Morales acusa a policía y alto ejecutivo de YPFB de ser agente de la CIA

El presidente boliviano presentó pruebas que acusan a un alto gerente de YPFB de ser agente de la CIA. Se trata de Ramiro Carrasco, quien era capitán de policías y habría participado en el boicot a la industria petrolera de dicho país. Carrasco fue entrenado por la agencia norteamericana en distintos países, incluido Chile.

El presidente Evo Morales aportó pruebas documentales para ratificar el martes sus denuncias sobre una «gran infiltración» de la CIA (Agencia estadounidense de inteligencia) en la compañía estatal de petróleos, eje vector del proceso de cambios que impulsa en Bolivia, por medio de un policía especialmente entrenado en Estados Unidos y que incluso trabajó en el área de seguridad en Irak

Durante un programa radial en esta localidad cocalera a unos 600 km. al este de La Paz, retransmitido por la cadena nacional Patria Nueva, Morales señaló al capitán de policías Ramiro Carrasco, entrenado por más de una década en labores de inteligencia, seguridad, escuchas, vigilancia, comunicaciones y operaciones antinarcóticos encubiertas y, entre otras especialidades, manejo de crisis internacionales, en centros estadounidenses.

Carrasco también recibió instrucción en Inglaterra en 1996, precisó el gobernante boliviano.

El oficial denunciado, punta de lanza de la supuesta infiltración de la CIA, asistió asimismo a cursos en Panamá, República Dominicana, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Perú en décadas pasadas, abundó Morales.

Carrasco también se empleó en empresas agropecuarias del rico oriente boliviano, opuestas terminantemente a las políticas reformistas de Morales, y se desempeñó como «expositor» en la privada Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, que organiza a una veintena de empresas petroleras internacionales que operan en el país exportador de gas natural, desde la década de los años 90.

Asimismo, sostuvo vínculos con una organización de bancos privados en el país andino.

Carrasco, destituido en enero último de la Gerencia Nacional de Comercialización de la estatal  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue «asesor para implementar seguridad física en campamentos petroleros en Irak», hizo notar el jefe de Estado boliviano.

Morales dio lectura en detalle a la foja de servicios de Carrasco, caballo de Troya de la denunciada infiltración en YPFB, remecida en enero último por un escándalo de corrupción multimillonaria que envolvió a su antiguo compañero de lucha política Santos Ramírez.

Se trata de un personaje, expulsado de la Policía boliviana, que ejerció un cargo jerárquico en la compañía estatal de petróleos, después de montar el aparato de seguridad para un consorcio que explotaba petróleo en Irak, según el informe que no precisó si antes o después de derrocado Sadam Huseim.

Luego de leer por casi una hora los cursos de adiestramiento de Carrasco, sus cerca de 20 desplazamientos por meses a Estados Unidos desde 1990, los empleos inexplicables que consiguió en la planta ejecutiva de YPFB, Morales reconoció que no se explicaba cómo el ex policía se encontraba hoy mismo libre de cargos en la investigación que ya ha encarcelado a Ramírez.

«Llego a la conclusión de que es un gran infiltrado de la CIA. Ahí está toda la documentación, que sepa el pueblo boliviano. Un policía formado, entrenado, contratado y amparado por la CIA desde que ingresó como oficial de la policía nacional», afirmó el mandatario en el programa radial.

Morales admitió que en diversas sesiones de su gabinete planteó sus dudas sobre el desempeño de Carrasco, en especial a Ramírez, que ejerció en 2008 y fines de enero último la presidencia ejecutiva de YPFB.

«He preguntado por qué podían contratar esta clase de personas. Lo que me comentaron era que (el supuesto agente de la CIA era) tan convencedor, tan conocedor y como no conocíamos de su trayectoria» lo aceptaron nada menos que como Gerente Nacional de Comercialización de la estatal del petróleo boliviano.

Luego de estallar el escándalo de corruptelas en YPFB, Carrasco fue cesado cuando trataba de desbaratar información que pudiera comprometerle contenida en un ordenador de YPFB.

