La tiranía de la minoría en Egipto

En el momento en el que el Presidente Muhammad Morsi emitió su Decreto Constitucional del 22 de noviembre, las líneas de la batalla política en Egipto aparecieron claramente trazadas. Una de las partes estaba mayoritariamente integrada por las fuerzas del Islam político, con el Partido por la Justicia y la Libertad (PJL) al frente, el brazo político de los Hermanos Musulmanes (HM). Pero también incluía a grupos conservadores salafíes como el Partido Al-Nur (Luz) y el Partido para la Construcción y el Desarrollo, así como otros grupos moderados como Al-Wasat (Centro), Al-Hadara (Civilización) y Al-Asalah (Autenticidad).

La otra parte incluía toda una gama de grupos y partidos que iban desde la extrema izquierda a la extrema derecha: los representantes de las fuerzas tradicionales liberales, socialistas y nacionalistas, así como de la iglesia cristiana copta. Irónicamente, también incluía a algunos de los grupos de jóvenes más activamente revolucionarios, como el Movimiento del 6 de Abril, así como poderosos vestigios del derrocado régimen de Hosni Mubarak, a quienes los revolucionarios habían jurado derribar y procesar por corrupción y represión.

Pero lo que reunió a los diversos grupos laicos fue su aversión y odio hacia los HM, quienes en el pasado habían dado a los grupos revolucionarios un sinfín de motivos para fomentar la animadversión hacia ellos. Por ejemplo, haber llegado a un acuerdo tácito con el consejo militar gobernante durante el período transitorio para no darles justificación alguna para tener que retrasar las elecciones; pasar por alto la brutalidad de las fuerzas de seguridad contra los jóvenes revolucionarios durante sus pacíficas protestas; incumplir muchas promesas del pasado, como la de no presentarse a más de un tercio de los escaños del Parlamento, para pasar luego a aspirar a más del 70% de los mismos, y acabar consiguiendo el 43% de los escaños en la cámara baja y el 60% en la cámara alta; prometer no nominar a un candidato presidencial para presentar después dos contendientes, dividiendo a la oposición y obteniendo finalmente la presidencia; prometer formar un gobierno de unidad nacional y terminar nombrando un gobierno dominado por tecnócratas y un puñado de miembros importantes de los HM, etc., etc.

INTENTANDO COMPRENDER LA CONFRONTACIÓN

La crisis actual debe entenderse en el contexto de un amargo conflicto que viene gestándose a lo largo de casi dos años entre esas dos amplias coaliciones políticas. Finalmente, este enfrentamiento llegó a un momento decisivo en la Asamblea Constituyente Constitucional (ACC) encargada de redactar la nueva Constitución. Desde su creación a mediados de junio, se incluyeron representantes de los partidos laicos en los cinco comités existentes en la ACC, sin embargo, al final se quejaron de que las fuerzas islamistas estaban actuando de forma ladina, bien ignorándoles o bien tratando de dominarles. Muchos protestaron también porque la constitución iba a convertir a Egipto en un “estado religioso” a la República Islámica de Irán. Un ejemplo citado con frecuencia era el artículo 219, que explicaba el significado del artículo 2. El artículo 2 afirmaba que “los principios de la Shariah Islámica (Derecho Islámico) son la principal fuente de legislación”, y que fue acordado desde hacía tiempo por todos los grupos políticos de todas las tendencias, incluidos los representantes de los grupos cristianos.

Pero Abulela Madi, presidente del Partido Al-Wasat y miembro de la ACC expuso un argumento falaz en una entrevista celebrada el 3 de diciembre con Al-Jazeera Mubashir Egypt. Madi actuó como mediador de las dos partes en conflicto cuando se llegó a un punto muerto en la interpretación del artículo 2. Según él, acordaron pedir a Al-Azhar, la institución islámica más antigua y más respetada en Egipto, que definiera el término. Posteriormente, el 3 de octubre, ante todos los partidos políticos, se presentó una definición de 16 palabras y, en ese momento, todos los representantes de las fuerzas laicas, incluyendo a Amr Musa, Ayman Nur, Al-Sayid Badawi (la mayoría de los líderes de la oposición laica), así como representantes de las iglesias cristianas, no solo mostraron su acuerdo con la definición de Al-Azhar sino que también firmaron un documento registrando su aprobación. Sin embargo, a principios de noviembre, los representantes de los grupos laicos se retiraron en protesta de la ACC, citando el ya acordado artículo 219 como una de las principales razones de su retirada.

