El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio un plazo perentorio a la Municipalidad de Curaco de Vélez para que entregue copia de todos los expedientes sumariales que hubieren sido instruidos al interior de la entidad para aclarar supuestas irregularidades cometidas por funcionarios públicos.
La corporación acogió un amparo por denegación de acceso a la información que interpuso El Ciudadano contra el alcalde Luis Curumilla Sotomayor (DC), jefe máximo de la comuna del extremo oriente de Quinchao, Provincia de Chiloé, en la Región de Los Lagos.
De acuerdo con la resolución adoptada por el Consejo Directivo, el edil infringió el artículo 14 de la Ley de Transparencia, que obliga a la autoridad del organismo requerido a pronunciarse sobre una solicitud en un plazo máximo de veinte días hábiles, ya sea accediendo o rechazando la misma.
El CPLT observó que la petición para obtener los documentos «no fue respondida dentro del plazo legal indicado, ni tampoco se acreditó haber notificado oportunamente la prórroga de dicho plazo», y que aun presentado el reclamo la alcaldía no contestó al traslado conferido para emitir sus descargos.
«En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Alcalde de Curaco de Vélez… la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado», versa la Decisión de Amparo C2836-17, que dio un nuevo plazo de 10 días hábiles para que el municipio cumpla el acuerdo.
La solicitud de origen pidió conocer el resultado de las investigaciones que surgieron a partir del Informe de Investigación Especial Nº 47/2012 de la Contraloría General de la República, dado a conocer en el año 2013.
La auditoría reveló que el municipio adjudicó licitaciones y contrató a proveedores infringiendo normas, sin designar evaluadores de ofertas en a lo menos dos casos vinculados a la construcción de veredas en el radio urbano y a la reposición de una sede vecinal.
En lo demás, la Contraloría observó que el alcalde, el administrador municipal y funcionarios directivos no habían transparentado su declaración de patrimonio e intereses en conformidad con la ley, obligándoles a registrar la misma en un documento público.
Gastos de representación cuyo uso no fue acreditado, y la contratación de personal sin el título profesional necesario para ocupar el cargo, fueron otros motivos que llevaron al ente fiscalizador, en esa época, a disponer la apertura de sumarios administrativos.
Sin embargo, los cuestionamientos a la administración local persisten hasta el día de hoy.
De acuerdo a lo publicado por La Opinión de Chiloé en octubre, el concejal RN Camilo Maldonado solicitó indagar presuntas irregularidades en el título que ostenta en su currículum el actual Director de Control Municipal de Curaco de Vélez, Alfonso Hernández, persona que estaría encargada de dirigir la oficina de Transparencia.
«Hay que recordar que Curaco de Vélez es una de las comunas con peores índices de cumplimiento en transparencia activa en Chiloé, y una de las peores de todo Chile respecto al tratamiento que le dan a las solicitudes de información pública que recibe», indicó ese medio.
En marzo, La Opinión de Chiloé también descubrió millonarios tratos directos por fotocopias municipales con eventual sobreprecio.
Matías Rojas
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