Luego que la Contraloría General de la República verificara la existencia de irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos a una empresa formada por el alcalde de Hualañé, Claudio Pucher, en la Municipalidad de Teno, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) concretó, inicios de este mes, la presentación de una querella criminal contra el ex director de Obras Municipales Sergio Espinoza y contra todas las personas que resulten responsables en cuanto avance la indagatoria.
La presentación, que fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Curicó, atribuye al ex funcionario municipal de Teno la comisión del presunto delito de negociación incompatible, descrito en el artículo 240 del Código Penal, que sanciona «al empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo».
El ilícito es castigado «con las penas reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal para el cargo u oficio y multa de diez al cincuenta por ciento del valor del interés que hubiere tomado en el negocio».
Según el procurador fiscal del CDE de Talca, José Villalobos García-Huidobro, Espinoza intervino para favorecer en licitaciones que bordean los 170 millones de pesos a la sociedad «Claudio Pucher y Compañía Limitada», más conocida como Dolmen. La lista incluye pagos por trabajos en escuelas públicas y la construcción de un paradero en Comalle.
«Paralelamente al ejercicio del cargo como Director de Obras, el querellado… mantenía una relación profesional y comercial de larga data con la sociedad DOLMEN LTDA., participando activamente en la misma, toda vez que como profesional competente gestionaba diversos proyectos de arquitectura en otras comunas de la Provincia de Curicó», relata el libelo.
Se agrega que a pesar «del evidente conflicto de intereses que lo afectaba, el querellado jamás se abstuvo de participar en las comisiones evaluadoras y en las comisiones de recepción de obras de los proyectos adjudicados a la sociedad DOLMEN LTDA., y tampoco informó de la inhabilidad que interesaba a sus superiores, contraviniendo con ello el principio de probidad administrativa».
En este contexto se indica que Espinoza contaba con «información privilegiada con información privilegiada, puesto que conocía con antelación a la realización de los procesos licitatorios, información técnica primordial para la evaluación y correcta valoración de las obras cotizadas, ya que en su calidad de Director de Obras Municipales visaba, con su rúbrica y timbre, antecedentes relevantes, tales como especificaciones técnicas, planos y presupuestos de las obras».
En el Informe de Investigación Especial N° 833 de la Contraloría Regional del Maule se estableció además que el acusado «concurría de manera particular a las obras en ejecución a cargo de la empresa DOLMEN LTDA., en conjunto con inspectores técnicos, y en razón de su posición jerárquica intervenía en la ejecución y gestión de las obras, ejerciendo presiones indebidas e instrucciones en el desarrollo de las faenas, sobrepasando las determinaciones dadas por los inspectores técnicos de obras responsables de ellas».
El CDE pidió entregar una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, para que incaute documentos de la Municipalidad y tomes declaración a los inspectores que alegaron presiones de Sergio Espinoza. También a los funcionarios que participaron en las comisiones evaluadoras y de recepción cuando resultó adjudicada Dolmen.
En el listado de 10 personas a interrogar figura la profesional que reemplazó a Espinoza en la Dirección de Obras, Claudia Gutiérrez, y otros dos funcionarios directivos: la encargada de Secplac, Nancy Padilla, y el mandamás del Departamento de Educación Municipal (DAEM), Claudio Vergara, todos en calidad de testigos.
En el caso de Espinoza, la querella pide que sea citado a la Fiscalía como imputado para explicar los hallazgos de la investigación de Contraloría.
Matías Rojas – [email protected]
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