Otra firme objeción citada por los representantes laicos fue el uso de la palabra “estado y sociedad” en cuatro artículos diferentes respecto a ciertas protecciones en las esferas económica o social (por ejemplo, mujeres, niños, trabajadores, etc.). Los laicos se opusieron a la inclusión de la palabra “sociedad” por temor a que ciertos grupos religiosos quedaran constitucionalmente protegidos al tratar de imponer sobre la sociedad su propia interpretación conservadora de las costumbres sociales. Aunque las cuatro cláusulas fueron sacadas directamente de la constitución de 1971 de la era Sadat, las fuerzas islamistas estuvieron de acuerdo en eliminar el término “censurable” en tres de los cuatro artículos, manteniéndolo solo en el artículo que hacía referencia a la protección de la “familia” como piedra angular de la sociedad. Por su parte, los grupos islamistas afirmaron que habían transigido demasiado en esa disputa, mientras los laicos aseguraban que este era un claro ejemplo de cómo los grupos religiosos conservadores podrían abusar de esta cláusula constitucional en el futuro, imponiendo sobre toda la sociedad ciertas interpretaciones religiosas o salafíes.

A primeros de noviembre, como la desconfianza entre las dos partes se iba ensanchando, los grupos laicos llegaron a la conclusión de que podrían conseguir un mejor acuerdo si el Tribunal Constitucional Supremo, durante su sesión del 2 de diciembre, disolvía la actual ACC, como se había rumoreado que ocurriría, o cuando expirara el mandato de seis meses de la ACC el 12 de diciembre..

A mediados de noviembre, según filtraciones de gentes próximas a Morsi, cuando el presidente estaba intentando mediar en esta disputa, recibió informes inquietantes en el momento en que se esforzaba por conseguir un acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamas. Según estos informes, publicados en varias páginas de Internet, incluyendo Al-Taghyeer y Al-Masreyoon, se había celebrado una reunión en la oficina de Murtada Mansur, un destacado y acaudalado abogado y empresario con estrechos vínculos con el régimen anterior y la familia de Mubarak. El pasado año, aunque fue absuelto por falta de pruebas, los fiscales del gobierno le habían acusado oficialmente de ser uno de los cerebros de la “Batalla del Camello”, que se produjo en el punto álgido de la revolución egipcia, cuando decenas de manifestantes acabaron masacrados en la Plaza Tahrir. También ha sido uno de los críticos más feroces de los HM y un firme defensor del anterior régimen, contando con todo el apoyo de su abanderado Ahmad Shafiq (el último Primer Ministro de la era Mubarak y segundo candidato en los resultados de las elecciones presidenciales).

Los informes citaban a otros destacados individuos también presentes en la reunión, como el izquierdista y naserista Hamdein Sabahi, otro candidato presidencial fallido; Mahduh Hamza, una acaudalada figura pública laica muy crítica con los partidos islamistas; Tahani Al-Yabali, juez del TCS, que es también una voz crítica de los HM y defensor del consejo militar durante el período transitorio; el juez Ahmad Al-Zand, presidente del Sindicato de Jueces en El Cairo, que también era un cercano confidente de Mubarak y enemigo jurado de los HM; un antiguo coronel no identificado del aparato de seguridad de Mubarak; así como un ex alto funcionario no identificado de la campaña de Shafiq.

Esos informes aseguraban que existía una avanzada conspiración contra Morsi y los HM. Afirmaban que Al-Yabali compartió con los otros “co-conspiradores” que el TCS iba a disolver tanto la cámara alta del Parlamento (Majlis Al-Shura) como la ACC. También acusaban a los grupos de la oposición laica que se retiraron de la ACC de planear intensificar sus ataques contra los HM y el proyecto de constitución para dar cobertura a la inminente disolución de la ACC. Según todas estas informaciones publicadas, la trama culminó finalmente fomentando el levantamiento popular contra el gobierno de los HM, lo que llevaría a cuestionar la legitimidad de la presidencia de Morsi.

