El Poder Judicial mexicano dictó este lunes una «sentencia histórica», tal como fue reseñada por medios de ese país. Dos efectivos del Ejército, Nemesio Sierra y Armando Pérez, fueron condenados por los delitos de violación y tortura sexual contra la joven indígena Valentina Rosendo Cantú, crimen perpetrado en el año 2002.
La joven, quien para entonces era menor de edad, fue torturada sexualmente por los militares en el municipio de Acatepec, estado de Guerrero (sur), el 16 de febrero de 2002, mientras se encontraba lavando ropa en un arroyo ubicado unos 200 metros de su domicilio.
Según los hechos relatados, Valentina fue violada por dos de ocho militares presentes en el sitio, mientras los otros seis la observaban. Luego del abuso sufrido, la joven indígena se dirigió a un centro de salud, al que llegó tres días después debido a que su lugar de residencia se encontraba en una zona alejada. En ese centro fue discriminada y se le negó atención, por considerar una «amenaza» la situación que podría suscitarse con las fuerzas armadas.
Al principio la investigación no prosperó con la justicia militar mexicana, ni en los entes públicos, donde tampoco la quisieron recibir y la humillaron al poner en duda su denuncia. Tras un largo proceso ante el sistema interamericano, el 31 de agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó adoptar 16 medidas de reparación, dentro de las cuales estaban «investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia» de la víctima de los militares.
Esta semana, el tribunal reconoció la tortura sexual ejecutada por estos militares contra la joven aborigen hace 16 años, y otorgó valor jurídico a su testimonio para emitir la condena.
Las voces originarias fueron escuchadas
Valentina, en una entrevista ofrecida a la agencia Sputnik, respecto a la sentencia emitida contra sus victimarios, expresó: «Se me llena de emoción el corazón porque soy una mujer indígena y ganó mi palabra, ganó la verdad, porque desde el principio el Gobierno no me creyó y ahora triunfó mi búsqueda de justicia; siento que hay una esperanza».
La mujer originaria de la etnia me’phaa detalló las fuertes complicaciones que tuvo al denunciar lo ocurrido ante las autoridades mexicanas. «Donde quiera que me encontraba con funcionarios públicos, siempre se burlaban de mí, desde que puse mi denuncia, nunca me pusieron ni un traductor».
La directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, en nombre de varias organizaciones, puntualizó que «es la primera vez que México cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a militares responsables de violaciones de derechos humanos a raíz de una sentencia del tribunal interamericano».
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan conoció el caso junto con el de otra indígena me´phaa llamada Inés Fernández Ortega, quien fue violada por militares en condiciones similares a Valentina, por la que se ejecutan acciones jurídicas también.
“Por eso el caso de Valentina es emblemático, pues marca un precedente en un país donde se ha protegido el fuero militar”, detalló Diana Figueroa, integrante de la organización.
El caso es importante para México, donde más del 90% de los delitos quedan impunes y donde se han registrado cada vez más agresiones contra las mujeres, los cuales en muchas ocasiones terminan en feminicidios.
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