Terrorismo de Estado en Chile contra el pueblo mapuche

Valiosa Investigación recopila antecedentes y da cuenta del terrorismo de Estado aplicado al pueblo mapuche. Sepa usted de lo que se trata de ocultar.

En uno de sus infames discursos, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refería a los conflictos territoriales entre comunidades mapuches y empresas forestales como “un problema entre privados”, queriendo indicar con ello que el Estado chileno (administrado por su Gobierno) era imparcial en estos litigios, que no intervenía a favor de uno u otro y que se limitaba a servir de puente entre las partes.

Falso.

Ni el Presidente Frei, ni su antecesor el Presidente Aylwin y mucho menos el Fausto Presidente Lagos, han administrado Gobiernos imparciales frente a los conflictos territoriales en el sur de Chile. Por el contrario, los tres Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia siempre han estado al lado de los empresarios forestales o mineros que explotan recursos naturales en territorios que los Pueblos Originarios reclaman como propios y han recurrido constantemente al tráfico de influencias e incluso a la corrupción para favorecer la materialización de proyectos de inversión que expolian o destruyen no sólo los territorios indígenas, sino también sus patrimonios culturales y arqueológicos.

Las represas Ralco y Pangue, por ejemplo, sólo serán posibles violando la Ley Indígena que la misma Concertación promulgó, usando la presión política del propio Presidente de la República para materializar estos proyectos hidroeléctricos. Así lo hizo Aylwin cuando durante su mandato aseguraba que de las 6 represas planificadas por ENDESA para construir en el Alto Bío-Bío, sólo se iba a ejecutar Pangue; así lo hizo el Presidente Frei, que usó todo su poder para expulsar de la Administración Pública a cuanto funcionario estatal se opusiera a Ralco, incluidos a dos Directores de la CONADI (Comisión Nacional de Desarrollo Indígena) a los que echó por “ladrones” cuando el “delito” que cometieron fue oponerse a la construcción de Ralco. Y así lo hizo Lagos que a sólo días de haber asumido su mandato ordenó la publicación de los decretos que otorgaban las concesiones y servidumbres que requería ENDESA para poder seguir construyendo Ralco (1) y que, a sugerencia del nuevo Presidente de ENDESA-España, nombró como Directora de la Comisión de Energía a Vivianne Blanlot, ex Directora de CONAMA (Comisión Nacional para el Medio Ambiente) que hizo aprobar los Estudios de Impacto Ambiental presentados por ENDESA para su Proyecto Ralco y que todos los servicios públicos que lo revisaron habían rechazado.

No sólo en el caso de Ralco se puede apreciar cómo el Estado Chileno interviene siempre a favor de los empresarios y en contra de los Pueblos Originarios. Los gasoductos tendidos en el Norte de Chile, necesarios para proveer de energía a la Minería Transnacional que se lleva nuestros recursos mineros sin pagar impuestos, se han construido destrozando cementerios indígenas, petroglifos milenarios y sitios sagrados de las distintas culturas precolombinas. Los templos de las culturas indígenas del norte chileno han sido remodelados para servir de camarines para que los turistas puedan cambiar su vestuario en las expediciones al desierto que les organizan los hoteles de lujo de Iquique. En Isla de Pascua, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle demandó por Infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado al Consejo de Ancianos Nº 2 de la isla por atreverse a cobrar tarifas a los turistas que visitaban sitios sagrados en Rapa Nui (2) y también fue el Gobierno de Frei, a través de su Ministerio de Bienes Nacionales (a cargo, entonces, de Adriana del Piano) quien licitó 123.000 hectáreas de tierras fiscales en Quellón (Chiloé) con 70 familias huilliches dentro, centenarios habitantes de aquellos territorios y los que el “Estado de Derecho” ni siquiera les avisó de la venta de su tierra.

El caso mapuche es emblemático de la soberbia con que el Estado chileno ha actuado frente a los Pueblos Originarios desde los inicios de la República y en el decenio posterior a la Dictadura (esto es, en los tres Gobiernos de la Concertación). El Estado ha seguido incluso negando la existencia de estos Pueblos, entre ellos el Pueblo Mapuche; el Estado ha seguido construyendo caminos (como la Carretera de la Costa y la Ruta de la Madera) para seguir facilitando el saqueo a las tierras mapuches que hacen las forestales. El Estado chileno ha encarcelado a decenas de comuneros mapuches y ha torturado a otros, ha presentado demandas apoyadas en pruebas falsas en contra de dirigentes mapuches y ha declarado “asociaciones ilícitas” a sus organizaciones; nuestro “Estado de Derecho” mantiene en condiciones de hacinamiento a los estudiantes mapuches en los hogares universitarios y les sanciona si estos muestran algún grado de solidaridad con el alzamiento de su Pueblo. El Estado Chileno ha tratado de “delincuentes” a los Hombres de la Tierra; ha presentado testigos falsos en juicios levantados contra dirigentes mapuches, ha dejado impunes a los policías que torturan mujeres mapuches embarazadas, que apalean a las machis, que balean a los niños en las comunidades o bombardean con lacrimógenas las escuelas con los niños mapuches adentro…

