Operación Huracán: El informe trucho y oscuro que la ministra de Seguridad de Argentina le compró a Chile

La ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, puso en marcha junto con el aparato de seguridad chileno la persecución del «enemigo interno», acusando a los mapuches de terroristas. Pero en Chile se produjo una crisis política porque se demostró que el informe de inteligencia del “Operativo Huracán” es un fraude desde la primera a la última foja, incluyendo falsas escuchas. En esa investigación trucha todavía se basa Bullrich para justificar las acciones represivas en la Patagonia argentina.

Ya es mundialmente conocida la virulenta política del PRO hacia los pueblos originarios. Una gesta «civilizatoria» que comparte con el gobierno chileno. Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, precisó el 15 de enero a la agencia Telam que «el contacto con Chile es permanente«. También dijo: «Allí hay un elevado nivel de violencia del grupo CAM (Coordinadora Arauco Malleco), socio de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)». Agregó que «la frontera del sur es muy fácil de cruzar». Y seguidamente, su remate fue: «Eso lo estamos trabajando mucho con Chile«.

A la luz de los hechos que por aquellas horas ya se habían desatado en el país vecino, sus palabras ahora resultan sumamente ridículas.

¡Viva la chicha y el vino!

Para entender esta trama hay que retroceder tres meses y medio; fue cuando se produjo la súbita llegada al Aeroparque Jorge Newbery del subsecretario del Interior de Chile, Mahmud Aleuy, junto con tres funcionarios de menor rango. Corría la mañana del 29 de septiembre y, acompañados por el embajador José Viera Gallo, los visitantes mantuvieron un misterioso cónclave en el Palacio San Martín de la Cancillería con la señora Bullrich y su célebre plana mayor: Pablo Noceti, Gonzalo Cané y Gerardo Milman. También estuvo el secretario del área de Fronteras, Vicente Autiero, y el titular de la Dirección Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa. El asunto tratado -según una gacetilla- fue «enfrentar en forma conjunta delitos transnacionales como el contrabando y el narcotráfico». La razón real era muy diferente y extremadamente delicada.

Por entonces estaba en su cima la crisis por la desaparición de Santiago Maldonado. Y justo ese día la prensa difundía las tareas de espionaje que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Centro de Reunión de Información de Neuquén (CRINEU) -uno de los aparatos de inteligencia de Gendarmería- efectuaban sobre sus familiares y amigos. En medio de semejante contexto se desarrollaba aquella reunión bilateral en la Cancillería. No era de extrañar.

Lo cierto es que desde mediados de 2016 existía un profuso intercambio de información entre los servicios de inteligencia chilenos y locales para poner en marcha la ilusión del «enemigo interno» en ambos lados de la cordillera; es decir, la fantasmagórica RAM en la Patagonia y la no menos brumosa CAM en la Araucanía. De modo que sus principales ciudades comenzaron a llenarse de espías y policías.

Un avance en la unidad de ambos países ante la amenaza «subversiva» de las comunidades mapuches ocurrió el 27 de junio pasado, en ocasión de la visita del presidente Mauricio Macri a Santiago; fue cuando le ofreció a la anfitriona, Michelle Bachelet, resolver con prontitud la extradición del lonko Facundo Jonas Huala.

Ese mismo día el líder mapuche fue detenido por la Gendarmería en la ruta 40 y encerrado en la cárcel de Bariloche. El asunto causó una escalada de fricciones entre mapuches y uniformados que derivó, casi nueve semanas más tarde, en la muerte de Maldonado.

Ahora, en ese salón la Cancillería argentina, el subsecretario Aleuy -un cuadro del partido socialista- percibía la fría cordialidad de los funcionarios locales. Al fin y al cabo, la ministra era una montonera conversa; Noceti, un adorador de la última dictadura; Cané, un ultraliberal con ideas cavernícolas y Milman, simplemente un oportunista. El chileno, con voz monocorde, exponía las razones que lo habían llevado allí.

«La situación es harto crítica», fue su arranque. Y después de calibrar la reacción de los presentes, agregó: «No podemos perder un solo segundo«.

