Por tercera vez, luego de que lo hicieran en agosto y noviembre de 2015, trabajadores de la mina Santa Ana de Curanilahue, de propiedad de la empresa carbonífera SW Curanilahue S.A., se internaron en el yacimiento como forma de protesta.
En horas de la tarde de este lunes, un grupo de 29 mineros bajó a 630 metros de profundidad en el pique, acción realizada en protesta por el incumplimiento del protocolo de acuerdo que alcanzaron con el Gobierno, luego de su primera protesta realizada entre el 11 y el 25 de agosto de 2015.
En aquella oportunidad, 73 mineros bajaron y se mantuvieron durante dos semanas en las profundidades de la mina debido al no pago de pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales por parte de los propietarios del yacimiento.
Previo a concretar la acción de protesta, los representantes de los mineros se reunieron con el Arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, el alcalde de Curanilahue, Luis Gengnagel, el dirigente sindical Pascual Sagredo, el diputado Iván Norambuena (UDI) y el senador Alejandro Navarro (MAS).
Fracaso de la Reconversión Social
Finalizada la reunión, el senador Navarro realizó un diagnóstico de la situación que aqueja a la cuenca del carbón. «El retraso de los pagos es una mera burocracia, pero no es el problema de fondo, lo que hay aquí es la incapacidad de generar una institucionalidad que permita el desarrollo regulado de la actividad carbonífera en la cuenca del carbón que agrupa más de tres mil personas, con empleos directos e indirectos y con centenares de pirquineros», plantea el parlamentario.
La Mina Santa Ana, asegura, «sólo refleja un problema mayor en la zona, que es el fracaso de la reconversión productiva del carbón tras el cierre de ENACAR y el surgimiento de decenas de pirquenes irregulares, o minas como Santa Ana, que siendo oficiales, entregadas en concesión por el Estado, han fracasado rotundamente».
El senador por la región del Biobío señaló, además, que los dineros invertidos en reconversión social se han convertido en un zapato roto para el Estado. «Si no hay continuidad productiva en Santa Ana, el Estado deberá desembolsar en los próximos tres años, 3 millones y medio de dólares sin haber generado ninguna solución al problema, sino más bien subsidio de mantención que más bien lo agravan».
Internación en mina 2105
«Los mineros quieren dignidad, quieren trabajar, no quieren subsidios, no quieren que les paguen por estar parados y eso requiere a mi parecer una alianza estratégica público-privada en torno a la pequeña minería del carbón que el Estado chileno debe abordar», sostiene Navarro. El parlamentario sostiene que los fondos que tiene el PAMA (Programa de Apoyo a la Minería de Arauco) para este año ascienden a casi tres millones de dólares, sin embargo, asegura, «nada bueno va a resultar de ese programa, nada productivo, sólo la mantención de una política de subsidio que resulta dañina para los mineros, porque más que una estabilización provoca una agonía». «Creo que al enfermo hay que ponerlo de pie y no seguir manteniéndolo conectado a sondas y mangueras», señala.
90 por ciento de los mineros volvieron al carbón a pirquenes ilegales
Alejandro Navarro se refirió, además, a las proyecciones que podría tener un nuevo sistema de reconversión a escala humana. «El carbón de la provincia de Arauco debe servir para calefaccionar Arauco, generando un programa con tecnología alemana, que permita instalar hornos de última generación en escuelas hospitales y servicios públicos, abriendo un poder de compra de Enacar o de Enami». Para el senador la forma institucional es lo de menos. Lo importante, dice, es que «permita a los mineros entregar su carbón, recibir remuneración y no subsidios que no van a ninguna parte».
Para el parlamentario, los instrumentos que utiliza Corfo «no sirven», por lo que se debe innovar con un modelo público-privado, donde pequeños empresarios puedan integrarse a un nuevo sistema. «La reconversión del carbón es una política fallida del Estado chileno, fracasada, 60 mil millones puestos a disposición de más de 15 mil mineros que, en definitiva, no tuvieron ningún destino. El 90 por ciento de ellos ha vuelto a la actividad minera en pirquenes ilegales o vive de subsidios del Estado», asegura. Y agrega: «Tenemos una experiencia fracasada de la mal llamada reconversión del carbón que partió en la década de los noventa con el cierre de ENACAR y de Schwagger».
Cuando se trata de asignar responsabilidades por ello, los dardos del parlamentario apuntan a Eduardo Bitrán, actual vicepresidente de CORFO y Gerente General de la estatal cuando Patricio Aylwin lo mandató para concretar una serie de propuestas y soluciones para la reconversión de la zona en 1997. «Yo afirmo que fue un fracaso y Eduardo Bitrán, que fue el responsable, hoy en día encabeza CORFO», dice Navarro. «Hoy tiene una segunda oportunidad para enfrentar el problema de la reconversión fallida del carbón. Los instrumentos que utiliza actualmente CORFO para enfrentar la cuenca del carbón, no sirven para traer inversión extranjera, ni para capitalizar pequeños y medianos empresarios», agrega.
Plan del gobierno «Zona de Rezago»: Otro fracaso más
Por último, el senador se refirió a los duros momentos por los que pasan los habitantes de la Región del Biobio, con índices de pobreza y desempleo preocupantes. «Pronto se generará una explosión social. Es cosa de tiempo en la provincia de Arauco, porque hay un cóctel social peligroso: Los pescadores artesanales y la reineta en Lebu, de rodillas; los trabajadores forestales de rodillas; el pueblo mapuche luchando por sus tierras y la pequeña minería del carbón sobreviviendo, luchando hoy desde el fondo de la mina», describió.
El gobierno elaboró un programa denominado «Zona de Rezago», cuyo objetivo es generar iniciativas de inversión que contribuyan a mejorar los preocupantes indicadores de pobreza, empleo, desarrollo productivo, conectividad y acceso a servicios básicos que comprende a las comunas de Cobquecura, Quirihue, Ninhue, San Nicolás, Ránquil, Quillón, Coelemu, Portezuelo y Trehuaco.
Sin embargo, Navarro sostiene al respecto que esta iniciativa «es un programa rezagado y fracasado». Interpelando a Jaime Tohá (PS), el Coordinador nacional del Programa Gestión Territorial Zonas de Rezago, señala: «Estos programas piensan en nuevas fórmulas de más subsidios y eso ya se ha demostrado que es un fracaso». La única manera de enfrentar este escenario gris, asegura, «es anticiparse».
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