Tras la demanda presentada a principios de año por la Fundación Nacional del Indio, organización destinada a defender los derechos de los pueblos originarios, la justicia brasileña determinó la salida de los invasores de su territorio al suroeste de Pará
La Abogacía General de la Unión (AGU) anunció la obtención de dos mandatos que obligan a los invasores de las Tierras Indígenas (TI) Arara da Volta Grande do Xingu y Trincheira-Bacajá – en los municipios Senador José Porfírio y São Félix do Xingu, en el sureste de Pará – a abandonar los territorios. Si no se van, la orden obtenida garantiza el uso de la policía para desalojar a las personas.
Según la AGU, la retirada de los invasores es fundamental, porque «la presencia de no indígenas en las tierras aumenta el riesgo de conflictos, además de fomentar la ocupación por más invasores». La agencia también señala que el IT Arara ha sido objeto de ocupación irregular durante cuatro años y que la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) incluso ha adoptado medidas para el desalojo voluntario, pero los invasores insistieron en permanecer en la zona, llevando a cabo la pesca, la caza y la deforestación.
El Tribunal Civil y Penal de Altamira ordenó el restablecimiento de la posesión del Arara IT bajo pena de una multa diaria de R$100. La solicitud de interdicto preliminar de TI Trincheira-Bacajá, del pueblo indígena Xikrin, fue aceptada por la Sala de lo Civil y lo Penal de la Subsección Judicial de Redención, estipulando una multa diaria de R$1 mil.
Historia
El 25 de enero, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) presentó una demanda de embargo a favor del pueblo Xikrin contra los invasores que estaban avanzando en su territorio. La gente invadió la zona con armas pesadas, construyó casas y prendió fuego para abrir pastos dentro de la reserva. La acción comenzó en Altamira, pero fue enviada al Tribunal Federal de Redenção.
Este territorio es también uno de los afectados por la central hidroeléctrica de Belo Monte, según el Ministerio Público Federal (MPF).
El 21 de agosto de este año, jefes y guerreros se dirigieron al lugar de las ocupaciones ilegales, en el borde suroeste del IT, cerca de la aldea de Rap-Ko, para pedir el desalojo de los invasores.
Después de un fin de semana de tensión, los líderes de Xikrin fueron a Altamira y reportaron haber sufrido amenazas. En respuesta, el MPF envió una solicitud a los tribunales para que las fuerzas de seguridad tomaran medidas urgentes a fin de evitar un conflicto en la zona de Reach-Bacajá.
El 28 de agosto de 2019, las autoridades sobrevolaron las tierras indígenas y verificaron las invasiones. Cinco días después, el MPF se manifestó en el proceso de reintegración de la posesión de la FUNAI y pidió al Tribunal Federal que concediera un mandato judicial urgente a favor de los indígenas.
Cortesía de Catarina Barbosa Pressenza
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