El Parlamento de Grecia ratificó ayer miércoles el presupuesto para el período 2013-2016, que prevé una reducción de 13.500 millones de euros a cambio de otro tramo de ayuda de 31.500 millones de la UE y del FMI.
Entre tanto, la gente muestra su profundo rechazo a esta iniciativa que, en caso de aprobación, será desastrosa para el pueblo griego. La ley fue aprobada en el contexto de protestas que derivaron en disturbios en frente del Parlamento.
La huelga en el transporte público no obstaculizó la llegada de miles de indignados griegos a la plaza Sintagma de Atenas. La jornada nacional de manifestación ha estado marcado por la carga policial: los agentes han utilizado gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a los participantes de la acción.
Unas 100 personas han sido detenidas. El nuevo proyecto de presupuesto incluye un paquete de medidas para reducir el déficit público: aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años, reducir los salarios públicos, pensiones e indemnizaciones, y reducir los gastos en salud, educación y defensa.
EL NUEVO PAQUETE
A fines de octubre la Troika de prestamistas requiere al país heleno que implemente 150 nuevas reformas en dos años.
Las reformas propuestas por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que constituyen la llamada Troika, incluyen la liberalización del mercado laboral como la facilitación del despido, la reducción del salario mínimo y la eliminación de los privilegios de ciertas profesiones, según el informe provisional del organismo.
Para controlar la aplicación de las reformas, la Troika propone mantener tramos de rescate en una cuenta congelada especial, cuya liberación solo se hará después de la introducción de las reformas.
También apuesta por aprobar una nueva ley de control presupuestario más estricta que contemple subidas de impuestos automáticas en caso de que no se implementen los ajustes. Además la Troika propone una nueva quita de la deuda helena, esta vez para los acreedores públicos.
Después de que en la primera quita participaran acreedores privados -principalmente bancos- de forma voluntaria, esta propuesta aboga por que, por primera vez, los estados europeos tenedores de bonos soberanos helenos acepten perder dinero de sus contribuyentes.
La opción ya ha sido contestada por una serie de países, con Alemania a la cabeza, que se niegan a perder parte del dinero que prestaron a Atenas como medida extraordinaria de apoyo.
Por su parte, el BCE que acumula unos 40.000 millones de euros en bonos griegos, indicó que no puede sumarse a esta nueva quita para acreedores públicos porque sus estatutos le prohíben financiar a estados. Atenas está a la espera de un tramo de ayuda de 31.500 millones de euros. Si no llega, el país puede ir a la quiebra antes de finales de noviembre, según el primer ministro heleno, Antonis Samaras.
LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD FISCAL ANALIZADAS A FONDO EN Cómo desangran a los griegos