Como No debe desarrollarse un proyecto enérgetico sustentable: Parque Eólico Chiloé

La necesidad país de ampliar y diversificar la generación de energía, tendiendo a incrementar las fuentes de generación limpia en cuanto a las emisión de contaminantes y el bajo impacto ambiental, se convierte en una situación riesgosa para los territorios locales al no existir una evaluación y reglamentación adecuada para la instalación de industrias de energías renovables no convencionales en nuestro país.

Chiloé se encuentra actualmente en esta situación de riesgo, ya que esta experimentando un verdadero “boom” de industrias eólicas que buscan instalarse en territorio insular. Existen tres proyectos aprobados ambientalmente, uno en construcción, dos en evaluación ambiental, y varios proyectos que aún no ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), todo esto en apenas cuatro año.

El desarrollo de la industria eólica en territorio insular deja ver la inadecuada elección de su lugar de emplazamiento, localizándose por ejemplo el Parque eólico San Pedro en un área de turberas, que suministran agua dulce a importantes sectores de la isla grande de Chiloé y que constituyen ejemplos únicos a nivel mundial de este tipo de ecosistemas. Otro ejemplo lo constituye el Parque eólico Chiloé, que busca emplazarse en un área de alto valor turístico, patrimonial y de biodiversidad, donde actualmente se desarrollan actividades económicas de gran importancia local. El proyecto Parque Eólico Chiloé se ha presentado en tres ocasiones al SEA, dejando ver reformulaciones continúas para intentar soslayar las observaciones a la evidente inadecuación del proyecto con la sustentabilidad de su entorno social y ambiental.
El Parque Eólico Chiloé representa un caso ejemplar a nivel nacional de la forma en como NO debe desarrollarse este tipo de proyectos, que constituyen una positiva alternativa de generación energética si se localizan en lugares idóneos y con respeto a las comunidades locales.

Cronología del proyecto

El proyecto “Parque Eólico Chiloé”, de la empresa chileno-sueca Ecopower S.A.C, ingresa al SEA como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en octubre del año 2010. Esta declaración presentaba la instalación de 56 aerogeneradores de más de 150 mts de altura dentro de 1.000 hectáreas en la zona de Quilo-Mar Brava, comuna de Ancud, archipiélago de Chiloé. Entre las notables faltas de la DIA se encontraba la declaración del sector como zona no poblada, la omisión de fauna y áreas protegidas, omisión de subestaciones, líneas de tendido de alta tensión y puerto involucrado en el proyecto.
Pese a todo lo anterior, el proyecto fue aprobado en agosto del año 2011 por la Comisión Ministerial Ambiental Región de Los Lagos.
La comunidad local presentó tres recursos ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, siendo todos ellos rechazados. Las demandas de la comunidad se materializan en la presentación de los recursos en la Corte Suprema de Santiago, tribunal que acoge el recurso de la comunidad huilliche de Huentetique, revocando la aprobación del proyecto, e indicando que su evaluación debe someterse a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) contemplando los estándares de derecho del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.
Tras esto el proyecto Parque Eólico Chiloé ha ingresado 2 veces a evaluación ambiental como EIA. La primera vez en mayo del 2013, siendo retirado por la empresa para poder mejorar las múltiples observaciones realizadas por diversos servicios públicos. En noviembre del 2013 ingresa el proyecto remozado, incluyendo ahora sí sus líneas de alta tensión, subestaciones y obras portuarias. Actualmente se encuentra en evaluación en el SEIA de la Región de Los Lagos.

Octubre 2010: Ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Agosto 2011:Aprobación ambiental por la Comisión Ministerial Ambiental Región de Los Lagos.

Marzo 2012: Corte Suprema acoge recurso de protección de comunidades huilliche y revoca el proyecto aprobado.

Mayo 2013: Reingreso del proyecto a evaluación del SEIA como Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Julio 2013: Ecopower retira el proyecto del Servicio de Evaluación Ambiental.

Noviembre 2013: El proyecto vuelve a ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental como EIA.

La vida que se está poniendo en juego

En el área donde se busca emplazar el proyecto viven alrededor de 5.000 personas, quienes desarrollan principalmente actividades agrícolas, ganaderas, de pesca artesanal y turística. Todas ellas dependen de las condiciones ambientales de este sector, y su modificación las deja en una situación de vulnerabilidad no sólo económica, si no también social, ya que la pérdida de fuentes de trabajo es el principal motor de la migración del territorio, a lo que se suma el desplome de los precios de la tierra en la zona, debido a su transformación en área industrial.
Este proyecto considera el empleo de un máximo de 220 personas durante los 2 años que duraría su etapa de construcción, generando entre 6 y 11 puestos de trabajo permanente durante sus 25 años de funcionamiento.

El área de Quilo – Mar Brava concentra importantes valores del patrimonio natural y cultural de Chiloé. Existe evidencia de al menos 16 sitios arqueológicos en el área del proyecto, incluido el Sitio Puente Quilo I (5.500 AP), el más antiguo de Chiloé y sustento de las teorías de poblamiento austral patagónico.