Recién entonces dio rienda suelta a su relato. En resumen, días antes se habían efectuado en varios domicilios de la ciudad de Temuco las detenciones simultáneas de ocho «extremistas» de la CAM, incluido su «cabecilla», Héctor Llaitul. Se los imputaba de ataques incendiarios, entre otros actos sediciosos. La acción -bautizada con el criterioso nombre de «Operación Huracán»-, fue un logro de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR) por orden del mismísimo fiscal nacional, Jorge Abott.

También destacó la sintonía entre éste y los uniformados, aunque no sin aclarar que la pesquisa se hizo bajo amparo de la ley de Inteligencia.

Bullrich quiso saber que significaba eso.

«Qué ciertas intervenciones telefónicas y otras medidas de probanza se realizaron sin control judicial», fue la respuesta.

A continuación extrajo de una carpeta algunas hojas con el sello de la DIPLOCAR que empujó hacia ella. Era la transcripción de conversaciones por WhatsApp entre los detenidos sobre la inminente importación de armas desde Argentina. Uno de aquellos audios se refería a «6 escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas automáticas, 2 fusiles de asalto, 250 cartuchos, 550 balas calibre 38 y 84 balas calibre 9 milímetros». La comunicación -atribuida a un tal «Matute» con alguien apodado el «Negro», hablaba de un presupuesto de «900 lucas».

Enorme impacto causó el asunto en ese salón. A la señora Bullrich se le hacía agua en la boca. Y sin que le temblara la voz, dijo tener «información coincidente» con tales datos. Argentinos y chilenos acordaron entonces cerrar los pasos fronterizos, junto con otras medidas de excepción.

Aleuy y sus colaboradores regresaron esa misma mañana a su país.

La información que aportó fue incorporada -como cosecha propia- al ya famoso protocolo de 180 páginas redactado por especialistas del Ministerio de Seguridad sobre el «terrorismo mapuche» en la región.

Su contenido también incidió en la creación de un «comando unificado» entre las fuerzas federales de seguridad y las policías de Neuquén, Río Negro y Chubut, en base a un convenio de la ministra con sus pares en aquellas tres provincias, Jorge Lara, Gastón Pérez Estevan y Pablo Durán.

Así se llegó al 15 de enero, cuando la ministra decía a la agencia Telam que «el contacto con Chile es permanente».

Pero allí la «Operación Huracán» había dado un giro inesperado.

Teatro de operaciones

El primer signo del escándalo se produjo el 26 de diciembre en el despacho de Aleuy, al llegar allí -sin anunciarse- el jefe máximo de Carabineros, general Bruno Villalobos. El tipo lucía nervioso. Lo acompañaban dos oficiales de la DIPLOCAR: Patricio Marín Lazo y Leonardo Osses.

A manera de saludo, Villalobos soltó a boca de jarro: «Mi subsecretario, todo indica que alguien filtra información confidencial a los mapuches«. Pero después sólo balbuceó generalidades inconsistentes sobre ello, adjudicando la responsabilidad del asunto a «funcionarios judiciales de la zona de conflicto».

Aleuy, algo azorado, sólo atinó a ordenar una pesquisa al respecto. Lazo y Osses permanecían en un rincón sin abrir la boca. Y Villalobos dijo que «la pesquisa ya estaba hecha». No faltaba a la verdad.

La investigación -iniciada el 9 de ese mes por la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros, encabezada por el general Gonzalo Blu– acababa de ser remitida al fiscal Abott. Cabe decir que Marín Lazo y Osses habían sido sus instructores.

Dicho sea de paso, ambos era conocidos entre los agentes argentinos del CRINEU y la AFI, ya que diseñaban operativos fronterizos con ellos, además de intercambiar datos con suma frecuencia y fluidez.

De inmediato, Abott notificó al fiscal de Alta Complejidad de la Araucanía, Luis Arroyo, la recepción del paper, antes de enviarle una copia.

