A través de un un estudio realizado por el Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Dictuc), consultora de la UC, se recomendó reparar el puente Cau Cau, construido por la empresa Azvi, y no desarmarlo, como propone el ministerio de Obras Públicas.
El informe, financiado por Azvi, se basó en cinco peritajes: el análisis de la documentación disponible, la trazabilidad de los materiales, el modelo estructural, el análisis del montaje en las riberas contrarias (donde se detectaron planos erróneos) y la prueba de carga, realizada en agosto pasado, con 10 camiones que sumaron 195 toneladas de peso, según publica El Mercurio.
El estudio concluyó que el puente no debe ser desmontado, sino que la solución pasa por repararlo. Al respecto el gerente general de Azvi Chile, Alejandro Orozco, sostiene la estructura está bien construida y «demuestra la trazabilidad de los materiales, que fue uno de los argumentos del MOP para demoler el puente».
Orozco agregó que la eventual reparación del viaducto implica el reemplazo del sistema oleohidráulico (que mueve los brazos del puente), lo que tomaría ocho meses y costaría 2 mil millones de pesos, «un 10% de los $20 mil millones que costaría reemplazar el puente, lo que, además, tomaría 18 meses».
La respuesta del MOP no se hizo esperar. A través de un comunicado expresó que es su deber y dado que la empresa está «implicada en graves errores que llevaron a que el puente licitado, adjudicado y contratado en el año 2011, aún no pueda ser puesto en operación», descarta el informe publicado.
Por ello, la dirección de Vialidad mantuvo su decisión de desmontar y retirar los tableros del puente (brazos), como lo recomendó la consultora estadounidense VMB (Hardesty&Hanover), ya que «las pruebas de carga realizadas por Dictuc se llevaron a cabo no evaluando el impacto del tránsito en la estructura a lo largo del tiempo».
En el caso que el puente sea desmontado,cuyo costo llegaría a los 20 mil millones de pesos, podría concretarse el próximo año, y podría ser entregado en 2019, cinco años después de su plazo original.