Cuatro uniformados, identificados como Cristian Flores, Orlando Cabrera, Cristian Foschiatti y Cristian Benítez, están en un proceso judicial, luego que, la madrugada del domingo 31 de mayo, entraran sin una orden de allanamiento, y por la fuerza, a una casa de una familia Qom, en el barrio Bandera Argentina, en la localidad chaqueña de Fontana.
Los policías ingresaron a los gritos, dispararon balas de goma y agredieron a quienes estaban presentes. De ese lugar se llevaron detenidos a Daiana y Cristina, hijos de la dueña de la casa, Elsa Fernández, a su sobrino Alejandro y a una vecina de nombre Rebecca.
Los hechos fueron grabados y divulgados por las redes sociales, causando un escándalo en el país.
En la comisaría donde los llevaron, estos jóvenes fueron torturados, provocándoles lesiones en las costillas. Se investigan presuntas vejaciones a una menor de edad, de 16 años, que quedó en estado de ‘shock’ tras la agresión policial.
Detenidos y liberados
Los uniformados involucrados en este hecho habían sido detenidos —aunque recién dos semanas después de la agresión— y estaban con prisión domiciliaria. Sin embargo, la semana pasada, la jueza de Garantías Rosalía Zózzoli decidió dejarlos en libertad.
«Al recuperar la libertad, esos policías deben reintegrarse al servicio efectivo, por supuesto siempre sujetos a la causa judicial y al sumario administrativo», dijo Romero a la prensa del Chaco, tras confirmar la presentación de la renuncia.
La jueza, además, cambió la calificación legal del brutal ataque y lo definió como «allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones». Por lo tanto, pese a que están en libertad, los policías continúan imputados.
Posición de la cúpula de la policía del Chaco
«Al recuperar la libertad, esos policías deben reintegrarse al servicio efectivo», dijo el jefe policial Fernando Romero.
La cúpula de la Policía del Chaco, provincia del noreste de Argentina, renunció a sus cargos, luego que se les negara la reincorporación a otros uniformados del cuerpo policial, involucrados en el ataque a una familia de la comunidad indígena Qom.
El jefe de la Policía, Fernando Romero, el subjefe, Ángel Domínguez, y la directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial, Mariela Noemí Aguirre, presentaron un carta ante el Ministerio de Seguridad chaqueño, en la que manifiestan su decisión, en solidaridad con cuatro policías a los que la administración local les impidió volver a su trabajo, tras ser imputados por violencia institucional.
Cortesía de RT
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