Fue el discurso de Morsi a la nación del 6 de diciembre lo que dio vida a esta supuesta conspiración. En su alocución, dejó entrever esta conspiración afirmando que tenía pruebas de que varios destacados individuos se habían reunido para conspirar contra el Estado. Incluso hizo referencia a la dirección de la oficina del destacado abogado donde se había celebrado la reunión al mencionar la barriada de Al-Dokki en El Cairo, donde Mansur lleva a cabo de hecho sus actividades jurídicas. Morsi prometió entonces en su discurso que el fiscal del Estado haría pronto públicos los detalles de esta conspiración cuando en un futuro cercano se presenten los cargos contra los conspiradores.

Si nos creemos esas informaciones, Morsi habría entonces emitido su decreto constitucional el 22 de noviembre, lo que le dio amplios poderes para anticiparse a lo que él pensaba que era un gran esquema para desestabilizar el país y socavar sus instituciones. Pero solo se discutió su ambicioso decreto dentro de un círculo muy estrecho y cercano a su alrededor. Incluso su vicepresidente, Mahmud Maki, un antiguo juez decano, dijo que él solo había oído hablar del decreto del presidente en las noticias de la televisión.

Indudablemente, la mayoría de los partidos políticos y grupos revolucionarios habrían recibido bien las partes del decreto en que se deshacía del ex fiscal del Estado nombrado por Mubarak, que no había conseguido ni un solo veredicto de culpabilidad contra ningún funcionario u oficial de seguridad del anterior régimen en la matanza de más de mil manifestantes durante los primeros días de la revolución. Muchos grupos políticos habrían también aceptado la prórroga de dos meses concedida al ACC para que completara sus trabajos en medio del desacuerdo entre sus filas.

Pero lo que la mayoría rechazó fueron los artículos 2 y 6 del decreto. El artículo 2 blindaba las decisiones del presidente ante cualquier control judicial, mientras que el artículo 6 le concedía los amplios poderes que él considerara necesarios para defender la nación y asegurar la tranquilidad y estabilidad hasta que se eligiera un nuevo Parlamento. Al principio, Morsi razonó que esa cláusula era necesaria para frustrar un peligroso complot, no especificado, contra el Estado. También afirmó que utilizaría esos poderes en el sentido más estricto posible. Sostuvo además que nunca habría estabilidad en Egipto si las instituciones elegidas eran repetidamente disueltas por el Tribunal Supremo de la era Mubarak, como había ocurrido con la cámara baja del Parlamento y con la primera ACC. Así pues, defendió que había incluido esa cláusula porque quería blindar de nuevas interferencias judiciales esas instituciones elegidas a nivel popular.

LA OPOSICIÓN LUCHA Y LOS PARTIDARIOS DE LOS HM CONTRAATACAN

Hubo tres tipos de oposición al decreto presidencial. El primero consideró poco recomendables los extraordinarios poderes asumidos por el Presidente, al establecer un mal precedente, e innecesario, ya que un decreto constitucional, por su propia naturaleza, no puede ser revisado por los tribunales. Representó este punto de vista el ex candidato presidencial Dr. Abdelmoneim Abul Futuh, así como otras destacadas figuras públicas, como el escritor y columnista Fahmy Howaidy, el experto constitucional Tharwat Badawi y el ex presidente del Sindicato de los Jueces, el juez Zakaria Abdelaziz.

El segundo tipo de oposición estuvo representado por los grupos y partidos tradicionales e individuos laicos que encontraron una brecha en sus incesantes esfuerzos por desarticular y deshacer el naciente dominio de los HM y del Partido por la Justicia y la Libertad. Denunciaron los asumidos poderes presidenciales y los describieron como el comienzo de una potencial dictadura fascista. Por ejemplo, el ex miembro del Parlamento y famoso portavoz laico, el Dr. Amr Hanzawy, tuiteó que Morsi era peor que Hitler. El Dr. Mohammad Al-Baradei, ex director de la AIEA y presidente del partido liberal Al-Dustur, llamó a Morsi nuevo faraón y un dictador peor que Mubarak.

