La otra cara de la primera toma mapuche huilliche en Chile

Las voces mapuche huilliche de la cuenca del río Bueno suenan fuerte y nítidas tras los tensos momentos vividos a finales de 2009. Una ley desconocida y vigente, más el Convenio 169 de la OIT pueden ser determinantes en el proceso de usurpación.

El sueño de cambiar la historia de pobreza, exclusión e injusticia es lo que pretende el lonko Rodelio Torres Chiuka de la comunidad mapuche huilliche Chiuka Pichicoy, de la localidad de Mantilhue, comuna de Río Bueno, -Región de Los Ríos-.

El 29 de octubre seis integrantes de la reducción Chiuka Pichicoy fueron desalojados del predio Pisu Pisué −de 307 hectáreas−, por parte de cuarenta efectivos policiales que se movilizaban en cuatro vehículos, un bus de fuerzas especiales y un ‘zorrillo’. Esto luego de cuatro días de toma en tierras que reivindican como derechos ancestrales y que tienen como “dueño” a Joaquín Biwer Meller, quien solicitó la expulsión. El procedimiento se desarrolló en forma pacífica.

Ese fue el primer paso de la reivindicación, aunque tiene antecedentes judiciales. En 2004 la comunidad presentó una demanda en el Juzgado de Letras de Río Bueno, reclamando 10 mil hectáreas. La acción legal quedó  archivada y los terrenos en cuestión−dentro de los que se encuentra el fundo de Biwer− se mantienen en manos de privados.

“Iniciamos esta demanda bajo los parámetros de la legalidad, pero el Estado no nos respondió. Por eso empezamos el proceso de recuperación del fundo Pisu Pisué, declarándonos en conflicto con el particular y con el Estado chileno”, asevera Torres Chiuka.

Los comuneros, el 14 de noviembre, nuevamente ocupan el predio y fueron desalojados por efectivos policiales, quienes estas vez usaron la violencia para amedrentar a los mapuche de Mantilhue (ver recuadro con el detalle en versión Web).

ORIGEN DE LA REIVINDICACIÓN

Más allá  de los hechos de Mantilhue, ubicada a 130 kilómetros de Valdivia, la demanda tiene su raíz en la expoliación de la tierra y la exclusión e injusticia que han tenido que sortear los huilliche mantilhuanos. El caso del predio Pisu Pisué es la punta del iceberg, pues pretenden recuperar 60 mil hectáreas (poco menos que la superficie del Gran Santiago). Estas tierras involucran al menos a 10 troncos familiares huilliche −que suman cerca de 500 familias, es decir, 2 mil personas− distribuidos en la comuna de Río Bueno.

Según el lonko Torres Chiuka “la usurpación de los latifundistas empezó  a mediados del Siglo XIX. Entre ellos destacan las familias Grob (primeros propietarios del fundo Pisu Pisué), Hidalgo y Menge. “Ellos fueron los primeros que masacraron a la población. Los sacaron de sus territorios, les quitaron las cosas para comer. Los Grob tenían matones y un retén de Carabineros a su favor, donde los funcionarios encerraban y torturaban a los mapuche huilliche para que la gente se aburra y abandone los campos”, explica el lonko. Pero sus dardos los apunta directamente a Biwer Meller. “Este hombre debería irse y entregar los predios que tiene dentro de este territorio. Él dijo que los mapuche vendieron este territorio en el siglo XIX. Quiero emplazar al latifundista a que presente los documentos o escrituras donde el Estado le vende estos terrenos, porque si son terrenos comunitarios (indígenas) tiene que firmar un lonko y estoy seguro que los lonkos no vendieron. Desafío a que muestre de qué forma adquirió estas tierras. Si se las compró al Estado para nosotros no tiene validez, porque nunca ha sido el dueño, ya que cuando se formó el Estado chileno nosotros ya éramos dueños de estas tierras. A nuestros antepasados se les entregó la soberanía desde el Biobío al sur”, argumenta Torres Chiuka, quien de acuerdo a los documentos del Parlamento de Negrete de 1803, tiene razón.

EL GOLPE DE NEGRETE

El abogado José  Lincoqueo, hace 10 años descubrió  los documentos del Parlamento de Negrete, lo que causó  gran sorpresa en los Tribunales de Justicia. El jurista encontró  una ley, promulgada el 27 de octubre de 1823, bajo el gobierno de Ramón Freire, que expresamente reconoce el parlamento general como norma del derecho internacional válido entre Chile y Arauco, y de paso reconoce la independencia de Arauco, al facultar al Presidente de la República a fijar la frontera sur del Estado de Chile. Sólo naciones independientes pueden establecer fronteras. Esta ley se encuentra vigente y nunca ha sido derogada.

