El Gobierno de México y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, firmaron el acuerdo de asesoría y asistencia técnica para la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. La Oficina cooperará para que las exigencias de las víctimas y sus familias se traduzcan en acciones concretas.
Bachelet aseguró que el acuerdo es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial en México, que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones de sus derechos humanos. Según cifras oficiales, más de 40.000 personas siguen desaparecidas en el país norteamericano.
El objetivo del acuerdo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y de otros crímenes perpetrados entre el 26 y el 27 septiembre 2014 en Iguala, dijo Bachelet en el discurso que pronunció al firmarse el acuerdo.
“Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano”, destacó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,
Asimismo, agregó que «la tortura, malos tratos y obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos».
“Los efectos de la desaparición de un ser querido perduran hasta que se conoce su paradero y se hace justicia. Y cuando perduran, prolongan el sufrimiento que se causa a los familiares y personas allegadas y afecta a toda la sociedad y socava la democracia. Nadie debe ser sometido a ese calvario’’, aseveró.
También apuntó que en esta nueva etapa del caso, la oficina de la ONU será una aliada que no dudará en contribuir para que se den los avances y progresos necesarios, reconocer cuando se logren los compromisos con la familia, así como alertar de cualquier incumplimiento.
En el evento estuvo el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.
¿Verdad histórica?
En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expertos de la ONU rechazaron la versión de la Fiscalía y del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, de que los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014 de la escuela de Ayotzinapa fueron “incinerados por un grupo delincuencial”.
Peña Nieto se aferró a la versión de la «verdad histórica» según la cual los 43 normalistas fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura.
No obstante, el caso fue posteriormente estudiado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH, quienes denunciaron graves irregularidades en la investigación (entre ellas tortura) y presentaron un informe forense que evidenciaba que la quema de los jóvenes en el basurero no fue posible.
Entre las interrogantes sin respuesta figuran las llamadas realizadas desde teléfonos celulares de los desaparecidos, que continuaron funcionando después de la medianoche del 26 de septiembre, mientras los normalistas estaban bajo custodia de policías.
Asimismo, falta por aclarar la posible participación de agentes federales en los ataques, el rol que jugó el Ejército, las contradicciones de los soldados del batallón militar de Iguala y el vínculo de la desaparición con el tráfico internacional de drogas.
El informe de la CIDH también señala una probable “destrucción de pruebas” por parte del Estado, al reportar la destrucción de fusiles que habrían sido utilizados por las autoridades al detener la caravana de estudiantes.
https://www.elciudadano.cl/latino-america/mexico-informe-de-la-onu-denuncia-torturas-en-investigacion-del-caso-ayotzinapa/03/15/
https://www.elciudadano.cl/mexico/video-crearan-fiscalia-especial-para-caso-de-desaparecidos-en-ayotzinapa/02/08/