El tercer tipo de oposición fue la de los fulul, o vestigios del anterior régimen, que se habían quedado acechando al fondo esperando el momento adecuado para reconquistar el poder perdido. Desde el declive de los días de la revolución, no fue sino hasta la pasada primavera cuando se reunieron alrededor de Shafiq en su empeño por convertirlo en presidente pero fueron finalmente derrotados a pesar de recibir el apoyo del consejo militar, del denominado estado profundo y de los oligarcas, y de gastar cientos de millones de dólares de sus ilegalmente obtenidas riquezas en la fracasada campaña (a pesar del hecho de que la comisión electoral permitía un límite de gasto máximo de 2 millones de dólares).

Cuando Morsi emitió su decreto presidencial, los dos últimos grupos formaron velozmente una amplia coalición bajo el nombre de Frente de Salvación Nacional (FSN). Sus dirigentes principales incluían a Musa, El-Baradei, Sabahi, Nur, El-Sayid Badawi, así como individuos vinculados a Shafiq y al régimen anterior. En una extraña muestra de unidad, la mayoría de los grupos laicos, que incluían a muchos grupos de jóvenes revolucionarios, siguieron su ejemplo y se unieron al FSN. Pero muchos críticos sostienen que lo que unió a estos diversos y enconados grupos fue su odio hacia los HM y otros grupos religiosos. Su estrategia común fue sencillamente salir a la calle e iniciar una intensa campaña pública para desalojar a Morsi y a los HM del poder, de forma parecida a los primeros días de la revolución contra el régimen de Mubarak.

Así pues, en la semana posterior al decreto de Morsi, decenas de miles de seguidores de los grupos laicos tomaron las calles pidiendo la cancelación y disolución de la ACC. Aunque eran en gran medida manifestaciones pacíficas, dos jóvenes, de 15 y 17 años, murieron junto a una persona de cada campo (laico e islamista). La respuesta de las fuerzas islamistas fue acelerar la aprobación de la nueva constitución celebrando una sesión de diecinueve horas de duración para aprobar sus 236 artículos entre el jueves 29 y el viernes 30 de noviembre.

Los grupos laicos, que habían ocupado la Plaza Tahrir desde el 23 de noviembre, aumentaron después sus demandas al incluir el rechazo de la nueva constitución y pedir la destitución de Morsi por negarse a aceptar sus demandas y por la aprobación de la constitución por sus partidarios.

A medida que la batalla iba tomando forma en las calles, los grupos islámicos celebraron el 1 de diciembre en la Plaza Nahda, frente a la Universidad de El Cairo, su propia manifestación masiva en apoyo del presidente y de la nueva constitución. El número de personas en esta manifestación empequeñeció al de la oposición laica en la Plaza Tahrir. Según expertos neutrales, la cifra pudo ir de uno a dos millones, aunque algunos incluso afirman que por toda la nación llegaron a ser seis millones de manifestantes. Por la noche, una pantalla inmensa en la plaza mostraba la reunión del presidente con miembros de la ACC recibiendo oficialmente una copia del proyecto de constitución. Entonces, el presidente anunció con prontitud que el 15 de diciembre el país votaría la nueva constitución en un referéndum público. Mientras los manifestantes de la Plaza Nahda bramaron y aplaudieron en apoyo de esta decisión, los manifestantes de la Plaza Tahrir abuchearon y condenaron el mismo acto, un contraste que se mostró mediante pantalla dividida en numerosos canales de televisión.

Si el objetivo de los manifestantes islamistas era mostrar qué parte contaba con más apoyo popular en la calle, este objetivo se cumplió fácilmente. Pero si la manifestación perseguía presentar un rostro moderado a la gente a fin de calmar cualquier preocupación o temor de inminente autoritarismo religioso, ese objetivo fracasó de forma miserable. Muchos de los gritos y discursos durante la manifestación sirvieron sencillamente para solidificar las ansiedades y aprensiones entre los grupos laicos. Muchos observadores neutrales, como los asesores presidenciales Ayman Al-Sayad y Ismat Saif al-Dawalah vieron esto como una muestra de feo fascismo religioso. Cuatro asesores presidenciales no partidistas, incluyendo los dos anteriores, dimitieron poco después.