El caso se puso a la luz pública el 27 de enero último cuando una banda de malhechores asesinó en una calle de La Paz a un empresario para arrebatarle de las manos 450.000 dólares, supuesto cohecho para Ramírez, quien contrató casi a dedo una compañía de repentina e irregular conformación para construir una planta de licuables por 86 millones de dólares en el este de Bolivia.

La intervención en YPFB, por orden de Morales dos días después del atraco callejero, se dio cuenta que Carrasco «era un gran impostor», que falseó títulos y honores para penetrar los mandos altos de la compañía estatal.

En la nueva administración de YPFB, luego de removido Ramírez por decisión del propio mandatario, «se dieron cuenta que (Carrasco) ingresó con el título de ingeniero comercial cuando no tenía realmente dicho título profesional», reseñó.

La indagación de proporciones que se ha desatado tras el escándalo en YPFB, de donde se ha destituido a casi 200 funcionarios contratados fuera de norma por la gestión del ahora privado de libertad Ramírez, ha logrado establecer que el supuesto agente de la CIA «tenía contactos con la Embajada de EEUU» en La Paz, confirmó Morales.

El dignatario de Estado también aseguró que Carrasco sostenía vínculos con «miembros de USAID», otra agencia de Washington que Morales expulsó a fines de 2008, por sospechas de urdir planes de conspiración contra su administración.

Morales retrató a Carrasco como un elemento «altamente peligroso cuando se ve sus capacidades para realizar operaciones encubiertas, infiltración, sabotaje y control político»

El Presidente dijo explicarse, recién ahora, a la luz de estos datos, la escasez de combustibles que se abatió entre agosto y septiembre últimos en el país, donde grupos de civiles volaron gasoductos, tomaron aeropuertos y oficinas del Estado en las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, cuyas autoridades y líderes civiles se oponen radicalmente al mandatario  de origen indígena.

«Le dije al compañero Santos Ramírez: ‘despida a este señor Ramiro Carrasco’ Ahora me cuentan que ellos eran los que operaban para que falte gasolina y combustible. Agente encubierto, protegido por algún sector de la Policía y por la CIA, también por empresarios cruceños y la embajada de EEUU», señaló.

Inducido por recurrentes denuncias de corrupción en YPFB, antes del 25 de enero, Morales dijo haber pedido a Ramírez, «por lo menos cuatro veces, despedir a este funcionario y otros» más.

Ramírez, que «era un compañero conocido y de mucho compromiso» con la causa del gobierno boliviano, hizo caso omiso y cayó «en la trampa», supuestamente tendida por Carrasco, narró Morales, al tiempo de lanzar una cerril advertencia a sus colaboradores

«Si no me hacen caso en tema corrupción hay que despedir al ministro, de repente porque está, por algo, protegiendo algún corrupto o protegerse entre ellos», mantuvo.

Deploró la deslealtad de Ramírez, quien en una entrevista desde la cárcel en La Paz, reconoció haber incurrido en «algunos» errores.

En su alegatos Ramírez «no dijo la verdad» cuando, antes de ser destituido y luego llevado ante un juez, fue inquirido, además de Morales, por el vicepresidente Alvaro García y el canciller David Choquehuanca, significó el gobernante en su alocución radial.

«La justicia debe juzgar igual a todos, sean o no del MAS (Movimiento Al Socialismo, oficialista), sean de la CIA o no», urgió.

Morales planteó sus dudas sobre la administración de justicia en el caso que ha vuelto a YPFB en un quebradero de cabeza.

«Sospechosamente algunos colaboradores de Santos Ramírez están fuera de la cárcel. ¿Qué está pasando en la justicia?. Como Presidente, como gobierno, vamos a hacer profundo seguimiento sobre la justicia boliviana», advirtió, en alusión a la libertad condicional que una jueza instruyó para la asesora jurídica de YPFB, Esther Carmona.

Morales proclamó sin embargo que el escándalo por corrupción no frenará el despegue de YPFB, reducida a su mínima expresión durante un proceso de privatización de empresas públicas, entre 1993 y 1997, y ahora punta de lanza de la nacionalización de hidrocarburos decretada por su gobierno en mayo de 2006.

Agencia Boliviana de Información, ABI.