El Estado chileno ha ignorado las confesiones de guardias forestales respecto a que sus patrones les ordenan provocar incendios en las plantaciones artificiales de pino para culpar a los mapuches; no se ha pronunciado cuando los Carabineros usan los camiones o los helicópteros de las forestales para reprimir a los mapuches movilizados. Tampoco se ha pronunciado respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia de indemnizar a los 144 mapuches miembros del Consejo de Todas las Tierras sentenciados por un juicio injusto iniciado en el Gobierno de Aylwin.

El “Estado de Derecho” es incapaz de explicar por qué las comunas más pobres del país son aquellas donde habitan una mayoría de mapuches y donde las forestales siguen enriqueciendo a los Matte y a los Angelini. El “Estado de Derecho” no es capaz de explicar por qué la Región de la Araucanía (IX R) es la que registra los peores índices de Condiciones Básicas para el Desarrollo de la Infancia (3) ni tampoco podría explicar por qué sólo el 3% de los mapuches logran acceder a la educación Superior y casi el 60% apenas tiene cursados hasta 6º año básico (4) .

¿Podría explicar el Estado chileno por qué no hay mapuches entre los Ministros de la Corte Suprema de Justicia; por qué no hay generales mapuches en ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, por qué ninguno de sus Ministros es mapuche, ni tampoco hay mapuches entre sus Embajadores?. ¿Podría explicar este “Estado de Derecho” por qué el FOSIS financia proyectos de capacitación de mapuches para que trabajen para Forestal Mininco?…

El Estado chileno de hoy viola los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, apuesta a su extinción por el hambre, disfruta cuando los mapuches cambian sus nombres para evitar la discriminación racial. El Estado que administra la Concertación desde hace once años es racista, condición que no logra ocultar con los efectos especiales de sus Mesas de Diálogo ahora levantadas para torcer la Historia de Abusos cometidos contra los Pueblos Originarios.

Estas son las pruebas, las que aparecen en la Tabla construida a continuación, de por qué el Estado de Derecho es incapaz de responder a las preguntas aquí formuladas y a las justas demandas del Pueblo – Nación Mapuche. Estos son los argumentos que explican por qué las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta los organismos de las Naciones Unidas dedicadas al tema indígena han permanentemente acusado al Estado de Chile de mantener prácticas de discriminación racial.

En esta Tabla radican, en definitiva, algunas de las razones que explican el levantamiento de un pueblo digno que prefiere luchar por sus derechos en vez de disfrazarse de Santa Claus para tener dinero para comer, que pelea por su territorio en vez de andar limosneando subsidios habitacionales o algunas de esas “viviendas dignas” que entrega el Hogar de Cristo y en las que nunca viviría una de las estrellas de la Televisión que promueven la caridad para ocultar sus sueldos fabulosos en la miseria ajena.

Referencias Bibliográficas

1. Diario Oficial de la República de Chile, 16 de Marzo del 2.000, páginas 7 a 10. En la página 8 aparecen las hijuelas de las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán como sitios autorizados para construir la Represa Ralco, una abierta falsificación por la que aún no responde el Gobierno de Lagos, que asumió su cargo sólo 5 días antes de esta publicación.
2. Diario “El Mercurio”, 4 de Febrero de 1998.
3. Estudio UNICEF – MIDEPLAN, 2.001: “Indicador de las Condiciones Básicas (ICB) para el
Según el estudio, de las 9 comunas con peores ICB , 5 comunas corresponden a la IX Región y una a la VIII Región. En el otro extremo, las 6 comunas con mejores ICB son: Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, Lo Barnechea, Las Reina y Providencia, en orden decreciente.

4. Instituto Libertad y Desarrollo, Junio 1998: Pobreza Indígena en Zonas Rurales. Citado en Diario “La Tercera”, 12 de Junio de 1998.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO MAPUCHE Y HOSTIGAMIENTOS DE EMPRESAS FORESTALES (1992 – 2.001)

Por Hector Kol

Artículo de Enero del 2001