Después de su enorme exhibición de apoyo público, decenas de miles de islamistas abandonaron la Plaza Nahda y a primera hora de la mañana estaban celebrando otra manifestación frente al Tribunal Constitucional Supremo (TCS). Ese día (2 de diciembre), el alto tribunal tenía previsto celebrar una sesión sobre la constitucionalidad de la Majlis Al-Shura y de la ACC. Los partidarios de Morsi temían que si el TCS disolvía ambos órganos, podría producirse una crisis constitucional. Temiendo por sus vidas a causa de los feos gritos frente al edificio del tribunal, los jueces del TCS suspendieron airadamente su trabajo por tiempo indefinido.

Al día siguiente, las fuerzas laicas dirigidas por el FSN llamaron a una contramanifestación frente al palacio presidencial “Al-Ittihadiyyah” para asediar al presidente de la misma forma que los manifestantes islamistas habían asediado a los jueces. El martes 4 de diciembre, miles de indignados manifestantes rodearon el palacio presidencial exigiendo el fin del gobierno de los HM y la caída de Morsi. Mientras tanto, se saquearon e incendiaron muchas oficinas del PJL y de los HM.

El miércoles 5 de diciembre, los partidarios de Morsi llegaron por miles frente al palacio presidencial y con la caída de la noche estalló rápidamente la violencia entre los grupos, provocando seis muertos y más de 700 heridos. Un funcionario del PJL informó que todos los muertos eran partidarios de los HM y que había más de 1.500 heridos por toda la nación. El dirigente de los HM y destacado abogado Sobhi Saleh resultó brutalmente golpeado y acusó a sus oponentes de intentar asesinarle. De forma parecida, los grupos laicos acusaron a los HM de instigar la violencia de las turbas mientras sus seguidores trataban de limpiar de grupos laicos toda la zona alrededor del palacio presidencial mientras plantaban sus tiendas de campaña. Lo que resulta increíble es la ausencia de las fuerzas de seguridad durante todas estas refriegas callejeras por miedo a que las unidades de la seguridad del estado mataran o hirieran a los manifestantes.

En un posterior discurso a la nación, el Presidente Morsi dijo que entre los heridos había 61 personas con heridas de bala bien de fuego real o balas de goma de matones que se habían infiltrado entre los manifestantes. También afirmó que muchos coches presidenciales fueron atacados e incendiados y que la policía había arrestado posteriormente a 80 “matones” entre los manifestantes que confesaron estar pagados para disparar contra los manifestantes e instigar la violencia. Insinuó que los fulul estaban detrás de esos matones y juró que quienes estuvieran detrás de esa instigación de la violencia serían detenidos y juzgados.

HABLA EL PRESIDENTE

Durante la confrontación, las ondas de la televisión se inundaron de iniciativas destinadas a calmar la inminente explosión. Por vez primera desde la revolución, existe el temor de un peligro real de enfrentamiento civil cuando no de una guerra civil en toda regla. Los líderes de la oposición del FSN se apiñaban ante el Partido Al-Wafd en la mañana del 6 de diciembre. Pero a media tarde, su portavoz agravó la situación y acusó a los HM de instigar la violencia el día anterior. También hizo votos de insistir no solo en sus exigencias de anular el decreto presidencial y cancelar el referéndum sobre la constitución, sino también de derribar la presidencia de Morsi. Después rechazó todos los llamamientos a participar en un diálogo nacional con el presidente o con sus partidarios políticos. El portavoz convocó finalmente protestas masivas para el viernes 7 de diciembre en todas las plazas de Egipto con objeto de derrocar al gobierno de Morsi.

Mientras tanto, el Dr. Abul Futuh celebró una conferencia de prensa rechazando algunos aspectos del decreto presidencial, es decir, los artículos 2 y 6, aunque afirmó la legitimidad de la presidencia de Morsi. Pidió a la oposición que dejara de ajustar cuentas con los HM, rechazara la infiltración de los fulul entre ellos e hiciera una oposición civilizada y no violenta. También anunció que su partido rechazaría la constitución debido a las concesiones dadas al ejército en el borrador, así como por la falta de compromiso real en la constitución para llevar la justicia social a los pobres de Egipto.

