El asesinato de otro líder social, Erick Esnoraldo Viera Paz, en el departamento colombiano del Cauca, se convierte en el número 17 en lo que va de año, por lo cual organizaciones sociales han instado al presidente Iván Duque a implementar medidas para acabar con la violencia en el país.
Este crimen generó la movilización de organizaciones defensoras de los derechos humanos, movimientos sociales y la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, que solicitan al Mandatario respetar los Acuerdos de Paz y adoptar inmediatamente las recomendaciones para erradicar la violencia, informó este miércoles TeleSur.
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Sistematicidad en los asesinatos
La Comisión Colombiana de Juristas y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, publicaron el pasado martes 5 de febrero un estudio que revela una sistematicidad en los asesinatos a líderes sociales.
«La naturaleza de estos crímenes es constante, continua, repetitiva y no aleatoria. Es decir, es un ejercicio de violencia ilegal cometida contra un grupo de población concreto, de manera continuada en el tiempo, con unos patrones», refieren.
Por su parte, Fabio López, investigador del mencionado Instituto de Estudios Políticos, aseguró que las víctimas responden a un patrón, pues en su mayoría son personas que participan en programas sociales como “sustitución de cultivos ilícitos, la restitución de tierras y son gestores de paz en muchas zonas”.
La Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política de la Marcha Patriótica emitió un comunicado , mediante el cualdenuncia que Viera Paz fue asesinado en una zona de amplia presencia militar.
«Responsabilizamos al Estado colombiano, en cabeza del señor Ivan Duque, a la Gobernación del Departamento del Cauca, en cabeza de Oscar Rodrígo Campo Hurtado, al mayor general Wilson Neyhid Chawez (…)» entre otros funcionarios , «por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos cometidas por integrantes de grupos irregulares en áreas de operaciones militares y policiales del Estado Colombiano», dice el comunicado.
Exigen que se tomen las medidas necesarias y conducentes para el esclarecimiento de la verdad frente al homicidio cometido en contra de este trabajador rural y defensor de los derechos humanos, además de acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por el homicidio.
Mientras, a la ONU solicitan, en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar.
Este donumento lo firman la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuente» y la Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica.
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