La decisión de expropiar a ambas empresas de transporte aéreo de pasajeros fue tomada por el Gobierno luego de que fracasó un acuerdo sobre el precio con el Grupo Marsans, poseedor de la mayoría accionaria de las aerolíneas.
El Senado argentino aprobó hoy miércoles el proyecto oficial para que vuelvan al Estado las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, declarando de ‘utilidad pública’ a ambas empresas y garantizando el buen funcionamiento por parte del Estado.
La Cámara de Senadores convirtió en ley la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, con 42 votos a favor y 21 en contra, luego de que no se lograra un acuerdo en cuanto al precio de venta con el Grupo Marsans, actual propietario de la aerolínea.
La ley determina que el Estado nacional debe, a partir de ahora, «instrumentar los mecanismos necesarios» para cubrir las necesidades financieras» de Aerolíneas y Austral, y garantizar la prestación de servicios.
La decisión de expropiar a ambas empresas de transporte aéreo de pasajeros fue tomada por el Gobierno luego de que fracasó un acuerdo sobre el precio con el Grupo Marsans, poseedor de la mayoría accionaria de las aerolíneas.
Según el proyecto, la expropiación apunta a «garantizar la continuidad y la seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga».
En no más de seis meses un organismo designado por el gobierno deberá presentar un Plan Estratégico para el funcionamiento de las compañías en el mediano y largo plazo.
De acuerdo con la iniciativa, se autoriza al Ejecutivo a ceder a los trabajadores el diez por ciento de las acciones de las compañías.
El senador Eric Calcagno defendió la intervención del Estado en el manejo de Aerolíneas Argentinas al sostener que la situación de esa empresa aérea en julio de 2008 tenía «un parecido terrible a la que vivió el país en diciembre del 2001».
Calcagno detalló cómo en los últimos meses el Estado nacional fue reduciendo el déficit de Aerolíneas, y advirtió que el gobierno tuvo que salir a garantizar el servicio aéreo porque la empresa «dejó de pagar las tasas de seguridad y la nafta».
«Estamos hablando de un costo pero también estamos hablando de efectos benéficos», resaltó Calcagno, para quien «las deudas exigibles» de Aerolíneas «son sólo de 500 millones».
Calcagno afirmó que «no se está nacionalizando la deuda», sino que «se expropia una empresa con deudas, que serán saldadas con el propio giro de Aerolíneas».
Por su parte, el titular de la comisión de Presupuesto, Fabián Ríos, advirtió que «el 65 por ciento de la deuda (de Aerolíneas) es la que garantiza la continuidad del funcionamiento» la empresa «por los intereses y los insumos que están comprometidos».
«Si ese 65 por ciento no se garantiza esta aerolínea no vuela», insistió Ríos, para quien la inversión del Estado en Aerolíneas «no tiene por qué ser superavitaria» porque el servicio aéreo «no es rentable en ningún lugar del mundo».
En cambio, la oposición, que reclutó 21 votos en contra, renovó sus cuestionamientos a la iniciativa oficial en los puntos referidos de la deuda que el Estado deberá asumir a partir de la expropiación.
El radicalismo de la Cámara alta, representado por Gerardo Morales, apuntó contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por la firma del acta-acuerdo con Marsans, que comprometió al Estado a «comprar» Aerolíneas, lo que -dijo- derivará en un juicio futuro «multimillonario» del grupo español contra Argentina.
De acuerdo con el proyecto oficial, el gobierno estará obligado a presentarse en todas las causas penales en las que se investiguen delitos que los accionistas mayoritarios, los administradores o aún terceros hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de las empresas.
Morales dijo estar de acuerdo con la apropiación sólo de los activos de Aerolíneas, con la creación de una «nueva empresa» y con el inicio de acciones legales a través de la Procuración contra Marsans para «lograr el resarcimiento por los perjuicios causados» por el grupo español.
El peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá volvió a postular como solución decretar «la quiebra con continuidad de la empresa», de acuerdo con su dictamen de minoría que no recibió acompañamiento de otros senadores.
En octubre de 2001, Marsans recibió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de España, una AA que generaba pérdidas y deudas por 900 millones de dólares y una fuerte disminución de su mercado.
En ese entonces, el grupo español, pagó un dólar por la empresa y recibió de SEPI 765 millones de dólares para la cancelación de deudas.
Según un informe del Tribunal de Tasaciones de Argentina, de los 24 aviones propios de Aerolíneas y Austral, solo tres están operativos y el resto es «chatarra o a recuperar con altos costos».
Las dos aéreas tienen otros 62 aviones bajo sistema de alquiler con opción a compra, 31 inoperables, pese a lo cual las compañías pagan mensualmente por ellos un alquiler improductivo de 2,3 millones de dólares.
TeleSUR
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