El proceso de levantamiento de información comprometido antes de discutir la posibilidad de que el Estado financie una operación para enfrentar el mal de Parkinson terminó este mes. Las organizaciones que apoyan la iniciativa esperan conocer pronto la determinación que adoptará al respecto la titular de Salud, Carmen Castillo, en las próximas semanas.
Según fuentes consultadas por El Ciudadano, existiendo ya un informe técnico sobre la materia que propone iniciar un programa piloto en tres hospitales públicos, donde se ofrecería practicar gratuitamente la intervención quirúrgica en pos de disminuir las huellas de la enfermedad en pacientes avanzados, el pronunciamiento final de la ministra sería clave.
Esto, cumpliendo el acuerdo firmado en septiembre del año pasado por los diputados Vlado Mirosevic, Cristina Girardi, Alejandra Sepúlveda, Marcelo Hernando, Miguel Ángel Alvarado, Jorge Sabag, Denise Pascal y Felipe Letelier, que exigía a la presidenta Michelle Bachelet la incorporación de la neurocirugía en el AUGE, aludiendo a distintas dificultades para quienes padecen la dolencia, expresadas «no sólo en el ámbito de la salud, sino que también en sus relaciones sociales, personales e incluso en sus repercusiones psicológicas».
“Si bien esta medida contribuye, todavía queda mucho por hacer… pues es una deuda del Estado con los pacientes de Parkinson”, declaró el texto legislativo, citando el trabajo del neurólogo Pedro Chaná de la Fundación CETRAM y los esfuerzos dirigidos desde San Vicente de Tagua Tagua por Ricardo Carrasco, vecino de la comuna y persona que vive con el malestar, quien se ha visto apoyado por el municipio en la creación de redes de apoyo y charlas para sensibilizar a la población.
A fines de noviembre de 2016, la diputada Sepúlveda sostuvo una reunión con la ministra Castillo en la que se acordó formar una mesa de trabajo para cuantificar los casos que requieren financiamiento, considerando el costo por persona de casi $30 millones de pesos en clínicas privadas.
En conversación con este medio, el doctor Chaná depositó su confianza en que las conclusiones del comité de expertos, que tildó la financiación del programa como necesaria, sirvan de suficiente insumo para que el Ejecutivo autorice una marcha blanca a partir de abril, lo que implicaría la «realización de la actividad a pequeña escala, para ver cuáles son las dificultades y echarlo a andar».
Consejeros de la Región de O’Higgins valoraron la importancia de que se haya dado espacio a la discusión desde regiones, principalmente a través de la localidad de San Vicente. «Esta es una enfermedad que está muy en silencio. Es mucha gente que está enferma de Parkinson, pero como Estado no hemos adoptado una política que permita sobreponer con la alerta y la emergencia que esto requiere», opinó el CORE Bernardo Cornejo, presidente de la Comisión de Salud.
La autoridad reconoció que muchas veces,»las regiones no tenemos la capacidad de hacer la base social, pero la relación que tenemos con el Minsal nos permite visualizar la problemática que tenemos en nuestro territorio». En esta línea, agregó que «es fundamental poder tener el catastro real de cuántas personas están padeciendo la enfermedad», puesto que las cifras oficiales han sido cuestionadas.
Por su parte, la también CORE de O’Higgins, Cristina Marchant, se mostró esperanzada en que la decisión se tome en el corto plazo, tomando en cuenta que «la gente a veces no tolera los tiempos de espera… parten con una enfermedad física y después terminan con una enfermedad psicológica producto de todo el estrés que significa pensar qué va a pasar con su calidad de vida más adelante».
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