En este mismo sector se encuentra el Monumento Natural Islotes de Puñihuil, que alberga importante fauna nativa protegida, entre ella la única colonia mixta de pingüinos de Humbolt y Magallanes. Además, el sector ha sido relevado como zona libre de caza, área de protección de la importante diversidad de avifauna local y migratoria. En el golfete de Quetalmahue se encuentra la Reserva Marina de Pullinque y los mares del sector de Mar Brava y península de Lacuy son reconocidos internacionalmente por ser el hábitat de ballenas azules y franca austral, monumento nacional reconocido por nuestro país. Estas riquezas naturales, además de su valor en sí mismo, fundamentan múltiples iniciativas de turismo de intereses especiales y turismo rural, que benefician económicamente a toda la comuna de Ancud.

El accionar de una empresa de energía limpia

Si bien este proyecto lleva más de tres años en evaluación, aún no existe claridad entre la comunidad local sobre sus implicancias; hay vecinos que no saben cómo serán afectados y otros que se han ido enterando en el proceso que se pretende instalar un aerogenerador de 150 metros a metros de sus viviendas si recibir aviso por parte de los responsables del proyecto.

La playa de Mar Brava concentra áreas de manejo para la pesca artesanal, de la que dependen más de 150 familias ancuditanas que en este momento encuentran amenazada su fuente de trabajo, ya que las transformaciones del ecosistema (especialmente movimiento de áridos y afectación de los causes que llegan al mar) revocarían las certificaciones de calidad que les permiten comercializar sus productos bentónicos en el mercado nacional e internacional.

La instalación de aerogeneradores se realiza a través de un contrato de arriendo por 25 años a los propietarios de los campos del sector, sin embargo la empresa sólo ha tenido conversaciones y acuerdos con los arrendatarios y no con los vecinos en general, encontrándose viviendas aledañas a las torres, a menos de los 500 metros recomendados para la aislación del molesto ruido que esta industria genera.

Planificación territorial energética

La Agenda Energética presentada por el actual gobierno en mayo de 2014, presenta siete lineamientos estratégicos, el séptimo se titula “Participación ciudadana y ordenamiento territorial”, es precisamente este punto el que cobra mayor relevancia para entender lo que está sucediendo en Chiloé con el desarrollo de energía eólica y en particular con el proyecto Parque Eólico Chiloé, donde las comunidades se encuentran divididas por el proyecto, existiendo dirigentes de comunidades que han optado por negociar compensaciones con la empresa, asesorados por Patricio Peñaloza de la ONG Corporación Canelo de Nos sede Ancud y otras comunidades que han optado por no negociar, por cuanto consideran que el territorio tiene valor y no precio, y el proyecto resta valor espiritual, paisajístico, cultural, arqueológico, ecológico y económico al lugar donde han decidido vivir y desarrollarse a futuro.

Además de la división de las comunidades, el proceso de participación ciudadana contemplado por ley, ha sido desarrollado de forma deficiente por parte del Servicio de evaluación ambiental de Los Lagos, donde hoy, a cuatro años de presentado el proyecto, muchas habitantes del lugar directamente afectados desconocen los impactos de esta industria en su localidad.

La división de comunidades, una deficiente institucionalidad ambiental que garantice información objetiva a los ciudadanos sobre los futuros impactos de un proyecto y un rol vinculante en el tipo de proyectos que podrían instalarse en sus localidades son tareas pendientes para la institucionalidad democrática, ambiental y energética y es de esperar que sean abordadas de buena forma por la Agenda energética actual, sin embargo esto debe ir complementando con planificación territorial, es decir, un proceso técnico-científico que plasme espacialmente cuales son los sectores donde un determinado proyecto puede localizarse y donde no, de manera de maximizar el beneficio económico y social de los proyectos energéticos y disminuir los costos e impactos sociales, culturales y ecológicos.

Es la definición de las vocaciones de uso de un territorio, aspecto en el que se debe legislar a fin de otorgar certeza sobre qué tipo de intervenciones se podrían realizar y en qué lugares, aspecto que la actual agenda energética tiene la oportunidad y el deber de abordar, considerando el “boom eólico” que enfrenta Chiloé desde hace cuatro años y donde el archipiélago podría verse saturado de industrias energéticas, tal como está sucediendo con la industria eólica, sin considerar en ello a las comunidades locales y los impactos territoriales derivados de esta profunda transformación del territorio y de la singular y valiosa cultura que se sustenta en él.

La energía renovable debe ser ambientalmente sustentable y socialmente justa

Existen varios indicadores que reflejan la justicia social y ambiental implicada en los proyectos de inversión y desarrollo. Desde hace un par de décadas las emisiones de CO2 son vistas como un claro signo de contaminación ambiental y daño a la salud de las personas.

El avance hacia una mayor conciencia ambiental nos ha llevado a evaluar y evidenciar que la huella de carbono no se refiere solamente a la contaminación in situ que genera una empresa, si no a la cadena de afectaciones ambientales implicadas en el proceso productivo, tendiendo a generar una mayor huella de carbono el desplazamiento geográfico entre los procesos productivos y el consumo de los bienes generados. Es así que proyectos energéticos que son aparentemente “limpios”, como PECH o Hidroaysén, generan un enorme impacto al dañar irreparablemente ecosistemas y la forma de vida de comunidades locales, además de los cientos que kilómetros de tendido eléctrico de alta tensión que se deben construir para distribuir la energía generada en lugares apartados al Sistema Interconectado Central.

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