La Araucanía, Chile y la violencia actual del latifundio colonial–forestal

Las tierras de las comunidades además, han servido históricamente para la recepción de los basurales urbanos, las plantas de aguas servidas, el emplazamiento e impacto de las forestales y ahora, con mayor agudeza, la invasión de proyectos energéticos que además se emplazan en la Araucanía sobre las últimas reservas naturales, donde se evidencia la profunda violencia estructural en Chile a familias y a la naturaleza, arrojando también varios asesinatos, principalmente de jóvenes Mapuche en el marco de conflictos por tierras en los últimos años.

En tema presupuestario, se estima que del erario nacional se destina un 0,3 % para políticas públicas en materia indígena, mientras el estado viene subsidiando en diversas áreas los intereses del sector forestal, con subsidios que vienen desde 1975 hasta el presente en costos de producción, desarrollo biotecnológico, investigación de universidades públicas, instituciones públicas (INFOR, Conaf y centro de biotecnología), fuerzas públicas, situación similar para la agroindustria cuya base en el centro sur la controlan sectores ligados al latifundio colonial, beneficiados con cientos de miles de millones de pesos de cargo fiscal, destinada a los intereses de los grupos más ricos de Chile.

El “patriotismo” que promueven estos sectores, que abrazan causas de paz, son la base de la explotación de la tierra con monocultivos forestales, de contaminantes celulosas, de la depredación de los territorios, del empobrecimiento de la vida rural a campesinos y reducciones mapuche. La misma postura, tal cual lo dijo Fuentes, que no tolera el reconocimiento de derechos a los Pueblos indígenas y su existencia, que no es capaz de establecer mecanismos de paz para la solución de demandas de tierras y que la única forma de relación que quieren establecer con comunidades, es desde la perspectiva del “patrón” con el “peón”.

Chile tardó casi veinte años en ratificar el Convenio de la OIT 169, que es el piso mínimo del estándar de derechos para los Pueblos Indígenas, básico en derechos humanos y colectivos, siendo uno de los últimos países en incorporarlo a su legislación y que sistemáticamente se está violando, sin aplicar las herramientas que podría otorgar para la resolución de conflictos, sin embargo, este instrumento junto a la declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas, pretende ser aniquilado por sectores ultras y por otra, por un gobierno complaciente, que no respeta su alcance, manipulando temas de consulta y vulnerando derechos base como las prioridades de desarrollo de las comunidades, la protección de lugares sagrados.

Resulta sorprendente que en estos tiempos, se haga reflotar fantasmas del pasado por ciertos grupos soberbios que mantienen e intensifican la manipulación de la realidad, promoviendo profusas divisiones y odiosidades y haciendo ver como bandera de lucha, que el gran problema es “el conflicto Mapuche” y sin lugar a dudas ese contexto, ha sido facilitado por las torpezas, ambigüedades, titubeos y complicidades de sectores del poder gubernamental, que no ha sido capaz de establecer lineamientos claros en materias de reparación y respeto a los derechos de los Pueblos indígenas en Chile y particularmente del Pueblo Mapuche.

Por Alfredo Seguel

Mapuexpress.org