Las excusas del combate a las drogas en Colombia

Un escenario importante de las políticas de drogas ha sido Colombia en las últimas décadas. País con un conflicto interno, con bases militares de EE.UU. en su territorio y décadas de combate a las drogas prohibidas, es analizado por el sociólogo Ricardo Vargas, quien llama la atención en los énfasis puesto durante el gobierno de Álvaro Uribe, los intereses detrás de la recuperación de territorios a la guerrilla y el fracaso de la guerra a las drogas.

Pese a que en Uruguay sólo falta la aprobación del Senado para legalizar un mercado regulado de cannabis, las políticas de drogas en Latinoamérica siguen enfocadas en la represión y la patologización del consumo. Un actor clave en la región es Colombia, país que fue pionero en la década de los ’90 en permitir el porte personal de sustancias declaradas ilícitas, pese a que la policía no respeta mucho dicha normativa.

Conversamos hace algún tiempo con Ricardo Vargas Meza, sociólogo y director de Acción Andina Colombia, quien se ha dedicado a analizar las diversas aristas del narcotráfico, las fumigaciones asociadas al Plan Colombia y las políticas antidrogas. Investigador asociado al Transnational Institute, ha publicado Fumigación y Conflicto: Política Antidrogas y deslegitimación del Estado en Colombia (1999); Drogas, Conflicto Armado y Desarrollo Alternativo (2003); Narcotráfico, guerra y política antidrogas (2005); Desarrollo Alternativo en Colombia y Participación Social: Propuestas hacia un cambio de estrategia (2010).

En Colombia el pasado gobierno de Álvaro Uribe y hoy el del presidente Juan Manuel Santos concentran las políticas de drogas y su evaluación en la erradicación de cultivos ¿es la variable más pertinente?

– Evaluar la efectividad de las políticas de drogas en la extensión o disminución de los cultivos es una trampa. Hay otras dimensiones como la dimensión del tráfico, el lavado de activos, el control del territorio que también tienen importancia. Creo que centrar la medición en el aumento o disminución de cultivos es una instrumentalización política de los datos. Prima el mostrar resultados éxitosos que avalen y garanticen la continuidad de la política represiva. Es sólo para asegurar el éxito de la estrategia seguida.

Ricardo Vargas

El gobierno de Uribe apoyó su supuesto triunfo en la erradicación de cultivos…

– El gobierno de Uribe hizo una reforma para destinar tierras donde se cultivaba coca a otros tipos de cultivo. Fue un fracaso rotundo. Buena parte de las incautaciones proviene de esos mismos terrenos. Hoy hay mucha tierra que han comprado los narcos para lavar dinero. Es un dato real, pese a que no hay siquiera cifras exactas o se han podido establecer los límites de las tierras compradas por los narcos.

¿Qué elementos se están dejando de lado en el análisis?

– La política antidrogas está interrelacionada con complejas variables económicas, políticas, socioculturales y de conflictos internos.

¿Qué expectativas tiene de las mudanzas en el régimen de control del cannabis?

– Es algo positivo, pero también veo que a la larga el cambio de régimen respecto del cannabis podría generar un efecto de estigma y radicalización mayores contra la heroína y la cocaína. Esto implica que no se cambia en absoluto la idea de guerra contra el cultivo, el procesamiento, el tráfico y el uso.

¿Qué aristas del Plan Colombia están ensombrecidas?

– La fortaleza de las organizaciones del tráfico que ha aumentado en el último tiempo, también la capacidad de enviar drogas ha subido en las rutas hacia EE.UU. y Europa. Otra cosa es el lavado de activos.

CONFLICTO ARMADO

En su trabajo hace mucho énfasis en la relación entre el conflicto armado de Colombia y la economía de las drogas.

– La particularidad de las drogas y el conflicto armado del caribe colombiano se da en tres niveles: hay una vinculación con lo que se llama el circuito de drogas, que son las zonas de control para establecer cultivos, estructuras de seguridad que son prestadas por la guerrilla o los grupos paramilitares. Ellos han tenido un beneficio económico con eso. Otro problema son como afecta esto a los recursos de Colombia, el tema del control político local, de las elecciones de alcaldes y en las asambleas. Hay un peso muy importante en esos factores. Así la gobernabilidad se ve seriamente afectada por la capacidad de control que tienen, la que a su vez se basa en las inversiones que han hecho y el control de las rutas por donde sale la producción.

La estrategia ha sido quitar territorios a las guerrillas.

– El apoyo de EE.UU. en el combate a las drogas en Colombia ha orientado los recursos de ‘ayuda social y económica’ en articulación con la Estrategia de Consolidación de Territorios, idea concebida e implementada por Uribe para ganar terrenos a la guerrilla.  Esto implica que más que priorizarse zonas donde hayan cultivos declarados ilícitos, lo fuerte es privilegiar la acción militar del Estado en el control de territorios ricos en  recursos mineros o que sirvan para afianzar una agroindustria exportadora.

NARCOPOLÍTICA

A principios del ’90 se decía que el 30% del Congreso estaba ligado con el Cartel de Cali. ¿Hoy se tiene alguna estimación?

– Mancuso, uno de los paramilitares que dió su testimonio cuenta eso. Hoy creo que se mantiene el 30 por ciento de influencia.

Pese al plan de Uribe…

– Es porque, como decía recien, el Plan Colombia no tiene políticas para el tema del tráfico, se ha centrado en los cultivos y en las platas que recoge la guerrilla. Si por una lado tienes un discurso muy radical sobre los cultivos, pero guarda silencios en la relación entre los narcos y la política.

¿Cómo se da esta relación?

– En las campañas electorales. Todo el mundo sabe que el PIN tiene un vínculo muy fuerte con los narcos.

Uribe se preocupó de articular el discurso de que el narcotráfico financia la guerrilla.

– Eso esconde otras dimensiones del problema. Fue un pretexto para aplicar el objetivo ideológico del gobierno de Uribe, centrado en el combate a la guerrilla. En ese marco, los narcos se fortalecieron en asociación con los paramilitares.

El Cartel de Medellín fue sustituido por el Cartel de Cali y así sucesivamente. La aplicación de políticas represivas generan el efecto globo, que al presionar por un lado, se abulta por otro. ¿Por donde se está hinchando el globo actualmente?

– Siempre alguien se va a encargar del negocio. Hay muchas cabezas. Creo que serán unas 15 cabezas regionales, además de una cantidad de narcos que están más invisibles, que no han sido identificados. Hay un efecto de expansión en Colombia y afuera, desde Panamá a Centroamérica, un efecto de dominó.

¿Se han desplazado las rutas del tráfico?

– Mas que desplazarse, se han ampliado, ahora tienen más opciones para las rutas

¿Se aplica en Colombia el permiso para el porte y consumo personal sancionado por la Corte Constitucional en los ’90?

– Esa norma quedó en el documento. Nunca se hizo una reglamentación, se desperdició la oportunidad de llevarla a la práctica. Quedó como en el aire.

¿Y qué rol cumplen los medios en esta situación?

– Hay mucha ignorancia en el tema, no hay apropiación de información científica sobre el asunto, creo que hay mucho prejuicio por parte de los medios. Hace poco algunos se están abriendo a poner visiones alternativas.

Mauricio Becerra R.

@kalidoscop

El Ciudadano

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