En los últimos años, la violencia de género en México ha alcanzado cifras alarmantes, y la ola de feminicidios se ha disparado para registrar 1.010 víctimas sólo en 2019.
Las estadísticas reflejan el potencial peligro que significa ser mujer en México, algo que se empeora cuando la mujer pertenece a una comunidad originaria.
La violencia hacia las mujeres indígenas se agrava a diario, y la discriminación por concepto de género, etnia y condición económica suele quedar impune.
Violencia silenciada
Un estudio sobre la Violencia de Género contra Mujeres en Regiones Indígenas de México, realizado por el Centro de Investigaciones en Antropología Social y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, refiere que este fenómeno se produce en un sistema de múltiples estructuras de opresión donde se potencian las desventajas, exclusiones y desigualdades de las mujeres indígenas, hasta convertirlas en las más violentadas.
En abril de 2016, a Karina, una niña de 13 años cuya madre es una indígena cien por ciento, la dejaron abandonada en la carretera México-Puebla. Su caso hasta la fecha no ha registrado avances y no existe un solo detenido.
En febrero de 2020, el caso de Paty, otra niña indígena de 12 años que había sido violada y asesinada en un paraje entre San Martín y la comunidad de Nachij, provocó la indignación feminista al no contar con una cobertura mediática, o con la opinión pública.
Los casos de las mujeres indígenas que hoy son violentadas pasan desapercibidos en los medios de comunicación y en las Fiscalías, donde existe poca especialización para atender estos casos.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, en toda la región de la Montaña, compuesto por 19 municipios, existe únicamente una ministerio público especializado encargado de atender los casos de violencia sexual y de género.
“Muchas de las víctimas que salen desde sus comunidades se enfrentan a un largo viacrucis para lograr llegar hasta la ciudad de Tlapa, la falta de personal es generalizada, pues no existen médicas legistas, psicólogas ni peritos intérpretes a los que puedan acceder de manera inmediata, por lo que la gran mayoría de mujeres prefieren no denunciar y si lo hacen, asumen un alto riesgo de que queden impunes los casos por la falta de datos de prueba ante la falta de evidencias”, refiere la organización de Derechos Humanos.
Refiere la activista mexicana Frida Guerrera, que a pesar del papel de los medios de comunicación locales y las redes sociales, los feminicidios de mujeres indígenas se han incrementado en estados Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, el Estado de México y Puebla.
La situación ha generado que se creen diversos mecanismos y organizaciones para proteger los derechos de las mujeres indígenas. Entre ellas, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) ha contribuido en todo México a que se cuente con un espacio autónomo formado por y para mujeres de comunidades autóctonas.
Esta y otras organizaciones abogan por políticas públicas integrales basadas en los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre mujeres y pueblos indígenas.
Asimismo, se defiende la participación en la toma de decisiones para que las mujeres indígenas sean capaces de decidir sobre su futuro.
Cortesía de TeleSUR
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