Más de 300 habitantes de San pedro Tlanixco, en el municipio Tenango del Valle, marcharon sobre la autopista Tenango-Ixtapan del estado de México, donde realizaron un bloqueo en ambos carriles para exigir la liberación de seis indígenas nahuas de esa localidad.
Encabezados por familiares de los indígenas presos, los pobladores pidieron al gobernador Alfredo Del Mazo, al fiscal de justicia, Alejandro Gómez Sánchez, y al Poder Judicial, la liberación de las personas, cuyo proceso penal estuvo lleno de irregularidades, según la oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los manifestantes sostienen que un magistrado determinó cancelar la sentencia de 50 años de prisión de tres de los detenidos, además de reiniciar el proceso penal por las irregularidades del primer juicio.
Además, se comprobó que durante el primer juicio en contra de los indígenas no existió ningún elemento de pruebas contundentes que comprobara la responsabilidad en el delito del que se les acusa.
Marisela, esposa de uno de los detenidos, explicó que en el expediente se hacen acusaciones genéricas y en ninguna parte hay una imputación directa en contra de ninguno de los acusados.
Los manifestantes exigieron al gobernador responder al llamado que lanzaron los diputados locales para que los indígenas sean liberados de manera inmediata, y ahora que la sentencia contra ellos ha quedado sin efecto, se dictamine el no ejercicio de la acción penal.
Se espera que este miércoles inicie una audiencia constitucional para reiniciar el proceso penal en su contra, y ahí el Ministerio Público pueda retirar los cargos para que se liberen los primeros tres presos.
Luego se pediría al mandatario estatal que otorgue el indulto a los otros tres acusados, quienes también recibieron una condena de 50 años de prisión.
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) de México, espera esta semana un recurso de apelación a la sentencia dictada contra seis indígenas nahuas, quienes desde hace 15 años se encuentran en prisión “con acusaciones falsas y dolosas”.
Se trata de los defensores de la tierra y el agua Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles.
En un comunicado, el titular del CDHZL, José Antonio Lara Duque, solicitó particularmente a los tres poderes del Estado de México que garanticen la protección de los indígenas, luego de descartarse que hubieran estado en el lugar de los hechos donde una persona perdió la vida.
“El Gobierno del Estado de México, a través de sus tres Poderes (Legislativo, Ejecutivo y sobre todo Judicial) tiene el reto de emitir una revisión a la sentencia con un alto estándar internacional. Es una oportunidad para que haya apego a derecho, ya que con relación a la protección de personas indígenas el Gobierno mexicano tiene una deuda histórica con este sector de la población”, expresó.
El abogado interpuso un recurso de apelación a la sentencia en contra de los defensores de la tierra y el agua, en un intento de “hacer realidad el control de convencionalidad al que está obligado el Estado mexicano para armonizar el derecho interno con los tratados internacionales que protegen derechos de pueblos y personas indígenas”.
Lara Duque recordó que los habitantes de San Pedro Tlanixco, delegación del municipio de Tenango del Valle, han sufrido la represión de las autoridades del Gobierno mexicano, que desde hace 15 años mantiene en prisión a los seis indígenas por defender el agua en esa región del país.
Hizo ver que durante décadas los recursos naturales de esa localidad son utilizados para la industria, situación que ha provocado que los habitantes se organizaran con el fin de asignar el líquido para fines personales y domésticos, como un bien social, cultural, y no fundamentalmente como un bien económico.
Con este razonamiento, detalló que la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido una lucha desde los años ’80, cuando grandes empresas floricultoras llegaron al municipio de Villa Guerrero. En 2002, apuntó, se agudizó la disputa entre ambas comunidades por el uso y disfrute del río Texcaltenco, que nace en San Pedro Tlanixco.
Privatización de un río
El afluente fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a empresarios del municipio floricultor más importante del país y, desde entonces, los nahuas no tienen acceso a su propia agua, aunque cuentan con documentos válidos que los acreditan para poder explotar sus aguas.
Lara Duque recordó que el 1 de abril 2003 los pobladores de San Pedro Tlanixco fueron agredidos por grupos paramilitares, financiados por el presidente de los floricultores ―de origen español―, quienes argumentaban que el agua del río llegaba sucia, provocando daños a sus productos. Al repeler la agresión, resultaron lesionadas varias personas y el empresario resultó muerto.
Después de esos hechos, policías mexicanos, con apoyo de grupos paramilitares, iniciaron una fuerte represión contra los habitantes de la comunidad, los cuales fueron sacados de sus domicilios ―sin orden judicial―, amenazados de ser asesinados y violadas sus mujeres.
Finalmente, se llevaron presos a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, pese a que no participaron en el enfrentamiento.
https://www.elciudadano.cl/mexico/video-en-lista-de-primeros-amnistiados-por-amlo-sobresalen-indigenas-y-maestros/12/26/
https://www.elciudadano.cl/justicia/desde-hace-15-anos-se-mantienen-presos-en-mexico-6-indigenas-nahuas-que-defendian-el-derecho-al-agua/05/28/
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
