El Estado de Perú promueve los intereses de mineras a través de privatizar las fuerzas públicas, como la Policía, en contra de la población indígena, dijo Álvaro Másquez, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), una de las organizaciones que elaboró un informe sobre el tema.
«El informe revela vicios y una ingeniería legal en el Estado que lo que hace es promover los intereses de las empresas a través de comercializar y privatizar las fuerzas públicas para emplearlas en contra de la población en zonas de conflicto», afirmó Másquez.
El informe, que lleva por nombre Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú, fue elaborado conjuntamente por las organizaciones no gubernamentales (ONG) IDL, Earth Rights International y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El trabajo revela una mayor incidencia de conflictos sociales graves en aquellas zonas del país donde existe mayor número de empresas privadas con convenios vigentes con la Policía Nacional de Perú (PNP).
El abogado asegura que la represión policial denunciada por las poblaciones en zonas de conflicto, generado por la instalación de mineras en zonas ocupadas por indígenas, no es sino el resultado de «comercializar con la autoridad de la PNP».
Esto se debe, añadió, a que la PNP presta sus servicios a las empresas con todo su aparato logístico, armas y uniformes, abandonando su labor de protección al ciudadano en favor de un privado que es parte interesada en el problema.
Másquez indica que en Perú es legal la celebración de convenios de servicios policiales extraordinarios, los cuales se celebran mayormente entre PNP y las empresas privadas dedicadas a la minería y, en menor medida, a los hidrocarburos.
Sin embargo esos convenios tienen varios vicios que van en desmedro de los intereses de las poblaciones indígenas, que son las cercanas a los yacimientos y lotes petroleros, indica el abogado.
«Creemos que no son convenios sino contratos por los cuales la PNP se obliga a prestar seguridad a una empresa, a sus bienes e instalaciones, a cambio de un pago que se dirige en una parte a la institución y otra a los efectivos; el problema es que los policías son funcionarios públicos y no deberían percibir ingresos de otra fuente que no sea el Estado», afirma Másquez.
Las ONGs indican en el informe que estos convenios son discriminatorios pues implican un servicio privilegiado que pueden adquirir las empresas pero no la comunidad indígena.
Constitución
Actualmente en Perú existen 29 convenios vigentes entre la PNP y empresas, de los cuales cinco son celebrados por compañías de hidrocarburos y 24 por mineras.
Másquez cree que el sustento legal que da el Ministerio del Interior (Mininter) para la celebración de estos convenios es una interpretación «antojadiza» de una parte de un artículo de la Constitución.
«El artículo 166 de la Constitución habla de las funciones de la PNP y afirma que una de ellas es la protección de la propiedad privada y esas líneas, porque no es todo el artículo, se utilizan como justificación por parte del Mininter, algo que nos parece una interpretación antojadiza», dice el abogado.
Másquez señala que dicho artículo habla de la protección a la propiedad privada, pero «dentro de un marco de servicios universales, servicios que tienen como fin el interés común y que, dentro del interés común, encuentran a la propiedad privada como un valor».
Informó que actualmente hay en curso dos demandas ante el Tribunal Constitucional que buscan acabar con los convenios entre la Policía y las empresas.
Cortesía de Sputnik
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