A continuación, mientras el Presidente Morsi se dirigía a la nación en la tarde del jueves 6 de diciembre, alrededor de miles de matones de los fulul, en lo que parecían ser esfuerzos coordinados, atacaron e incendiaron varios edificios de los HM por todo Egipto, incluida su sede en El Cairo, lo que inflamó más aún a los miembros y partidarios de los HM. El discurso de Morsi era su primer discurso a la nación sobre los problemas más graves a que se enfrenta el país. Empezó su discurso rechazando la violencia y pidiendo a todos los partidos que se adhirieran de forma civilizada para resolver sus diferencias, aunque afirmando el derecho a disentir y a la protesta pacífica. Dio algunos detalles sobre las víctimas de las violentas confrontaciones del día anterior y reveló que se había descubierto una conspiración de los fulul y que el fiscal general expondría pronto el alcance del complot que pretendía socavar las instituciones del Estado y extender los enfrentamientos internos.

También se refirió al decreto presidencial y reconoció que era legítima la oposición a los amplios poderes que concedía al presidente pero que esos poderes eran probablemente innecesarios porque tenía ya suficiente autoridad para enfrentar cualquier inestabilidad en el país. Afirmó después que una vez que hubiera comenzado un diálogo nacional con la oposición no insistiría en el artículo 6 y estaría dispuesto a revocarlo. En cuanto al artículo 2, afirmó que solo pretendía proteger las decisiones presidenciales soberanas, no las típicas del ejecutivo, de los tribunales. Y que esa interpretación era ya un principio establecido confirmado por los tribunales. Sin embargo, desde el principio de la crisis, muchos grupos de la oposición tenían dos demandas principales: la anulación del decreto y la cancelación del referéndum hasta que se alcanzara un consenso sobre los artículos controvertidos de la constitución.

Hay que destacar, que el discurso de Morsi abordó ambas preocupaciones y ofreció concesiones reales en ambos frentes. Al principio, Morsi, después de emitir su decreto, afirmó que solo anularía su decreto después de la elección de un parlamento. Eso significó que el decreto estaría en efecto en vigor al menos hasta la próxima primavera, una vez que se apruebe el referéndum sobre la constitución y se celebren elecciones parlamentarias en un plazo de dos meses, como se proponía en la nueva constitución.

Pero en su discurso del jueves, Morsi declaró que rescindiría su decreto una vez que el pueblo votara el referéndum constitucional del 15 de diciembre, independientemente del resultado de la votación. Es decir, que prometió acceder a la primera exigencia de la oposición en un plazo de nueve días, sin que mediara concesión alguna por parte de ésta. Sin embargo, la oposición sostuvo que ese compromiso no era sino una estratagema porque sabía que se iba a aprobar el referéndum por un amplio margen y que entonces, en cualquier caso, el decreto sería irrelevante.

En cuanto al referéndum constitucional, el presidente ofreció otra zanahoria a la oposición, llamando a un diálogo nacional entre todos los grupos políticos que podría celebrarse en el palacio presidencial el sábado 8 de diciembre. Dijo que los participantes podrían plantear cualquier preocupación y que en la agenda, sin condiciones previas, podría abordarse cualquier cuestión. Además, afirmó que estaba abierto a todas las opciones sobre cualquier tema siempre y cuando se llegara a un consenso entre las diferentes partes en conflicto. Por otra parte, instó a todos los grupos políticos a participar a fin de trazar una nueva hoja de ruta para el futuro del país. Finalmente, prometió que si el pueblo rechazaba el referéndum constitucional del 15 de diciembre, no nombraría a la próxima ACC como contemplaba el anterior decreto emitido por el ejército. En cambio, llamó a alcanzar un consenso sobre este órgano entre todos los grupos políticos nacionales o, si esto no fuera posible, pedir al pueblo que eligiera directamente la próxima Asamblea Constitucional Constituyente que se encargue de redactar la nueva constitución.

A primera hora de la mañana, el Vicepresidente Maki había dado una conferencia de prensa en la que ofreció lo que denominó como vía constitucional para resolver los artículos en disputa en el nuevo proyecto constitucional. Propuso que se formara un comité de tres expertos constitucionales y que cada una de las partes nombrara a uno de ellos y que el tercero resultara aceptable para ambas partes. Luego pidió que ambas partes hicieran una propuesta de redacción de los entre diez y quince artículos en disputa que se someterían a este comité. Por su parte, el comité estudiaría ambas versiones y propondría una redacción de compromiso a los artículos en disputa. Dijo después que todos los grupos políticos debían comprometerse a aceptar el resultado que decidiera este comité y estar dispuestos a apoyarlo en el nuevo parlamento, ofreciéndoselo a la gente en forma de enmiendas a la constitución en un futuro referéndum. En su discurso, Morsi dejó entrever que aceptaría esa propuesta.

