La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó el recorte de 98 millones de dólares al presupuesto para las universidades públicas ordenado por el Gobierno por la crisis generada por la enfermedad COVID-19, causada por un nuevo coronavirus.
«Las medidas de aislamiento social no pueden servir de pretexto para imponer reformas en contra de los derechos del pueblo ecuatoriano (…) respaldamos las acciones de rechazo en contra del recorte presupuestario a la educación superior pública», dijo la Conaie en un comunicado.
Agregó que esa decisión del Gobierno de Lenín Moreno atenta contra los jóvenes de los pueblos, nacionalidades indígenas y campesinos de escasos recursos, porque afecta su proyección de continuar los estudios superiores.
El recorte -sostuvo la organización indígena- «es arbitrario, ilegal e inconstitucional», por cuanto la Constitución Política de Ecuador excluye los fondos destinados a educación y salud de los recursos que, bajo el estado de excepción, el Gobierno puede tomar para otros fines.
En 2018 el presupuesto de la educación superior sufrió un corte de 83 millones de dólares y el año anterior el Gobierno redujo 90 millones.
Este año, la disminución en 98 millones de dólares representa una merma del 10% del presupuesto a 32 universidades, sostuvo el comunicado.
La organización dijo que respaldará un posible juicio político en contra de Richard Martínez, ministro de Finanzas, por parte de la Asamblea Nacional.
El miércoles, Martínez no acudió al llamado de la Comisión de Educación de la legislatura para explicar el recorte presupuestario.
La comisión respondió con una resolución para enjuiciarlo políticamente.
Desafiando a la cuarentena que desde mediados de marzo rige en Ecuador por el COVID-19, el pasado lunes, estudiantes, profesores y trabajadores universitarios salieron a las calles aledañas a la Universidad Central de Quito (norte) para protestar por el recorte del presupuesto.
Los manifestantes acudieron con mascarillas de protección, guantes, capuchas y guardaron la distancia social de dos metros entre uno y otro, como medidas de prevención.
Mientras tanto, rectores de ocho universidades públicas, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y varias organizaciones y colectivos sociales presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para lograr que se derogue la medida.
La Universidad Central del Ecuador, la más importante universidad pública del país, informó que decidió suspender la matriculación estudiantil del periodo 2020-2021, como efecto del recorte presupuestario, que en su caso específico sería de 11 millones de dólares.
Cortesía de Sputnik
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