“De ello se infiere que esa ley reconoce los parlamentos generales como tratados internacionales aprobados e integrados al Estado de Chile, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política actual. Por tanto, esos tratados internacionales están incorporados  en la legislación sin que ningún chileno lo supiera hasta que yo lo descubrí. Hasta los ministros de cortes, jueces e ilustres abogados desconocían absolutamente esta realidad”, expresa Lincoqueo.

−¿En qué momento de la historia se produce este desconocimiento de los parlamentos?

−Desde el momento en que comienza la llamada Pacificación de la Araucanía. Hacían limpieza étnica primero y luego parcelaban y entregaban a los chilenos. El artículo 641 dice que son imprescriptibles estos hechos. Pueden pasar mil años y siguen vigentes.

−¿Y respecto de los títulos de dominio de los privados?

−Esos documentos constituyen un pretexto, artimaña, trampa, dolo, malicia para perfeccionar el delito de usurpación. Es un conjunto de maquinaciones, todas fraudulentas, urdidas para perfeccionar el delito. Estos títulos de merced tienen su correlato, el título de propiedad, que sirve para poner límite a la participación de los indígenas en la ocupación de sus tierras y para perfeccionar la usurpación del resto. Si usted es dueño de un auto y lo vende, usted cede un derecho que tiene sobre el vehículo. El Estado de Chile, ¿qué derecho tiene sobre estas tierras?

Respecto de los derechos indígenas, el lonko Torres Chiuka espera que se aplique el Convenio 169 de la OIT, que está en plena vigencia en el país desde septiembre de este año, pues su aplicación en otros estados ha demostrado que facilita nuevas formas de convivencia y relación basadas en el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos. Además, tiene la esperanza de que la justicia acoja e interprete las disposiciones del Convenio, incluyendo tribunales o cortes constitucionales, frente a las demandas de tierras, lo que produciría más autonomía política y cultural, así como mejores condiciones de vida para los mapuche huilliche de Mantilhue.

TESTIMONIOS DE LA SEGUNDA TOMA

Durante la segunda toma del predio Pisu Pisué, más de 50 carabineros de Fuerzas Especiales, el GOPE y de localidades de la comuna irrumpieron en el predio tomando detenidos a 15 adultos (8 hombres y 7 mujeres, dos de ellas en cinta) y a 11 menores (una guagua de 3 meses, 5 niños y 5 niñas).

La acción policial “fue muy violenta. Sentí impotencia al oír llorar niños y gritar mujeres, y cuando los carabineros los arrastraban por los cercos y puentes. Acá se ha dicho que la tropa que llegó eran como perros cuando corrían para atrapar a las mujeres embarazadas y a las madres con niños en brazos. Los papás tuvieron que llegar a defender a sus mujeres y niños. Fui el último que arranqué, porque a mí no me iban a pescar, ya que no andaba con niños. Para ellos es más fácil atrapar a las mujeres y niños. Nosotros no generamos la violencia, fue el Estado”, aclara el lonko de Mantilhue.

Una de las afectadas fue la comunera Ingrid Sánchez (28), quien asegura que estaba fuera del fundo, pero que igual se la llevaron detenida: “Yo traté de defenderme y me quitaron la chueca. Me esposaron y me hacían gritar del dolor. Mi hermanita se puso a llorar cuando me empezaron a golpear. Luego me arrastraron por el agua al carro policial. Nos tenían a todas las mujeres y niños en un solo lugar. Nos trataban como animales. “¡Avanza mierda. Qué se creen estos indios culia’os!”, nos gritaban delante de los pequeños. Hubo violencia psicológica”. Ingrid fue llevada a constatar lesiones al Hospital de Río Bueno, donde le señalaron que tenía daño en su brazo derecho. “Me enyesaron, lo que me ha impedido hacer mis cosas habituales. Tengo que ir a ver la radiografía y sabré lo que tengo realmente, aunque creo que es una fractura”.

Otra que vivió  esa jornada de violencia fue Yessica Chaura Leal (34), quien en ese momento tenía 8 meses de embarazo. “Me arrastraron y me patearon. Luego me llevaron al hospital y quedé hospitalizada, porque me alteré demasiado y me encontraron la presión alta, lo que era peligroso para mi embarazo”. Yessica explica que los que más han sufrido con los hechos son los pequeños: “Los niños tienen miedo. Cuando sienten ruidos, se aterran. Tienen miedo de que a nosotros nos pase algo y queden solos. Creo que tienen lesiones psicológicas, las que no son tomadas en cuenta en los informes del hospital”.

Por Mauricio San Cristóbal

El Ciudadano

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