sentencia no se está cumpliendo pues siguen las actividades mineras de exploración.
«No queremos minería porque contaminará a nuestros ríos y alimentos; cada centímetro de nuestro territorio es vida, sin eso nuestros niños y ancianos morirán; si (la Corte Constitucional) no cumple en los próximos días, haremos paro», advirtió.
Los indígenas que llegaron a la capital también se refirieron a una sentencia de la Corte Provincial de Pastaza (centro-este), que en julio de 2019 declaró que los derechos a la consulta previa y autodeterminación de las comunidades waorani fueron vulnerados debido a la extracción minera.
Los líderes de Concocawep esperan que la Corte Constitucional seleccione la sentencia waorani (al igual que ya lo hizo con la otra sobre los sinangoe) para desarrollar jurisprudencia nacional sobre el cumplimiento y garantía de consulta y consentimiento libre, previo e informado.
«Tienen en sus manos la posibilidad de avanzar en el análisis sobre derechos que hablan de nosotros, haciéndolo con nosotros, en base a nuestros tiempos y formas de gobernanza, en nuestro territorio», dijeron esas comunidades en un comunicado de prensa.
Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador condenó en un comunicado lo que considera constantes cambios en la legislación y el retraso en la ejecución de sentencias favorables a los pueblos nativos.
Cortesía de Sputnik
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