Piden investigar una violenta represión contra indígenas en Argentina

El presidente del Comité Provincial contra la Tortura de Buenos Aires, Mario Bosch, presentó una denuncia penal contra los responsables intelectuales y materiales de la violenta represión perpetrada el viernes 14 de noviembre y que tuvo como víctima a un grupo de indígenas que realizaba un corte parcial de la ruta nacional 16 kilómetro 173, en Sáenz Peña, en reclamo de vivienda, salud y asistencia social.

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La denuncia, firmada por Bosch, Gabriel Duca (presidente de la Asociación Civil de Derechos Humanos y Justicia) y Andrea Galvez (prosecretaria de la Asociación) fue realizada el domingo en la delegación de la Policía Federal de Sáenz Peña. En la misma se plantea las serias irregularidades cometidas por la fuerza de seguridad provincial en el accionar represivo que derivó en una veintena de indígenas heridos, quienes sólo reclamaban por viviendas, salud y trabajo. El escrito deja asentado que se utilizaron elementos no reglamentarios para este tipo de accionar (como palos de más de un metro de largo y hasta cascotes), además de violar el protocolo Garré, el cual establece pasos previos de conciliación antes de concretar un desalojo forzoso.

En la presentación, los denunciantes recuerdan que el hecho se produjo durante el mediodía del viernes 14, en cercanías a la planta de Secheep, cuando un grupo de unas 50 o 70 personas pertenecientes a la etnia qom se manifestaban cortando de manera parcial la ruta 16 en reclamo de salud, asistencia social y vivienda. Además se dejó constancia de que existían caminos alternativos para circular en el lugar.

Sin previa mediación

Cerca de las 16 comenzó lo peor. Según la denuncia, a las 15.47 “comienza por parte de las autoridades policiales del Chaco el desalojo de la ruta, sin previa mediación, alerta o advertencia, negociación y/o mediadores que amerita el conflicto a fin de interiorizarse en los reclamos presentados por este grupo étnico, sin que se establezcan los plazos razonables de esta mediación como lo normativiza el protocolo para la actuación de la fuerza pública en situación de conflicto social, conocido como ‘Protocolo Garré’, al que la provincia adhirió”.

Y prosigue: “En esos momentos se produce un accionar de carácter represivo no preventivo, violatorio de los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y ultima ratio establecidos por la Ley de Seguridad. El accionar consistió en acometer sobre los manifestantes, utilizando camiones hidrantes, golpes de puño, patadas, palos no reglamentarios (trozos de madera de más de un metro de largo), hierros y hasta piedras”.

La denuncia señala que la represión dejó como saldo 25 personas con heridas de distintas consideraciones “entre leves y graves”. “Incluso varios de ellos fueron golpeados luego de ser aprendidos y reducidos por los efectivos policiales”, añade.

La presentación aporta además una lista de heridos entre los que se destacan personas que sufrieron fracturas de tabique, politraumatismo en la cabeza, escoriaciones en espaldas y rodillas, entre otros. Algunos, inclusive, sufrieron convulsiones tras la agresión policial.

Bosch también aportó fotografías y videos en los cuales se constata la virulencia de las fuerzas de seguridad ante una manifestación pacífica. Además, se deja asentado el fuerte sesgo discrimatorio que aún anida entre las filas de la policía. “Rajen de acá, indios de mierda”, fue uno de los tantos insultos que brotaron de los uniformados, al tiempo que repartían golpes a mansalva.

Fuente: Chaco día por día