Los grilletes nunca detendrán la inmigración

En medio de la crisis, existe una tendencia a “criminalizar la inmigración” y a acusar a los extranjeros “de ser los causantes de muchos de nuestros problemas sociales o económicos”, aseguraba recientemente la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

En España, se han adoptado medidas que sugieren que los inmigrantes, gracias a los cuales se registró un espectacular crecimiento económico en los últimos quince años, ya no son tan necesarios y por tanto deben marcharse. El Gobierno socialista, después de realizar una regularización masiva que le valió críticas desde varios frentes, cambió de rumbo a partir de la crisis. Primero limitó los derechos para el reagrupamiento familiar y después puso un plan para devolver a sus países a aquellos inmigrantes que lo solicitaran voluntariamente.

Más tarde, los medios de comunicación revelaron la existencia de un documento remitido por el ministerio de Interior a las comisarías de Policía de Madrid en el que se fijaban “cupos mínimos” de arresto y detención de inmigrantes. Esto, según denuncian diversas ONG, se tradujo en un gran número de detenciones arbitrarias que en muchos casos se producían en los alrededores de consulados y embajadas donde los inmigrantes, la mayoría de ellos latinoamericanos, acudían para realizar las gestiones necesarias para regularizar sus papeles.

Recientemente se aprobó una nueva Ley de Extranjería que, aunque protege con mayor rigor algunos de los derechos de los inmigrantes, amplía a 60 días el periodo máximo de detención en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Es decir,  que aquellos inmigrantes que no tienen sus documentos en regla pueden ser privados de su libertad durante un periodo de dos meses (y posteriormente expulsados a sus países) sin que se les imputen cargos de ningún tipo ni se les lleve ante un juez. Y esto a pesar de que el código penal español no establece como delito el hecho de no tener los documentos en regla, tan sólo es reconocido como una falta administrativa.

Además, y a diferencia de lo que ocurre en las prisiones españolas, las ONG no tienen autorizado el acceso para prestar servicios sociales a los detenidos en los CIE y denuncian que los regímenes de visitas son muy restrictivos. Se les recluye con mayor dureza que a los criminales sin haber cometido delito alguno.

El Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció recientemente que el 32% de los detenidos en estos centros en 2008 habían sufrido malos tratos físicos y verbales, y que un 4% había sido víctimas de torturas.

La puesta entre rejas de inmigrantes indocumentados es una práctica generalizada en todo el mundo, pero no deja de ser una vulneración de los derechos fundamentales de los inmigrantes.

“La tendencia a criminalizar la inmigración irregular y a utilizar las detenciones para tratar de evitar que más personas emigren probablemente aumentará”, reconoce la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. La triste conclusión, dice, “es que muchos de nosotros vemos a los inmigrantes, especialmente a los más pobres, como seres humanos de segunda categoría a los que no reconocemos los mismos derechos que al resto de personas”.

No sólo es que la crisis no la hayan ocasionado los inmigrantes, sino que ellos son los más afectados. A pesar de que la población inmigrante supone un 10% en España, en estos momentos uno de cada cuatro desempleados es extranjero, según el último Anuario de la Inmigración en España.

Ante esta situación, las acusaciones de aquellos que dicen que los inmigrantes están quitando puestos de trabajos y subsidios a los nacionales se caen por sus escasos argumentos. Lo más preocupante es que la mala situación de la economía mundial provocará un descenso de la ayuda oficial al desarrollo hacia los países del sur, y eso hará que se incrementen las desigualdades y la pobreza.

La inmigración es una consecuencia de que en el mundo haya más de 1.000 millones de personas que pasan hambre. Nadie anhela dejar su hogar y su tierra. Si de verdad los países desarrollados quieren poner freno a la inmigración, y no sólo aparcarla hasta que vuelva a ser necesaria su fuerza de trabajo, hay que actuar sobre las causas que la generan, porque nunca habrá grilletes suficientes para detenerla mientras haya tanta injusticia en el planeta.

Alberto Sierra Asensio

CCS – El Ciudadano