Después del discurso, quedó claro que la oposición estaba dividida. Ayman Nur, del Partido Al-Ghad y El-Sayid Badawi, del Partido Al-Wafd, se mostraron dispuestos a dialogar. Sabahi, El-Baradei, el Movimiento Revolucionario de Jóvenes del 6 de Abril y algunos grupos afiliados a los fulul rechazaron el diálogo sin pensárselo dos veces y llamaron a nuevas manifestaciones. El FSN no respondió de inmediato, pero Musa dijo que iba a hablar con sus socios.

Después del discurso, el Ministro de Justicia de Morsi, el juez Ahmad Maki, anunció que el Presidente estaba abierto a todas las opciones si la oposición se comprometía a participar en el diálogo, incluyendo el aplazamiento del referéndum constitucional en espera de la resolución de los artículos en disputa, siempre y cuando se alcanzara un amplio consenso nacional. Maki presentó además un mecanismo para este proceso. Dijo que si durante el diálogo nacional del 8 de diciembre se llegaba a un amplio acuerdo entre las diferentes partes, el presidente estaría abierto a emitir un nuevo decreto constitucional que aplazaría el referéndum constitucional para dar más tiempo para poder resolver los artículos controvertidos del actual borrador.

ACEPTANDO LAS REGLAS DE LA DEMOCRACIA

Quizá muchos de los dirigentes laicos se muestran cautos ante este curso de acción porque saben que al final no van a poder ganar en las urnas. Uno de sus portavoces destacados, Hamzawy, dijo recientemente en la televisión nacional que no podía confiar en el juicio de la gente porque los partidos islamistas les habían lavado el cerebro. Y ahí radica el quid del problema.

Morsi, los HM, y otros partidos islamistas tienen mucha confianza en las urnas y siempre aseguran que el mejor modo de resolver cualquier diferencia política es someterla a la voluntad del pueblo. Razonan que las reglas de la democracia dictan que las disputas políticas se resuelven siempre en las urnas. En este particular caso, Morsi pidió que se dejara al pueblo decidir el destino de la nueva constitución y, en caso de que no se ratificara, pidió a los ciudadanos que eligieran a cien personas encargadas de redactar una nueva constitución.

Mientras tanto, las fuerzas laicas sostienen de forma correcta que los documentos constitucionales son documentos vivos que representan el contrato social entre el estado y todos los segmentos de la población y no puede estar sujeto a las reglas del voto de la mayoría y la minoría. Aunque muchos grupos islamistas están de acuerdo con esta noción, se hacen la siguiente pregunta: ¿Cómo vamos finalmente a resolver nuestras diferencias si no podemos alcanzar un consenso?

Aunque hay varios artículos en la constitución que es preciso revisar y enmendar, no es creíble la idea de que esta constitución sienta las bases para la creación de un estado religioso, como proclaman algunos grupos laicos. Sin embargo, los partidos islamistas, especialmente los HM, tienen que ser más abiertos y humildes en sus relaciones con los otros grupos para poder apaciguar sus temores y preocupaciones. Por tanto, el mejor curso de acción podría ser aceptar la propuesta del Vicepresidente Maki de llegar a un compromiso acerca de los artículos en disputa para poder alcanzar un consenso.

En cuanto a las fuerzas laicas, tienen que hacer frente a la realidad y aceptar la voluntad del pueblo en un nuevo Egipto libre. Si su visión y programas para el país son mejores que los de los partidos islámicos, entonces tienen que convencer al electorado egipcio y empezar a ganar elecciones y referéndums. No pueden afirmar estar a favor de la democracia y rechazar sus resultados o aclamar sus principios mientras socavan su sistema o eluden sus reglas.

 Esam Al-Amin

CounterPunch

Traducido para Rebelión por Sinfo Fernández