La mujer del sargento segundo de Carabineros Miguel Riveros Maldonado, ex integrante de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de Aysén que en 2015 fue acusado injustamente de conducir ebrio tras denunciar ilícitos en la unidad, reclamó por la desaparición de $17 millones correspondientes al desahucio del uniformado.
Marisol Puentes, cónyuge del policía, dirigió una misiva al jefe de Zona de la Región de Aysén, general Máximo Lira Oetiker (en la fotografía), recordando que diversos organismos especializados de Carabinerosdesvirtuaron la imputación realizada contra su esposo, quien fue separado de las filas y reintegrado a comienzos de este año a la institución.
La acusación contra Riveros fue descrita en 2016 por El Ciudadano como un posible «montaje» y represalia por involucrar a altos oficiales en irregularidades financieras, y por el respaldo entregado al ex sargento José Martínez, quien reveló presiones para ocultar la identidad del oficial que disparó y reventó un ojo al pescador Teófilo Haro en las protestas de 2012 ocurridas en Puerto Aysén.
Según Puentes, los falsos cargos levantados contra su marido provocaron «daño irreparable familiar, tanto en lo emocional y psicológico», dado que éste fue «torturado psicológicamente» por el prefecto de la época, Sergio Alarcón Torreblanca, al punto de arrastrar secuelas que podrían ser evaluadas en la actualidad como estrés post-traumático.
Puentes indicó que oficiales de la región no se han «preocupado de llamar a mi esposo o a mí como su cónyuge, madre de un menor de edad, y aplicar una red de contención y apoyo, ¿o será que mi marido por el solo hecho de haber realizado una denuncia en la Fiscalía Militar de Coyhaique es un peligro para ellos y lo sienten de manera distante?»
Lo anterior en alusión a las causas por supuestos delitos de falsificación de documentos militares -tablas de servicio de las FFEE, por las cuales pasó brevemente detenido el teniente Nicolás Calderón Calderón-, prevaricación y detención ilegal, esta última contra la periodista, jefa de inteligencia de Aysén y ex subalterna del director Bruno Villalobos, Soledad Escobar.
Puentes apuntó sus dardos al comandante Jorge Duhart Thiele, uno de los fiscales del sumario que intentó perjudicar al sargento Riveros, al cual describió como «un jugador empedernido del casino de Coyhaique, donde da muy mal ejemplo estando bajo los efectos del alcohol y en donde existen fotografías de su mal ejemplo a sus pares».
ENREDOS EN FINANZAS
Más adelante, la señora de Miguel Riveros pidió investigar los «errores» administrativos que llevaron a la familia a estar seis meses sin cobertura de salud por la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), pese al reintegro del uniformado. «¿Qué pasó con la sanción para los responsables?», inquirió Puentes, mencionando gastos por más de dos millones de pesos en tratamientos por diabetes del grupo familiar.
Lo medular es que Puentes solicitó aclarar anomalías en el depósito del deshaucio de Riveros, monto que fue absorbido por un banco de Coyhaique, distinto al que estaba considerado para el trámite.
«¿Quién fue el que depositó de forma errónea el dinero perdido del deshaucio de mi marido que equivale a la suma de $17.344.030, el cual fue depositado en otra cuenta? El responsable es el jefe de la unidad contable y finanzas de la Prefectura Aysén, mayor Hans Picón, el que se encuentra impune», sostuvo.
Puentes agregó que «yo como esposa de Miguel Ángel Riveros Maldonado estoy dispuesta a declarar con el fiscal de Magallanes Sr. Eugenio Campos y entregarle todos los antecedentes, ya que a la fecha no hemos tenido respuesta del robo de dineros de su pensión».
Cabe señalar que Picón, marido de la jefa de inteligencia Escobar, ya fue mencionado en la arista de gastos reservados por el millonario fraude en Carabineros.
En ella se investiga su rol como enlace de la Subsecretaría de Carabineros, que a la fecha de las supuestas malversaciones de los recursos, era encabezada por la ex ministra Javiera Blanco, hoy integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE).