Indígenas de la Amazonía de Ecuador rechazaron la sentencia a un año de cárcel contra un exjuez de Pastaza (este) por el delito de cohecho en un caso que involucra a la comunidad kichwa, para quien esperaban una pena de entre 5 y 7 años.
«El pueblo de Santa Clara expresa su profunda indignación ante la sentencia porque se condena al juez (Aurelio Quito) a un año, cuando debe ser de cinco a siete años. No existe base jurídica para la toma de esta decisión», dijo Christian Aguinda, presidente del pueblo originario de la nacionalidad kichwa del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, que ha venido intentando evitar la construcción de una hidroeléctrica con las aguas del río Piatúa, en el corredor ecológico Llanganates Sangay, localizado en la región amazónica (este) de Ecuador.
En 2018, los indígenas kichwa de Santa Clara interpusieron una acción de protección contra la construcción de la hidroeléctrica.
El recurso fue negado por Aurelio Quito, juez de primera instancia de la Corte Provincial de Pastaza, pero las comunidades apelaron y el caso pasó a un tribunal de la misma Corte.
En septiembre de 2019, un integrante de ese tribunal acusó al juez Quito de intentar sobornarlo con 37.000 dólares y dos botellas de whisky para que ratificara su fallo en contra de las comunidades.
Quito fue apresado y poco después, la Corte Provincial de Pastaza decidió suspender el proyecto, retiró la autorización del uso y aprovechamiento del caudal y revocó la licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente, que había sido otorgada a la compañía de Generación Eléctrica San Francisco (Genefran).
El lunes 3 de febrero, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a Quito a un año de prisión como autor del delito.
Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), también rechazó la sentencia.
«Exigimos a la Fiscalía General del Estado (…) una investigación minuciosa (…) de todos los actos de corrupción en todas las instituciones del Estado y si no lo hacen también son cómplices (…). Quiero invitar a la Fiscal General del Estado para que ponga cartas en el asunto. Y el pueblo estará ahí», dijo Vargas.
La Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado de prensa, anunció que apelará la decisión.
Cortesía de Sputnik
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