El escándalo de corrupción y reventa de drogas incautadas que ya ha costado la salida de dos altos funcionarios de la PDI viene a dar otro argumento para que cese la perdida “guerra contra las drogas”. El analista de la Red Chilena Reducción de Daños, Ibán de Rementería, nos pone al día en la discusión internacional que, pese a los contundentes argumentos antiprohibicionistas, aún genera fuertes resistencias del establishment de la UNODC.
A nivel internacional ha habido un llamamiento hecho por los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, de Brasil, Colombia y México respectivamente, el ex Secretario General de la Naciones Unidas, Kofi Annan, a los cuales se han unido el ex Presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos de América, Vicente Fox ex Presidente de México , Ricardo Lagos ex Presidente de Chile, el premio Nobel peruano Vargas Llosa, así como decenas de importantes políticos, diplomáticos, científicos e intelectuales internacionales, quienes propusieron en junio del 2011 “comenzar con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas. Reemplazar las políticas y las estrategias de drogas orientadas por la ideología y la conveniencia política, por políticas económicas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos”.
Desde el pasado 1º de octubre ya contamos con una convocatoria de Estado para cambiar las actuales normas internacionales que rigen la prevención y el control de drogas. La Cancillería de México ha hecho pública la voluntad de los Gobiernos de Colombia, Guatemala y México en torno al asunto de las drogas, quienes entre otras cosas declaran “que a pesar de los esfuerzos emprendidos por la comunidad internacional a lo largo de décadas, el consumo de esas sustancias sigue incrementándose a nivel global, lo que genera cuantiosos ingresos para las organizaciones criminales en todo el mundo”.
Estos gobiernos de la región, gravemente afectados por el tráfico de drogas y, sobre todo, por la “guerra” que ha pretendido controlarlo, demandan: “que, en consecuencia, resulta inaplazable revisar el enfoque mantenido hasta ahora por la comunidad internacional en materia de drogas, con el fin de detener los flujos de dinero proveniente del mercado ilícito de drogas”.
Además “que esa revisión debe realizarse con todo rigor y responsabilidad, sobre bases científicas, con el fin de establecer políticas públicas eficaces en este ámbito”.
Finalmente, la declaración política propone las siguientes tres acciones a ejecutar: “Que la Organización de las Naciones Unidas debe ejercer el liderazgo que le corresponde en este esfuerzo y conducir una profunda reflexión que analice todas las opciones disponibles, incluyendo medidas regulatorias o de mercado, a fin de establecer un nuevo paradigma que impida el flujo de recursos hacia las organizaciones del crimen Organizado”.
En el punto 11 señalan que “en este sentido, los Gobiernos de Colombia, Guatemala y México invitan a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas a emprender a la brevedad un proceso de consultas que permita hacer un balance de los alcances y las limitaciones de la política vigente, así como acerca de la violencia que generan la producción, el tráfico y el consumo de drogas en el mundo”.
Luego dicen que “consideramos que estos resultados deberían culminar en una conferencia internacional que permita tomar las decisiones necesarias a fin de dar mayor eficacia a las estrategias y los instrumentos con los que la comunidad global hace frente al reto de las drogas y sus consecuencias”.
La burocracia internacional de las drogas en la defensa de sus intereses ha reaccionado de la siguiente manera ante las demandas y propuestas de esos tres gobiernos: “Nosotros no tenemos capacidad de cambiar las leyes internacionales”, afirmó Yury Fedotov director ejecutivo de la UNODC –organismo de las Naciones Unidas encargado del tema de las drogas y el delito- quien descartó la idea de revisar la Convención Única de Estupefacientes, la cual sirve de guía para las normas internas de regulación de drogas en los países.
Fedotov agregó aquel que “es necesario entender completamente la relación entre el desarrollo, el Estado de Derecho y la seguridad. Las drogas y el crimen también son temas de desarrollo (…) La delincuencia crónica empobrece a las naciones alejando los negocios”.
Asimismo, Fedotov afirma: “lo que causa la violencia es el cambio en el equilibrio de poder entre los grupos territoriales (de narcotraficantes)”. Concluyendo con: “La delincuencia ha llegado a ser una amenaza directa para la gobernanza democrática en la región”.
La afirmación contra evidente y que se quiere instalar desde la ONU como una profecía auto cumplida tanto en Colombia, como en Centroamérica y México es aquella que le atribuye la violencia generalizada al enfrentamiento entre las bandas de narcotraficantes. No, la violencia generalizada, que victimiza principalmente a civiles que ni son narcotraficantes ni pertenecen a la fuerza de orden, está causada por el discurso y la práctica de la “guerra contra las drogas”.
Esta es la otra guerra antidroga entre los burócratas y otros beneficiarios de la misma que se enfrentan a la sociedad civil y algunos gobiernos que quieren ponerle fin a una guerra que produce varias veces más víctimas que el uso de las drogas.
Por aquí, en este país, aflora la otra cara de la guerra de las drogas: el negocio de la persecución y control del narcotráfico. Por una parte, en el Ministerio del Interior, Subsecretaría de Interior, se descubre un gran fraude al fisco por la compra de equipos para la lucha antidrogas donde aparecieron sobre precios, pagos de sobornos y tráfico de información privilegiada, que compromete recursos públicos por 4.104 millones de pesos.
Estos hechos han implicado gravemente a tres altos funcionarios del llamado Plan Frontera Norte, que se supone defenderá a la nación del narcotráfico proveniente de Bolivia y Perú, quienes han debido renunciar. Por otra parte, se descubre a diez funcionarios de la Policía de Investigaciones implicados en tráfico de drogas, protección a narcotraficantes y apropiación indebida de drogas y otros recursos mediante la práctica reiterada de la detención ilegal, la tortura y la extorsión de aquellos.
Además, se han perdido cientos kilos de drogas depositadas en los Servicios de Salud, hecho que se destapó porque un Carabinero “antidrogas” le compraba la “merca” a una funcionaria sanitaria “antidrogas” encargada de su custodia, luego se la vendía a su “informante antidrogas” quien la comercializaba entre los microtraficantes. Todo esto mientras cada año son detenidas 80.000 personas por infracción a la ley de drogas, el 90% de ellas por fumar o portar marihuana, el 75% de ellos menores de 25 años.
El hecho más grave aquí es la implicación de diez funcionarios policiales en las prácticas de lo que la gran prensa llama eufemísticamente: “Extorsión a narcotraficantes y así obtener dinero ilícito”; con “quitadas” y “mexicanadas” de las fuerzas públicas en contra de los narcotraficantes comenzaron todas las “guerras de las drogas” en Colombia, Centroamérica, Brasil y México. Guerra que como lo ha dicho recientemente Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU, solo ha traído “Muerte y fracaso”.
Ibán de Rementería
Secretario Ejecutivo
Red Chilena Reducción de Daños
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