El ejército de Colombia y anunció este miércoles la apertura de una investigación por el “posible caso de abuso sexual” de una menor de edad perteneciente al Resguardo indígena Embera Chamí en el municipio Pueblo Rico, departamento Risaralda, al noroeste de Bogotá. La Fiscalía colombiana también asume labores de investigación en el hecho.
En un comunicado de prensa emitido por el comando de la Octava Brigada, unidad militar orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional colombiano, se confirmó el inició de la indagación.
Los hechos se habrían cometido el pasado lunes en una vereda de Pueblo Rico, limítrofe con el departamento del Chocó. De acuerdo con la información proporcionada por autoridades indígenas y habitantes de Risaralda, siete uniformados del batallón San Mateo violaron a una niña de 12 años de edad.
De acuerdo con pobladores de la comunidad, la menor se encontraba desaparecida desde el día domingo y fue hallada el lunes en horas de la noche cerca de un establecimiento educativo donde estaban los miembros del ejército colombiano.
Según el líder comunitario Martín Siagama “la menor manifiesta que fue violada por estos uniformados de manera violenta y tuvo que recibir atención urgente y será evaluada por Medicina Legal”.
Por su parte, el comunicado de la Octava Brigada calificó el hecho como “deplorable” y anunció el inicio de las acciones que permitan esclarecer los acontecimientos y posibles responsables.
El comandante de la Quinta División, Luis Mauricio Ospina Gutierrez, expresó en rueda de prensa la mañana de este miércoles, que apenas se conocieron los hechos comenzaron los protocolos correspondientes y añadió que el Ejército no actúa de esa manera.
Los soldados implicados en el hecho fueron llevados a Pereira y apartados de sus funciones que consistía en asegurar la zona entre Risaralda con Chocó por medio de un corredor que les comunica.
El pueblo indígena Embera Chamí (Habitante de Montaña) se concentra en el departamento de Risaralda. Sus autoridades solicitan que los violadores sean entregados a la organización indígena para aplicarles la ley que a ellos los rige, y que el batallón San Mateo se retire de la zona.
A su vez, el fiscal de la sección de Risaralda fue designado para llevar el caso y recopilar información de los hechos. Se adelantan investigaciones urgentes en la región. Se le suman a las labores la Comisaría de Infancia y Adolescencia.
Hasta el momento, se conoce que el hecho no será llevado por la justicia militar sino por las jurisdicciones ordinarias. Los militares están a disposición de la Fiscalía.
Cortesía de TeleSUR
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