Un sencillo vistazo al material le bastó a éste para palidecer y, después, montar el cólera. El informe -basado en grabaciones telefónicas efectuadas al amparo de la ley de inteligencia- daba cuenta de que la filtración de datos de la «Operación Huracán» hacia la CAM había sido obra de su asistente letrada, la doctora Mónica Palma, quien -según el documento policial- mantendría un tórrido romance «con un activista mapuche».

En realidad, quien mantenía una relación sentimental con la sospechada era él. Y enseguida comprendió que en este asunto había un tiro por elevación hacia su persona. También dedujo su autoría. Arroyo nunca fue del agrado de Marín Lazo y Osses. Desde luego que tal recelo era mutuo.

Esos dos carabineros tenían un prestigio picante.

El capitán Marín Lazo -un protegido del general Villalobos- supo ser el artífice de un oscuro episodio ocurrido en 2012, cuando comandaba la Unidad de Inteligencia de Temuco: la infiltración del soplón Raúl Castro Antipán en comunidades mapuches de esa ciudad. Pero su papel actoral -que incluyó una serie de atentados incendiarios para culpar a terceros- fue tan verosímil que terminó siendo el único mapuche en todo Chile condenado por «asociación ilícita terrorista».

El capitán Osses, a su vez, había tenido un «problemita» cuando era el encargado del arsenal de un cuartel en la localidad de Agol debido al hurto de armamento para comercializar en el mercado negro.

También era célebre en la región por su estilo de trabajo, que contempla interrogatorios con apremios ilegales, pruebas plantadas, testigos dudosos y el arresto de inocentes. Los casos que él instruía solían ser, ya elevados a juicio, un semillero inagotable de nulidades y sobreseimientos.

El fiscal Arroyo caviló acerca de estas dos personalidades; luego llamó por teléfono al doctor Abott para comunicarle una decisión: presentar a título personal una querella contra la DIPLOCAR.

Abott sabía que dicha causa sería investigada por el Ministerio Público; entonces, con tono casual, dijo:

– ¿Está usted seguro, Luis?

– Esta basura es para causar un daño irreparable a mi imagen -contestó Arroyo, visiblemente ofuscado. No hubo modo de disuadirlo.

Y su siguiente paso fue presentarse ante el juez de garantía de Temuco, Juan Mauricio Poblete.

El expediente en cuestión terminó por derivar en una crisis institucional sin precedentes. Porque no solamente se probó que las escuchas del informe eran falsas sino que la investigación misma de la «Operación Huracán» era un fraude desde la primera a la última foja. De hecho -según los peritajes-, los registros de WhattsApp y las grabaciones telefónicas habían sido manipulados con diálogos falsos, entre otras irregularidades.

De modo que Abott -quien reconoció no haber tenido control sobre los orígenes del material reunido por los instructores policiales- anuló la pesquisa sobre los presuntos integrantes de la CAM y abrió inmediatamente otra causa contra la DIPLOCAR. Si bien sus trapisondas constituían un secreto a voces, era la primera vez que ese organismo caía en la mira de la justicia.

Desde entonces el escándalo en Chile es mayúsculo. Un escándalo que enfrenta a la Fiscalía Nacional con el Poder Ejecutivo. Una maniobra delictiva que involucra al mismísimo general Villalobos, a su alfil, al general Blu, a los capitanes Marín Lazo y Osses, entre otros nueve oficiales de la DIPLOCAR. Un papelón que hunde en la hilaridad la hipótesis del Estado chileno sobre la «amenaza terrorista» de las comunidades mapuches. Y que, por ende, hiere de muerte su Plan Cóndor con el gobierno argentino.

Fue precisamente en medio de semejante tormenta cuando la ministra Bullrich ponderaba su labor conjunta en el sur con las autoridades trasandinas.

Después se llamó al silencio. Motivos no le faltan: si del otro lado de la cordillera se desplomaron todas las imposturas en torno a la CAM, ¿qué queda aquí de la RAM? ¿Qué valor tiene entonces el mamotreto ministerial de 180 páginas? ¿Qué subsiste del Comando Unificado con las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén? ¿Qué quedó del «enemigo interno»? Sólo Dios lo sabe.

Por Ricardo Ragendorfer

Fuente: Nuestras Voces