Monto de sobornos en Colombia superan la inversión extranjera

El experto en lucha anticorrupción de Colombia, Óscar Ortiz, explicó en una entrevista que le realizara el diario colombiano El Tiempo que la situación de sobornos para lograr la contratación pública »limita el desarrollo» pues no permite que iniciativas de otras personas puedan llegar a ser aprobadas por los órganos competentes.

El zar anticorrupción de Colombia, Óscar Ortiz, indicó este domingo que la cifra de sobornos en el país suramericano para la contratación pública alcanzó los 3,9 billones de pesos  en 2009 (dos millones dólares), lo que equivale a un año de inversión extranjera directa como la de 2007 que fue de 3,7 billones (1,9 millones de dólares).

«En contratación, los hechos de corrupción son muy notorios, de gran impacto y con un alto grado de impunidad: mucha corrupción y poco corrupto», expresó Ortiz en una entrevista publicada por el diario colombiano El Tiempo en su sitio de Internet.

Explicó que el monto total es resultado de aplicar el porcentaje promedio para acceder a la contratación pública (12,9 por ciento) al Presupuesto de Inversión de la Nación del 2009, que fue de 30 billones de pesos (15 millones de dólares).

«La corrupción vulnera los derechos y limita el desarrollo», resaltó Ortiz quien agregó que el hecho es «muy grave en cualquier sociedad, pero en la nuestra es una catástrofe: con 3,9 billones de pesos se podrían hacer dos mil alcantarillados y mil 800 acueductos; se pagaría la educación de 325 mil niños; se podrían beneficiar 347 mil familias con un subsidio de vivienda individual de 11,5 millones de pesos cada uno».

Indicó, igualmente, que el Consejo Superior de la Judicatura también podría estar inmerso en hechos de corrupción pues le falta mucho rigor jurídico y dice que, en temas tan delicados, debería ser más responsable y serio; por lo que acude a la Corte Constitucional para realizar sus denuncias.

En la entrevista publicada por el rotativo, el funcionario señaló que ha descubierto muchos casos de corrupción en el país respecto a las adjudicaciones de contratos para obras públicas que incluyen la colocación, en los presupuestos, de cantidades de materiales exageradas, superiores a las necesarias para las estructuras que son planteadas por el Gobierno.

«En Bogotá, por ejemplo, la Unidad de Mantenimiento de la Malla Vial hizo dos procesos contractuales: uno por más de 40 mil millones de pesos (20 millones de dólares) y otro por más de 36 mil millones (18 millones de dólares) (…) Como experiencia, entre otros aspectos, se pidió acreditar el suministro de 20 mil metros cúbicos de asfalto en un contrato. Eso es exorbitante y, bajo esas condiciones, solo dos o tres empresas podían ser oferentes habilitados. Hicimos la advertencia de que las condiciones eran excluyentes. Inconvenientes tanto para el Estado, porque dejaría de tener más opciones, como para el derecho de los particulares a trabajar con los recursos públicos. Activamos las alarmas y la entidad acogió algunas observaciones. En consecuencia, se pudieron presentar ocho oferentes en las dos licitaciones», reseñó Ortiz.

Destacó que son muchos los casos de contratistas que permanentemente intentan hacer estas acciones, por lo que el programa presidencial se encuentra, actualmente, construyendo un manual «no de transparencia sino de trampas, para que todo el mundo conozca las modalidades de trampa que hay en materia de contratación y en otras como el tema electoral y de salud».

Igual de grave es el tema de las regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables que genera ingresos súbitos y que, en vez de ser una gran oportunidad para que la nación suramericana alcance el desarrollo, «se ha convertido en muchas ocasiones en gigantesco foco de corrupción».

Actualmente, casi la tercera parte de los municipios colombianos tienen giros de regalías suspendidos por distintas fallas debido a que, según argumentó el zar anticorrupción, Óscar Ortiz, no entregan la información requerida, vulneran las reglas de la inversión, presentan irregularidades en la contratación y una sospechosa destinación de recursos.

«En 762 municipios se detectaron cinco mil 26 irregularidades. Hay formas sofisticadas de robo: se descubrió una modalidad con fiducias, manejo de patrimonios autónomos y, recientemente, un sistema con mesas de dinero. Ha habido inversiones absurdas», indicó Ortiz.

Para ejemplificar, el funcionario recordó el caso de un parque turístico en Yopal, Casanare (oriente), «donde hicieron, sobre unas quebradas, puentes de dos metros: los más cortos y más caros del mundo: son seis palos atravesados con un poco de cemento, adjudicados con millonarias sumas a los constructores.»

«También hallamos en Yopal, construido con recursos públicos, un matadero de gallinas cuando allá no hay industria avícola. Tendría más sentido un matadero de reses en la India, donde esta prohibido ese sacrificio, que uno avícola en Yopal», agregó el funcionario colombiano.

Otro de los casos de corrupción y soborno que se presentan en el sistema público colombiano es la utilización del Seguro Social, donde las personas se valen de cualquier modalidad para acreditar a los ciudadanos que optan a las pensiones colocando información imprecisa que aclaran a última hora cuando les falta poco por lograr su objetivo.

Debido a la situación tan grave y alarmante de corrupción en Colombia, Oscar Ortiz idicó que, en esa materia, «no tenemos la gripa corriente; tenemos la ‘corrupción AH1N1′».

«Tenemos organizaciones armadas ilegales, que corrompen a bala; tenemos narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo. Colombia no confronta el fenómeno de corrupción ordinaria que hay en todo el mundo. Tenemos un desafío mayor que es casi una captura de la democracia, porque, a punta de plata o a punta de plomo, se impone una voluntad, incluso para elegir dignatarios públicos», acotó Ortiz.

En los últimos años, Colombia se ha visto envuelta en diversos casos de corrupción donde, incluso, se ha puesto en duda la legalidad de diferentes procesos importantes en materia electoral, y hasta los integrantes de Congreso se han visto involucrados en casos de sobornos para tomar decisiones en favor del partido gobernante y del propio presidente de la nación Álvaro Uribe.

Telesur TV