Resolución descafeinada del Consejo de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas

El Relator Especial de la ONU para los derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, le explicó al Consejo de Derechos Humanos que los megaproyectos extractivos suponían la principal razón de violación de los derechos humanos en las comunidades. La resolución del Consejo, de hoy día 29 de septiembre, es, cuando menos decepcionante.

Si el experto en derechos indígenas, Bartolomé Clavero, consideraba regresivo el informe de James Anaya, el Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, al Consejo de Derechos Humanos, éste organismo de Naciones Unidas lo «acoge con beneplácito». Como casi todo. En un momento en que se vive una escalada de la conflictividad social y de violencia estatal y paraestatal en territorios indígenas, Naciones Unidas considera que el trabajo va bien.

La resolución del Consejo de Derechos Humanos 18/23 bajo el título Los Derechos Humanos y los Pueblos Indígenas está repleta de la expresión «acoge con beneplácito» pero ni una medida urgente para garantizar el derecho a la vida y al territorio de los pueblos amenazados.

Anaya, que no se implica personalmente en su informe, utilizaba la encuesta hecha a gobiernos, empresas y organizaciones indígenas para apuntar el drama que se vive en los territorios indígenas: amenaza permanente por parte de gobiernos y grupos paramilitares, violaciones a todos los derechos -incluido a la vida-, falta de consulta previa y ningún grado de consentimiento, aculturización y exclusión del debate público…

Ante estos hechos, el Consejo de Derechos Humanos reparte felicitaciones a diestro y siniestro y se felicita a sí mismo por la de la ya conocida convotoria a la Cumbre Mundial sobre Pueblos Indígenas de 2014. También incluye la recomendación a los países que no han ratificado el Convenio 169 de la OIT para que «consideren la posibilidad de hacerlo». También le pide a la misma ONU que evalúe como consigue la participación de los indígenas que no tienen ONGs de representación; pide otra encuesta a los Estados para ver cuál es la mejor manera de respetar la irrespetada Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en la ONU en 2007; y se compromete, si el presupuesto se lo permite, a realizar una «mesa redonda de medio día» anual coincidiendo con el día mundial de los pueblos indígenas.

Fuente: Otramérica

El Ciudadano